Brasil

Volkswagen firma un acuerdo millonario por haber colaborado con la dictadura en Brasil

La empresa reconoce haber cooperado con las fuerzas de represión brasileñas y destina 6,4 millones de dólares a indemnizar a antiguos trabajadores y financiar iniciativas de memoria histórica

Lúcio Bellentani, que fue detenido durante la dictadura cuando trabajaba en Volkswagen, en una entrevista en 2017.
Lúcio Bellentani, que fue detenido durante la dictadura cuando trabajaba en Volkswagen, en una entrevista en 2017.LUCAS LACAZ RUIZ / FOLHAPRESS

La filial de Volkswagen en Brasil firmó el miércoles un acuerdo extrajudicial que sienta un precedente histórico con relación a la reparación de violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura brasileña (1964-1985). La automotriz alemana, cuya complicidad con la represión durante los “años de plomo” ya se había señalado en el informe de la Comisión Nacional de la Verdad de 2014, se comprometió a destinar 6,4 millones de dólares tanto para indemnizar a antiguos empleados que fueron detenidos, perseguidos o torturados como para financiar iniciativas que promuevan los derechos humanos. A cambio, se cerrarán tres investigaciones civiles que acusan a la empresa de aliarse con los militares y se vetará cualquier nueva demanda.

Es la primera vez que una empresa —una persona jurídica, no física— admite su complicidad con crímenes cometidos durante la dictadura, lo cual sienta un precedente legal para que se investigue a otras empresas implicadas en la represión. En 2014, el informe final de la Comisión Nacional de la Verdad —que investigó las violaciones de los derechos humanos ocurridas entre los años 1946 y 1988— enumeraba 53 empresas, tanto extranjeras como nacionales y de diverso tamaño, que contribuyeron de alguna manera a que se llevara a cabo el golpe de Estado de 1964. Entre ellas están Johnson & Johnson, Esso, Pirelli, Texaco, Pfizer y Souza Cruz.

Técnicamente, la automotriz alemana firmó un Término de Ajuste de Conducta, que se negoció con representantes de la Fiscalía federal y estatal y del Ministerio de Trabajo y que aún tiene que ratificar la Fiscalía General de la República. “El ajuste de conducta que se ha establecido en esta fecha es inédito en la historia de Brasil”, dijeron los fiscales en un comunicado de prensa, destacando que, en el mundo, no abundan las empresas que aceptan analizar su colaboración con regímenes autoritarios.

Según el acuerdo, Volkswagen también debe publicar una declaración pública sobre su complicidad con los órganos de represión en los periódicos de gran circulación. Todo ello supone un revés para el Gobierno de Jair Bolsonaro, que niega que se cometieran violaciones durante ese período y continuamente intenta desmantelar las estructuras oficiales vinculadas a la memoria y la reparación.

El acuerdo de Volkswagen es paradigmático, porque a la Justicia brasileña todavía le cuesta castigar a los represores y compensar a las víctimas. Brasil sigue ignorando ala Corte Interamericana de Derechos Humanos, que hace una década decidió que la Ley de Amnistía —que impide que se investiguen y castiguen las violaciones graves de los derechos humanos— debe invalidarse. El lunes, la 5ª Sala de la a Corte Superior de Justicia volvió a evocar la ley y decidió detener la tramitación de la acción penal contra cinco militares por la muerte del exdiputado Rubens Paiva en 1971. De momento, el crimen contra el congresista, cuyo cuerpo todavía no ha sido localizado, continuará sin juicio.

De la Comisión de la Verdad a la reparación

Desde que se divulgó el informe final de la Comisión Nacional, en 2014, se intentaba elucidar el papel que había tenido Volkswagen durante la dictadura militar. La empresa encargó un dictamen sobre el asunto, elaborado por el historiador Christopher Kopper, profesor de la Universidad de Bielefeld (Alemania). El documento, divulgado por la propia empresa en 2017, reconocía que agentes de seguridad de la fábrica brasileña colaboraron con la policía política del Gobierno militar desde 1969 hasta 1979.

Varios exempleados afirman que, durante la dictadura militar, la empresa proporcionó a la policía información sobre la plantilla y permitió que se realizaran detenciones sin orden judicial y se torturara dentro de la propia fábrica. Lúcio Bellentani fue una de las víctimas de esta cooperación que se mantuvo en secreto durante décadas. En una entrevista concedida a EL PAÍS en 2017, el fabricante de herramientas, que trabajó en la automotriz entre 1964 y 1972, dijo que fue detenido sin ninguna orden judicial mientras trabajaba: “Ahí mismo comenzó la tortura. Me empezaron a golpear dentro de la empresa, dentro del departamento de personal de Volkswagen. Los policías del DOPS [Departamento de Orden Político y Social] y delante del jefe de seguridad y otros guardias de seguridad de la fábrica”, dijo. Afiliado al Partido Comunista brasileño, Bellentani fue arrestado porque la policía quería que les indicara quiénes de sus compañeros realizaban actividades sindicales o políticas. Como él, otros empleados pasaron por situaciones similares, todos con el conocimiento y el respaldo de la automotriz.

Durante el curso de la investigación se determinó que el personal de seguridad de Volkswagen cooperaba con los militares y que la empresa se beneficiaba económicamente de las medidas del periodo, como la reducción de las prestaciones laborales. Que Volkswagen haya reconocido su responsabilidad y su connivencia con las violaciones de los derechos humanos es un primer paso hacia el derecho a la reparación histórica que tienen las víctimas.

De la cantidad total fijada en el acuerdo firmado el miércoles, tres millones de dólares se donarán a la Asociación Henrich Plagge, que reúne a los trabajadores de Volkswagen, y se repartirán entre los exempleados perseguidos por sus ideas políticas. Otros dos millones de dólares se destinarán a reforzar las políticas de Justicia Transicional, con proyectos para preservar la memoria de las víctimas de violaciones de los derechos humanos durante esa época. Volkswagen también pagará 1,6 millones de dólares al Fondo Federal y Estatal para la Defensa y Reparación de Derechos Difusos.

En el comunicado de prensa que han difundido, los fiscales exigen que la Justicia prosiga con los juicios a los represores y lamentan que Brasil siga siendo “un caso notable de resistencia a la amplia promoción de esta agenda” de reparaciones. “No es casualidad que reverberen manifestaciones de decepción con sus instituciones democráticas”.

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