Los demócratas buscan réditos electorales en un proceso de relevo en el Supremo que no pueden frenar

Con una mayoría republicana prácticamente garantizada, los senadores demócratas difícilmente podrán evitar que la conservadora Amy Coney Barrett se convierta en juez del Tribunal Supremo en sustitución de la fallecida Ruth Bader Ginsburg. La incógnita es cuán doloroso están dispuestos a hacer el proceso y cómo pueden tratar de obtener del mismo un beneficio de cara a las elecciones de noviembre. La estrategia pasa por elevar el tono político del proceso de confirmación y subrayar las consecuencias del relevo en las vidas de los ciudadanos. La agenda del Supremo, que debe decidir sobre la protección sanitaria de millones de ciudadanos, les brinda la oportunidad de mantener el foco en la pandemia.

La indecorosa naturalidad con la que Mitch McConnell, líder de la mayoría republicana en el Senado, se ha olvidado de los argumentos con los que en 2016 bloqueó la confirmación de un juez del Supremo propuesto por Barack Obama (no procedía, defendió entonces, hacerlo en año electoral), les da a los demócratas carta blanca para retorcer el reglamento y las costumbres de la Cámara. El filibusterismo en las audiencias de confirmación de jueces del Supremo fue eliminado a iniciativa del propio McConnell en 2017, pero los demócratas disponen de un arsenal de técnicas para entorpecer el proceso. Podrían, por ejemplo, invocar una norma que permite levantar la sesión para el resto del día cuando la Cámara lleva dos horas reunida, o introducir repetidamente mociones que requerirían el voto. McConnelll ya ha avisado a los suyos de que se preparen para sufrir estas tácticas, que serían especialmente dañinas para senadores republicanos metidos en batallas por la reelección ajustadas, pues les dificultaría hacer campaña en sus Estados.

Pero más allá de enredarse en trampas procedimentales, que difícilmente lograrían el objetivo de impedir la confirmación de Barrett y podrían tener un coste electoral, sí parece haber un consenso entre los demócratas acerca de la conveniencia de convertir el proceso en un debate político que les permita mantener la iniciativa en la campaña electoral. La sustitución de Ginsburg, icono de las causas progresistas, por la muy conservadora Barrett supone el mayor giro ideológico en el Supremo desde que Clarence Thomas, nominado por Bush padre, sustituyó al progresista Thurgood Marshall en 1991. Y ese giro ideológico es lo que los demócratas quieren destacar en el debate.

En particular, la idea es colocar el foco en las consecuencias para los ciudadanos de una mayoría conservadora de seis jueces a tres en el Supremo. Bajar el debate jurídico al mundo real. La campaña de Biden sigue confiando en que lo mejor que puede hacer es plantear las elecciones como un referéndum sobre Trump y su gestión de la pandemia. Y la agenda del Supremo les brinda una oportunidad para llevar la pandemia al debate en el Senado. Justo una semana después de las elecciones, los magistrados abordarán la legislación conocida como Obamacare, con la que el último presidente demócrata extendió la cobertura de la sanidad pública, y que la Administración de Trump y una coalición de Estados republicanos han impugnado. En medio de una pandemia, la amenaza de la pérdida de protección sanitaria de decenas de millones de estadounidenses ofrece a los demócratas un poderoso argumento.

Destacados demócratas ya han querido subrayar que el partido se opone al nombramiento de Barrett desde un punto de vista político, no personal. El relevo en el Supremo, dijo en televisión Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, “representa una amenaza real a los estadounidenses y sus vidas”. “Esto no es solo un juego de política, de demócratas y republicanos. Esta nominada y un tribunal conservador arrebatarán derechos a los estadounidenses”, añadió. “Este proceso de nominación amenaza con la destrucción de protecciones de vida o muerte para 135 millones de estadounidenses”, insistió en un comunicado Nancy Pelosi, líder de la mayoría en la Cámara de Representantes. “Incluso ahora, en medio de una pandemia global, la Administración de Trump pide al Tribunal Supremo que anule la ley entera, incluidas las protecciones para gente con enfermedades previas”, dijo el candidato demócrata, Joe Biden.

La estrategia, en el mejor de los casos para los demócratas, podría elevar la presión sobre algunos senadores republicanos que se enfrentan a la reelección en noviembre, hasta el punto de hacer peligrar la mayoría simple necesaria para la confirmación de Barrett. Bastaría con que dos legisladores díscolos se sumen a las dos que ya han anunciado que votarán en contra. Pero, aunque eso no suceda, los demócratas confían en que convertir el proceso de confirmación en un debate sobre la pérdida de derechos puede traducirse en un castigo a los republicanos por parte el electorado moderado en noviembre. El hecho, además, de que la candidata demócrata a vicepresidenta, la senadora Kamala Harris, se siente en el Comité Judicial de la Cámara alta, donde podrá desplegar su famoso estilo interrogativo de exfiscal, proporciona a la campaña de Biden una valiosa visibilidad durante el proceso

La nominación de Barrett ha ofrecido a Trump un respiro en una carrera que, según los sondeos, va perdiendo. Le permite desviar el foco de su gestión de una pandemia que se ha cobrado ya más de 200.000 vidas en el país, y centrarse en las guerras culturales donde se siente cómodo. La elección de una juez, además, puede devolverle el aprecio de las mujeres conservadoras alienadas por cuatro años de estridencias del presidente. Católica, madre de siete hijos, los republicanos esperan que muchos votantes conecten con el perfil de Barrett, de la que el presidente Trump destaco que es “la primera madre de niños en edad escolar que llega al Tribunal Supremo”. Por eso mismo, a pesar de la evidente distancia ideológica, los demócratas comprenden que el ataque personal a la candidata sería un error de cálculo dentro de su estrategia de buscar el voto moderado.

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