Derechos humanos

Turquía condena a cuatro defensores de derechos humanos a entre dos y seis años de cárcel

Tras tres años de proceso, un tribunal turco acepta la tesis de la Fiscalía y concluye que los activistas, incluidos dos directivos de Amnistía Internacional, están relacionados con organizaciones terroristas

Una pancarta en París exige la liberación del presidente honorario de Amnistía Internacional en Turquía, Taner Kiliç, el pasado septiembre.
Una pancarta en París exige la liberación del presidente honorario de Amnistía Internacional en Turquía, Taner Kiliç, el pasado septiembre.FRANCOIS GUILLOT

Un tribunal turco condenó este viernes en primera instancia a cuatro defensores de los derechos humanos, entre ellos dos directivos de Amnistía Internacional (AI), a penas de entre dos y seis años de cárcel, aceptando así las tesis de la Fiscalía y de los círculos gubernamentales de que estos activistas están relacionados con organizaciones terroristas y conspiraban para derrocar al Gobierno del islamista Recep Tayyip Erdogan. Acusaciones que los observadores internacionales tachan de ridículas e insostenibles y fruto de un sistema judicial cada vez más controlado por el Ejecutivo.

La sentencia es un punto y seguido en el kafkiano proceso conocido como Los Diez de Estambul. No es definitiva, ya que será apelada a instancias superiores, como anunció, en nombre de varias organizaciones, el representante de AI en Turquía, Andrew Gardner: “No aceptamos la condena de ninguno de nuestros compañeros. No cejaremos hasta que todos sean liberados”.

El 5 de julio de 2017, la policía irrumpió en un simposio de activistas de derechos humanos en la isla Büyükada de Estambul atendiendo al chivatazo de uno de los traductores que participaba y que alegó que quienes allí se habían reunido tramaban una conspiración contra el Ejecutivo islamista. Los agentes se llevaron detenidos a diez participantes, incluida la directora de Amnistía Internacional, Idil Eser, que pasó cuatro meses en prisión y a la que ahora se condena a dos años y un mes de cárcel. La misma pena han recibido Özlem Dalkiran -activista de la ONG Yurttas Dernegi- y Günal Kursun -miembro de varias asociaciones pro derechos humanos y académico que ha colaborado con el Tribunal Penal Internacional-. A los tres se les acusa de cooperar con diferentes organizaciones terroristas. Los restantes detenidos en dicha reunión han sido absueltos.

A este proceso, se le subsumió la causa contra Taner Kiliç, presidente honorario de Amnistía Internacional en Turquía, detenido un mes antes en una redada contra abogados en Esmirna. Kiliç ha experimentado en carne propia las arbitrariedades del sistema judicial turco, como cuando fue liberado por un tribunal para ser nuevamente encarcelado por otro unas horas después y excarcelado medio año después tras haber pasado 14 meses entre rejas. Ahora ha sido condenado a seis años y tres meses de cárcel por ser “miembro de organización terrorista”. La acusación le vincula a la cofradía de Fethullah Gülen, a la que se achaca la dirección del intento de golpe de Estado de 2016. El presidente honorario de Amnistía tuvo trato con miembros de dicha organización y envió a su hija a una escuela gülenista, pero lo mismo hicieron durante años muchísimos ciudadanos turcos -incluidos miembros del actual Ejecutivo- en un momento en que la cofradía era legal y los gülenistas, firmes aliados del Gobierno de Erdogan.

“Es otra mancha más en la historia judicial de Turquía”, denunció Gardner en el comunicado conjunto tras conocerse la sentencia. “Las acusaciones son absurdas. No hay pruebas”, criticó, y acusó al tribunal de haber actuado bajo la influencia de las “campañas de difamación” orquestadas por la prensa progubernamental, que a lo largo de los últimos años han presentado a los defensores de los derechos humanos como espías al servicio de potencias extranjeras.

De hecho, los abogados de los condenados han llamado la atención sobre la falta de evidencias que sostengan las acusaciones y su falta de solidez. Una de las pruebas que se ha utilizado para condenar a Kiliç es que se descargó la aplicación de mensajería encriptada ByLock -utilizada por los gülenistas-, algo que el acusado no solo niega tajantemente, sino que lo ha demostrado con dos informes periciales independientes. Otro ejemplo es que la Fiscalía incide en que los acusados eran miembros de varias organizaciones terroristas, como la susodicha cofradía gülenista, el grupo armado kurdo PKK y el de extrema izquierda DHKP-C, siguiendo el mantra gubernamental de que todos ellos conspiran conjuntamente para atacar a Turquía, cuando la realidad es que los integrantes de estos tres grupos se odian.

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