El proceso que llevó a la detención de Álvaro Uribe

El expresidente colombiano es señalado de manipular testigos a su favor en un proceso que lo vincula a grupos paramilitares

Álvaro Uribe Vélez, en el Congreso de Colombia.
Álvaro Uribe Vélez, en el Congreso de Colombia. Getty

Tuvieron que pasar varios años para que alguno de los más de 10 procesos contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe superara la etapa preliminar. Este martes, la Corte Suprema de Justicia ordenó su detención por un caso que empezó a escribirse en 2012, cuando el senador del Polo Democrático Iván Cepeda presentó ante la fiscalía y el Congreso lo que sería el inicio de un expediente que hoy, por primera vez en la historia de ese país, tiene a un exmandatario bajo detención.

Cepeda, un político de izquierda y defensor de los derechos humanos, reveló fotografías y testimonios que evidenciaban que en la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia de Uribe, nació un grupo paramilitar en la década de los noventa, cuando Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia. Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, y Juan Guillermo Monsalve eran los testigos clave con los que contaba Cepeda. Sus relatos vinculaban al entonces gobernador con el paramilitarismo, una fuerza armada ilegal y sangrienta que nació para combatir a las FARC y que en el camino por cumplir ese propósito masacró civiles, despojó a los campesinos de sus tierras y obligó a cientos de familias a huir del campo.

En 2014, Cepeda llevó nuevamente al Congreso la posible relación del expresidente con grupos armados. Insistía en que se determinara la veracidad de los testimonios y la responsabilidad penal -si se llegaba a comprobar- de los hermanos Uribe. Pero las visitas que hizo a las cárceles para escuchar a los testigos que respaldaban la denuncia le sirvieron a Uribe para intentar darle un giro a la historia. Usó esos encuentros para decir que Cepeda había presionado a los paramilitares desmovilizados, que cumplían condenas en prisión, para montar una acusación en su contra.

En 2018, la Corte aseguró que no había motivos para abrir una investigación a Cepeda y, por el contrario, consideró que sí existían pruebas contra Uribe que ameritaban llamarlo a indagatoria. Para el alto tribunal había evidencias de que el expresidente intentó, a través de otros, convencer a testigos para que se retractaran de las afirmaciones que lo involucraban con grupos paramilitares.

Los magistrados escucharon varias llamadas interceptadas al expresidente en las que hablaba con Juan Guillermo Villegas, que, según la Corte, manipuló testigos para involucrar a Iván Cepeda en la conformación de un supuesto cartel de falsos testimonios contra Uribe. El abogado Diego Cadena, en representación del expresidente, visitó las cárceles en donde estaban los hombres que servían en la denuncia de Cepeda. Los exparamilitares Carlos Enrique Vélez y Juan Guillermo Monsalve declararon que Cadena les había hecho ofrecimientos a cambio de que se retractaran y acusaran al senador Cepeda de maquinar un montaje contra Uribe.

Una de las visitas que más peso tuvo en la investigación fue la que Cadena hizo a Monsalve, que había dicho que el expresidente y su hermano Santiago fundaron el bloque paramilitar de Antioquia. Monsalve, autorizado por la Corte, grabó la conversación en la que el abogado le pedía cambiar su versión y ponerse en contra de Cepeda a cambio de gestionar una revisión de su condena o su ingreso a la jurisdicción especial para la paz, que le representaría un beneficio en su proceso.

Uribe dijo desconocer que Cadena hubiera ofrecido prebendas e intentó defenderse, pero en uno de los documentos que sus abogados entregaron a la Corte notaron una inconsistencia que terminaría jugando en su contra. La declaración a su favor de José Marmolejo, un exparamilitar, había sido escrita con el puño y letra del mismo Cadena, que aseguró que lo había hecho porque el exparamilitar no sabía escribir. Sin embargo, Marmolejo aseguró, en un interrogatorio ante la fiscalía, que había terminado el bachillerato y que sabía leer y escribir. Cadena fue imputado por la fiscalía por soborno y fraude procesal.

La decisión de este martes resuelve, de momento, una parte de la situación jurídica de Uribe al ordenar su detención. La Corte continuará con la investigación en su contra y más adelante tendrá que definir si lo llama a juicio. Mientras tanto, el expresidente deberá permanecer detenido.

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