Los veteranos de las guerras coloniales ganan una batalla simbólica en el Parlamento portugués

Los veteranos de las guerras coloniales que libró Portugal entre 1961 y 1975 en África han ganado este jueves en el Parlamento una batalla simbólica tras una espera de casi medio siglo. La Asamblea de la República ha aprobado un estatuto que fija reconocimientos simbólicos y retribuciones adicionales en las pensiones para los excombatientes, que hasta hoy se sentían despreciados por el Estado pese a haberse dejado la piel por el país en un conflicto para el que fueron reclutados, en su inmensa mayoría, a la fuerza. La falta de consenso político sobre el relato del pasado imperial portugués hizo que el estatuto tardara 45 años en concretarse.

“Me llevaron con la tropa a Guinea-Bissau con 16 años”, cuenta este jueves José Maria Monteiro, un abogado de 69 años, mientras espera frente al Parlamento a que se termine la votación. “Estuve cuatro años allí. Las cosas que nosotros vivimos nadie se las puede imaginar. Pasábamos días enteros con los cuerpos de nuestros compañeros tirados al lado, no había cómo evacuarlos”, recuerda junto a un grupo de excombatientes que va enumerando una a una sus propias desgracias.

Las guerras coloniales portuguesas, que se libraron durante más de una década en Angola, Mozambique y Guinea-Bissau, y en las que chocaron además los intereses de los dos bloques enfrentados en la Guerra Fría (la participación cubana fue determinante en la victoria angoleña), movilizaron entre 850.000 y un millón de soldados de Portugal a lo largo del conflicto. De estos, más de 8.000 murieron y alrededor de 100.000 resultaron heridos. Las cicatrices en la sociedad portuguesa son enormes.

El reconocimiento a los combatientes había quedado enjaulado en una disputa entre la derecha y la izquierda sobre cuál debía ser el relato acerca de los veteranos de guerra y su papel. El presidente socialista Mário Soares, por ejemplo, se opuso en su momento a la construcción del Monumento a los Combatientes de Ultramar en Lisboa por considerar que era una forma de ensalzar las guerras de Portugal en África. La obra se llevó finalmente a cabo y el presidente fue abucheado durante la inauguración en 1994. El consenso político tardó casi medio siglo en llegar.

“Los que fueron tenidos como los perpetradores de la violencia, de la guerra colonial, son los héroes que hicieron la revolución [de 1975 que depuso la dictadura salazarista] y, por otro lado, víctimas también de dicha guerra”, explica la doctora Elsa Peralta, especialista en memoria colonial e investigadora principal del Centro de Estudios Comparados de la Universidad de Lisboa. “Por lo tanto, ha sido difícil que haya consenso sobre estas posiciones ambivalentes desde un punto de vista partidario e ideológico. Durante mucho tiempo los combatientes fueron ‘traducidos’ simbólicamente como los héroes de una guerra abstracta. El Estado Novo [que creó Salazar] se negó a llamarla guerra y la consideraba una respuesta a acciones terroristas”, apunta la experta. “La transición democrática fue profundamente anticolonialista, en la medida en que concedió la independencia a las antiguas colonias, pero mantuvo la vieja lectura de que la nación portuguesa era grande debido a su pasado imperial”, añade.

En el estatuto que ha aprobado el Parlamento destacan las medidas simbólicas: la consagración del 9 de abril como el Día del Combatiente (fecha de la Batalla de La Lys, de la Gran Guerra, una de las peores derrotas en la historia de Portugal); la creación de un carnet en el que constará que el portador es “titular del reconocimiento de la nación”; y el derecho a recibir honores fúnebres con la bandera portuguesa.

“No nos podemos olvidar de que estos hombres fueron arrancados de sus hogares en la flor de la vida para combatir en la guerra”, recalca en una conversación telefónica la secretaria de Estado de Recursos Humanos y Excombatientes, Catarina Sarmento e Castro. “Hace décadas que ellos esperaban una señal de reconocimiento por el cumplimiento de sus deberes, la dedicación a su país, su abnegación, su valentía, pero sobre todo por el sufrimiento y las marcas profundas con las que quedaron”, agrega.

El nuevo estatuto incluye un aumento en la bonificación que reciben los veteranos del ejército colonial beneficiarios de la pensión social, que hasta ahora se calculaba sobre el 3,5% por cada año de servicio y que ahora pasará a ser del 7%. Dicha pensión es de 211,79 euros y se paga 14 veces al año, con lo cual alguien que haya combatido dos años en las colonias —la situación más común— recibirá ahora unos 415 euros adicionales cada año. Además los combatientes podrán usar gratuitamente el transporte público, quedarán exentos del pago de tasas por cada consulta médica en la sanidad pública, las viudas podrán heredar la pensión y habrá un plan de apoyo a los veteranos sin techo (que tendrán preferencia en los programas de vivienda social), entre otras medidas. Varias de estas disposiciones ya existían, pero no estaban reunidas de forma orgánica y faltaba el componente simbólico.

“La parte simbólica está bien, podemos decir que en ese sentido estamos satisfechos”, afirma Monteiro, que también es miembro del Movimiento Pro Dignidad. “Pero la parte económica es una humillación”, añade entre la aprobación de los compañeros mientras aguardan la aprobación del estatuto cerca de un pendón en el que se lee “Combatientes de ultramar humillados y abandonados” colgado entre dos postes frente al edificio del Parlamento. La Liga de los Combatientes, la mayor organización de exmilitares del país, se muestra en cambio de acuerdo con los términos del nuevo estatuto. “No es lo que proponíamos inicialmente, sobre todo en lo que tiene que ver con la parte financiera, pero el reconocimiento simbólico por fin ha salido de la Asamblea de la República, que es la que expresa la voluntad del pueblo portugués”, explicaba este miércoles por teléfono el teniente general Joaquim Chito Rodrigues, de 85 años, presidente de la Liga.