Perú

Tránsfugas, procesados o presos: la larga lista de aspirantes electorales en Perú

Los 24 grupos políticos inscritos tienen hasta el miércoles para registrar afiliados de cara a las presidenciales de abril

Portadas de los diarios peruanos del 18 de septiembre que dan cuenta del intento de destitución parlamentaria del presidente Martín Vizcarra.
Portadas de los diarios peruanos del 18 de septiembre que dan cuenta del intento de destitución parlamentaria del presidente Martín Vizcarra.Paolo Aguilar / EFE

En los últimos días, los peruanos asisten a una especie de juego de las sillas, en el que los políticos que fueron miembros de un partido se afilian como militantes en otro distinto: ya sea por rencillas no resueltas, porque la marca se desprestigió o porque no lograron reunir las 705.00 firmas necesarias inscribir un nuevo grupo político. Mientras tanto, estos personajes, algunos sin experiencia en política, se muestran dudosos ante las cámaras sobre sus candidaturas de cara a las elecciones generales de abril, pues antes tendrán que pasar por primarias, un requisito de la nueva ley electoral.

Este miércoles, vence el plazo para que los potenciales candidatos a presidente o congresista se registren en las agrupaciones por las que competirán. No será una carrera fácil para ellos. Un 62% de los electores no simpatiza con ningún partido, según una encuesta realizada la segunda semana de septiembre por Ipsos Perú. Además, quienes no han decidido su voto o no votarán suman un 32%. El listado de aspirantes a la presidencia es colorido.

Lidera los sondeos hacia la presidencia, con 23%, George Forsyth, exarquero de la selección peruana de fútbol y alcalde del distrito La Victoria en Lima. Tiene 38 años, una marca de ropa, fue modelo y es asiduo en la prensa rosa por sus amoríos con mujeres de la farándula. En 2018, durante la campaña por las elecciones municipales, el político usó Forzay como apellido para facilitar la recordación y se casó con una conocida actriz de televisión, de quien se separó ocho meses después. Hace un par de semanas, se registró como militante en Restauración Nacional —organización con la que no tenía vínculo—, fundada por un líder evangélico y excandidato presidencial, y que cambiará el nombre a Victoria Nacional.

En segundo lugar de los sondeos, con 9% de intención de voto, figura el congresista Daniel Urresti, quien tiene una sentencia en primera instancia por difamación y un juicio oral en curso por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988. Urresti era jefe de inteligencia en una base militar durante el conflicto armado interno. El grupo político al que pertenece desde el año pasado lo dirige un empresario investigado por lavado de activos y delitos contra el Estado.

La Organización Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entidad responsable de la logística y la supervisión de los comicios de abril, ha programado las elecciones primarias de los partidos para fines de noviembre y la primera semana de diciembre, informa el jefe de la institución, Piero Corvetto. “Hasta la fecha hay 24 partidos inscritos y se han registrado 1.550.000 afiliados. De acuerdo a sus estatutos, ellos eligen directamente a sus candidatos o, indirectamente, a sus delegados: el domingo 29 de noviembre será la elección en las que participarán los afiliados, y, el domingo 6 de diciembre, los delegados electos por los afiliados elegirán a sus candidatos”, explica Corvetto.

Sin embargo, el jefe de la ONPE indicó que aún no se sabe cuántos grupos políticos participarán porque el plazo para inscripciones aún no ha vencido. Como parte de los movimientos de última hora de los aspirantes a la presidencia o al Congreso, se han inscrito en el Partido Aprista el empresario minero Roque Benavides —simpatizante del fujimorismo desde la década de los noventa— y la hija del primer matrimonio de Alan García, el expresidente que se suicidó en abril del año pasado para evitar ser detenido por las investigaciones fiscales del caso Odebrecht.

Además, Hernando de Soto, quien en 2016 fue parte del equipo de campaña de la candidata presidencial Keiko Fujimori, y exasesor y representante de Alberto Fujimori en su primer gobierno, se ha inscrito por la agrupación Avanza País, que en comicios pasados tuvo como candidatos a hermanos del expresidente Ollanta Humala.

La expostulante a la presidencia por la izquierda en 2016, Verónika Mendoza, no logró inscribir al partido Nuevo Perú, y se ha afiliado el viernes a Juntos por el Perú para presentarse por segunda vez en las elecciones.

Improvisación e inestabilidad

“La mayoría de candidatos que buscan posicionarse para la elecciones que vienen está empleando vínculos cortoplacistas, que se basan en temas específicos —como la seguridad ciudadana, o contra la migración, o a favor de la pena de muerte— o en el carisma, que puede ser propio o promovido por los medios de comunicación”, explica el politólogo peruano José Incio.

“La mayoría son candidaturas improvisadas que apelan a un poco de suerte y de exposición en los medios, esto se debe a que nuestro sistema de representación es tan precario que genera poca predictibilidad en el electorado. El elector no tiene una idea de qué partido defiende qué”, añade el investigador.

Incio considera que la cantidad de partidos que tienen inscripción electoral no tiene lógica. Pero ve con optimismo algunas organizaciones “más predecibles, como Frente Amplio y Nuevo Perú y la derecha no tan dogmática del Partido Morado".

Para el analista, una consecuencia del sistema fue que por primera vez en la historia del país un candidato ganador de una elección no logró una opción que le permitiera gobernar, como ocurrió a Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció en marzo de 2018 antes de ser destituido por un Congreso de mayoría fujimorista. Su reemplazante, el presidente Martín Vizcarra, “no tiene ni siquiera la primera minoría en el Congreso: eso genera la inestabilidad que estamos viendo”, describe Incio.

Tres personas del círculo de confianza del presidente peruano han dejado de trabajar en Palacio de Gobierno en los últimos días, debido al escándalo de los audios grabados por su asistente personal en el que se refieren a las contrataciones en el Estado, por casi 150.000 dólares, de un amigo del mandatario. La difusión de esos audios inició un fallido proceso de destitución parlamentaria de Vizcarra.

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