Países Bajos se dispone a llevar a Siria ante la justicia internacional por “graves violaciones de los derechos humanos”

El Gobierno de los Países Bajos considera a Siria responsable de “graves violaciones de los derechos humanos” cometidas por el régimen de Bachar el Asad, y está dispuesto a acudir a la justicia internacional para que sean castigadas. Así lo ha anunciado este viernes el Ministerio de Asuntos Exteriores en una nota firmada por su titular, el liberal de derecha Stef Blok, que llama a negociar la forma de poner fin a la violencia. De no alcanzarse un acuerdo entre las partes, el caso sería elevado “a un tribunal internacional”, refleja en el texto. Aunque Blok no especifica cuál sería, sí toma como base legal la Convención contra la Tortura, adoptada por la ONU en 1984, de modo que no se descarta que el litigio pueda acabar en el propio Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ). Hasta la fecha, los intentos de llevar a El Asad ante la Corte Penal Internacional (CPI), encargada en su caso de juzgar el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad, han sido fallidos porque han chocado con el veto de Rusia y China en el Consejo de Seguridad de la ONU.

“El régimen de El Asad ha cometido de forma repetida crímenes horrorosos, en particular la tortura, y las pruebas son abrumadoras. Tiene que haber consecuencias”, dice el escrito del ministro Blok, publicado en la página oficial de web del Gobierno neerlandés. Damasco ha sido informado de la decisión por vía diplomática, y la misiva invita a El Asad a una negociación, "que es el primer paso resolver una disputa”. De no lograrlo, el ministro propone acudir entonces a un arbitraje, y la Corte Permanente de Arbitraje, con sede en La Haya, como el TIJ, puede poner la infraestructura. Ambas partes deberían acordar entonces la composición del tribunal y su procedimiento. Si eso también fallara, “Países Bajos elevará el caso a un tribunal internacional (…) solo habrá una solución política duradera para Siria si se acaba la impunidad (…) las víctimas deben obtener justicia y vamos en busca de la misma señalando a los causantes de estos crímenes”, escribe Blok. Luego incluye las cifras del coste humano de la violencia perpetrada en Siria, que suman 200.000 civiles muertos en la última década; otros 100.000 desaparecidos: más de seis millones desplazados dentro de su propia tierra y 5,5 millones huidos a países vecinos, Europa y otros destinos. “El régimen de El Asad no ha dudado en ser duro con su población usando torturas y armas químicas, y bombardeando hospitales”, se añade.

El artículo 30 de la Convención contra la Tortura, ratificada por ambos Estados, detalla la ruta legal descrita por el departamento neerlandés de Exteriores en el asunto sirio, “y existe un precedente de uso similar de este tratado en el Tribunal de Justicia de la ONU: el caso de Bélgica contra Senegal, en 2012”, dice Asier Garrido Muñoz, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de La Haya para las Ciencias Aplicadas. “Se refería al hecho de que Senegal no hubiera juzgado a Hissène Habré [antiguo presidente de Chad que recibió asilo político por parte del Gobierno senegalés] por actos cometidos durante su presidencia, entre ellos tortura. O de no haberlo extraditado a Bélgica (donde estaba acusado y había una ley de jurisdicción universal). Al no hacerlo, Senegal había violado la Convención contra la tortura, con diferencias obvias entre ambos casos al tratarse de situaciones muy distintas”, añade, en conversación telefónica. Los jueces de la ONU ordenaron a Senegal que juzgara a Habré, y este acabó siendo procesado allí en 2016 y condenado a cadena perpetua por crímenes de guerra.

El caso de Siria y la Corte Penal Internacional es distinto. Siria no ha ratificado el Estatuto de Roma, texto fundacional de la corte, y esta carece por tanto de jurisdicción para juzgar los crímenes que se hayan podido cometer allí. El propio Estatuto indica que el Consejo de Seguridad de la ONU podría referir el caso, pero Rusia y China votaron en 2014 en contra de una propuesta de resolución, que pedía investigar los crímenes de guerra perpetrados en suelo sirio.