El nuevo puente de Génova vuelve a unir la ciudad dos años después del derrumbe que dejó 43 muertos

Sumida en una crisis sin precedentes a causa de la pandemia de coronavirus, y aún bajo las secuelas del derrumbe del puente de Génova en 2018, en el que fallecieron 43 personas, Italia necesita señales de recuperación. Este lunes ha inaugurado el nuevo viaducto, llamado Génova San Giorgio. Devolver a la ciudad su principal arteria de comunicación es importante por su valor simbólico además de práctico, y se ha percibido como la metáfora de un país herido que vuelve a renacer. “Es el emblema de la Italia que se pone de nuevo en pie”, ha resumido el primer ministro, Giuseppe Conte.

Es también, como han señalado diversas autoridades, un modelo para futuras construcciones en un país con las infraestructuras notablemente envejecidas y un recordatorio para revisar las ya existentes, muchas en estado de abandono.

La ceremonia de inauguración apenas ha contado con la presencia de dos familiares de las 43 víctimas, que aún claman justicia. El resto ha preferido no acudir y reunirse en privado con el presidente de la República, Sergio Mattarella. “Todo este despliegue de medios se podía haber hecho antes de que nuestros seres queridos perdieran la vida”, protestaban. En un primer momento las autoridades plantearon una inauguración festiva, que los afectados calificaron como “un carnaval”. Finalmente y tras la intervención del jefe del Estado, se optó por una ceremonia sobria en la que se leyeron los nombres de todos los fallecidos, sonó el himno nacional e intervinieron brevemente varias autoridades nacionales y regionales.

En algo menos de dos años, con 1.200 operarios trabajando día y noche y con un único día de descanso, el de Navidad, Italia ha demolido lo que quedaba del anterior puente y ha levantado el nuevo, firmado por el arquitecto genovés Renzo Piano, que lo ha definido como “hijo de la tragedia”. Se considera todo un récord, teniendo en cuenta los tiempos habituales de este tipo de trabajos.

Génova quedó partida en dos aquel fatídico 14 de agosto de 2018 cuando se derrumbó el puente Morandi, una de sus vías principales y fundamental para conectar los dos lados de la ciudad y el puerto con las autovías del norte y el sur del país. En el derrumbe 43 personas fallecieron y unas 600 que vivían en los aledaños del viaducto se quedaron sin sus viviendas. Los días siguientes al siniestro pudieron entrar unos minutos por turnos acompañados por los bomberos para llevarse lo que pudieran y ya no volvieron a pisar sus casas. Algunas han sido directamente derribadas durante las obras de la nueva pasarela y otras lo serán próximamente.

Para que la ciudad pueda pasar página y superar la catástrofe, aún es necesario que la justicia aclare quiénes son los responsables del hundimiento.

Hará falta esperar, ya que la fase preliminar de las investigaciones se ha alargado más de lo esperado y el proceso aún no ha comenzado. Aunque se prevé intrincado. Hay 71 investigados por posibles delitos de homicidio involuntario o atentado contra la seguridad de los transportes, entre otras cosas. Muchos son altos cargos de la concesionaria de autopistas Atlantia, la compañía de la familia Benetton y de su filial Autostrade per l’Italia, que era la encargada de explotar el puente y de su mantenimiento.

Los fiscales del caso trabajan con la sospecha de que algunos investigados han ocultado información o incluso falsificado documentación útil, con el fin de entorpecer el proceso.

La complejidad es tal que la cuestión ha arrojado material para una investigación paralela por una probable falsificación de informes sobre el estado de conservación de otros viaductos similares a lo largo del país. Varios testigos declararon que en ocasiones los informes técnicos se modificaban, para edulcorarlos se entiende, después de las reuniones con los supervisores.

A esto se suma una eterna pugna entre la concesionaria y el Gobierno que comenzó después del derrumbe del puente. A mediados de julio, el Ejecutivo de Giuseppe Conte llegó a un acuerdo con Autostrade para que el Estado controle la concesionaria. Los Benetton dejarán de tener representantes en la nueva directiva y deberán reducir sus inversiones drásticamente en unos meses, además de pagar una multa de 3.400 millones por el derrumbe del puente.

La otra opción, la preferida del Movimiento 5 Estrellas, era la revocación de las concesiones a Autostrade, que controla la mitad de las autopistas del país y gestiona una red de más de 3.000 kilómetros de carretera. Esto sería muy costoso para las arcas públicas, ya que los contratos tienen validez hasta 2038.

Los familiares de las víctimas lamentan que el nuevo puente esté gestionado de nuevo por la empresa aunque esté en nuevas manos. “No tenemos intención de levantar polémica, pero esperamos que todo se maneje de manera diferente. Los que gestionaban el puente en el momento de la tragedia ya no deberían tener la confianza de los italianos”, ha dicho la presidenta del comité de víctimas, Egle Possetti.