Colombia reitera su negativa al diálogo con la guerrilla del ELN y apuesta por la desmovilización individual

El Gobierno de Duque ha creado la ruta para que los jefes de las disidencias y los grupos residuales diferentes a esta guerrilla se sometan a la justicia

Iván Duque, presidente de Colombia, durante una comparecencia.
Iván Duque, presidente de Colombia, durante una comparecencia.Europa Press

El Gobierno de Iván Duque volvió a decirle no a la propuesta del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la última guerrilla activa en Colombia tras el acuerdo de paz con las extintas FARC, de hacer un cese al fuego bilateral para reiniciar los frustrados diálogos. El presidente colombiano respondió de manera tajante: “El ELN es un grupo terrorista que ha flagelado con barbarie al país por décadas. Colombia les exige que liberen los secuestrados y pongan fin a sus actos criminales”. El mandatario lanzó su estrategia de sometimiento a la justicia para integrantes de otros grupos armados ilegales diferentes al ELN.

“De pactarse ese cese bilateral, se crearía un clima de distensión humanitaria, favorable para reiniciar los diálogos de paz”, se lee en una carta del ELN. Sin embargo, aunque la guerrilla menciona el llamamiento al alto al fuego hecho por el Consejo General de Naciones Unidas y hasta del papa Francisco, el ELN no se compromete a liberar los secuestrados, una de las principales posturas de Iván Duque.

“El ELN debe hacer propuestas más concretas para el pueblo colombiano (...) aunque para muchos parezca una señal novedosa, no lo es. Si tiene una propuesta seria y sostenible de paz, debe hacer anuncios más serios”, secundó el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.

El Gobierno de Duque apuesta a la desmovilización individual. Este miércoles, lanzó oficialmente su estrategia de sometimiento a la justicia exclusiva para los jefes de los llamados Grupos Armados Residuales (GAO), entre ellos el Clan del Golfo, Los Pelusos, Los Carrapos y las disidencias de las FARC. A partir de esta ruta, el Gobierno de Duque ofrece incentivos de carácter jurídico y económico a los integrantes de esas bandas para dejar las armas, dijo el Alto Comisionado. Sin embargo, los miembros del ELN tendrán que seguir el camino de desmovilización individual que existe para este grupo desde el año 2003.

La respuesta del Gobierno no resulta sorpresiva si se tiene en cuenta que el pasado 2 de julio fueron detenidos ocho presuntos guerrilleros del ELN que participaron en el atentado con carro bomba contra la Escuela de Cadetes General Santander que dejó 22 muertos y 89 heridos. Y el presidente reiteró que ese era un mensaje a la guerrilla. Ese atentado, que ocurrió a poco tiempo de la posesión de Duque, significó el quiebre de las posibilidades de continuar con la negociación que el expresidente Juan Manuel Santos había dejado andando con ese grupo guerrillero.

Los máximos líderes del ELN se encuentran en La Habana y la Administración actual ha exigido al Gobierno cubano que capture y extradite a los que llegaron allí en calidad de negociadores y por eso mismo están protegidos por los protocolos de ruptura de los diálogos. El hecho ha causado roces en las relaciones internacionales. Estados Unidos usó la negativa de Cuba de extraditar a los guerrilleros para incluir a la isla en la lista de países que “no cooperaron plenamente” con los esfuerzos contra el terrorismo de la Administración de Donald Trump y pone a un paso de ubicarla en la lista negra de patrocinadores del terrorismo. Colombia se abstuvo en la votación para levantar el bloqueo económico a la isla como crítica a lo que ha llamado “actos hostiles”.

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En abril pasado, el ELN declaró un alto al fuego unilateral como “gesto humanitario” en medio de la pandemia. Pero al mismo tiempo, desde el fin del desarme de la guerrilla de las FARC, el ELN se ha fortalecido en zonas a las que no llegó el Estado colombiano. La presencia de la guerrilla junto a otros grupos armados que se disputan el territorio, las rutas del narcotráfico y la minería ilegal, tienen contra la pared a la población civil.

Según el último informe del Comité Internacional de la Cruz Roja, en 2019 hubo un aumento de víctimas de artefactos explosivos y minas antipersona, se mantuvo el desplazamiento forzado y se incrementó la práctica del confinamiento de poblaciones. Por esa razón, desde la sociedad civil y las comunidades campesinas piden al Gobierno de Duque que no descarte dialogar con el ELN. En unas declaraciones que encendieron la polémica, el arzobispo de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, dijo que el Gobierno actual estaría adelantando una venganza genocida en contra de las apuestas por la paz negociada. “En cuanto al balance al proceso de paz con el ELN, en lo personal experimento una gran frustración y una enorme incertidumbre en relación con el inmediato futuro de estos procesos, y aún al mediano y largo plazo, porque los procesos que están, que subyacen a esta pandemia, puedan echar por tierra, completamente”, dijo el arzobispo aunque la cúpula de la Iglesia se desmarcó de sus palabras.

Sobre la firma

Catalina Oquendo

Corresponsal de EL PAÍS en Colombia. Periodista y librohólica hasta los tuétanos. Comunicadora de la Universidad Pontificia Bolivariana y Magister en Relaciones Internacionales de Flacso. Ha recibido el Premio Gabo 2018, con el trabajo colectivo Venezuela a la fuga, y otros reconocimientos. Coautora del Periodismo para cambiar el Chip de la guerra.

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