Hong Kong escruta el incierto futuro detrás del puño de hierro de Pekín

En el círculo de amistades de Sean Wong (nombre ficticio), un especialista en marketing de 29 años y participante entusiasta en las manifestaciones del año pasado en Hong Kong contra Pekín, varios han comenzado a investigar posibilidades de emigración. “No es que quieran marcharse, sino contar con un plan B”, asegura Wong. A lo largo de este verano se promulgará la temida ley de Seguridad Nacional que Pekín va a imponer al territorio, y que personalidades como el último gobernador colonial británico, Chris Patten, califican de “orwelliana”. El Gobierno autónomo asegura que aportará estabilidad; sus críticos temen que ponga fin, en la práctica, al régimen de libertades del que disfruta el territorio; y los manifestantes, que se abra una caza de brujas contra quienes formaron parte de las protestas.

Desde el anuncio de la medida, en Hong Kong crecen las consultas sobre inversiones en el extranjero y cómo obtener visados rápidos para el exterior. Se examinan palabra por palabra las promesas del Gobierno británico de acoger hasta tres millones de hongkoneses, casi la mitad de la población total actual del enclave, donde viven 7,4 millones de personas. Muchos manifestantes han borrado sus cuentas en redes sociales y adquirido VPN, las aplicaciones informáticas que permiten ocultar dónde se encuentra su usuario.

Según el texto que aprobó la Asamblea Nacional Popular (ANP, el Legislativo chino) a finales de mayo, la medida penalizará el “independentismo”, el “terrorismo”, la “subversión” y la “injerencia extranjera”. También abre la puerta a que la Policía secreta china pueda operar en Hong Kong, algo que hasta estos momentos tiene vetado oficialmente. Ahora corresponde a los dirigentes de la ANP en Pekín redactar los detalles, lo realmente importante de la medida: qué actos entrarán dentro de alguna de las cuatro categorías y qué castigos les corresponderán; si tendrá carácter retroactivo, y qué papel se reservará a los tribunales locales. Si, como temen sus detractores y algunos Gobiernos extranjeros, limitará drásticamente la libertad de expresión y otras garantizadas por el principio “Un País, Dos Sistemas” hasta 2047; o si resulta tan moderada como prometen las autoridades.

Aunque la Ley Básica, la miniconstitución china, prevé que sea el Gobierno autónomo el que desarrolle su propia legislación sobre seguridad nacional, un primer intento en 2003 quedó archivado ante la masiva movilización popular en contra. La perspectiva de una reanudación de las protestas multitudinarias del año pasado contra Pekín -y la percepción de que el resto del mundo no prestaría demasiada atención, ocupado en la lucha contra el coronavirus- hicieron que China tomara cartas en el asunto para imponer su propia ley. “Los hongkoneses no estamos pudiendo contribuir prácticamente nada” en la redacción de la medida, se lamenta el diputado de oposición demócrata Dennis Kwok en una vídeoconferencia organizada por el laboratorio de ideas australiano Lowy Institute. “Nadie sabe con seguridad qué va a contener ese texto”.

La promulgación de la nueva norma se espera para antes de septiembre. Según el periódico hongkonés de oposición Apple Daily, podría ocurrir a finales de este mismo junio, en una muestra de la premura de Pekín: El 1 de julio es el aniversario del retorno de Hong Kong a la soberanía china, cuando cada año una marcha masiva por el centro de la ciudad sirve de marco para denunciar todo tipo de agravios locales y contra el Gobierno central. Está por ver si este año se autorizará o, como la vigilia de Tiananmen este jueves, se prohibirá con el argumento de la salud pública. Pero la fecha que Pekín tiene más en mente son las elecciones legislativas previstas para septiembre, justo diez meses después de que la oposición demócrata arrollara en las municipales.

En opinión del exgobernador Patten, los pasos que da el Gobierno central de Pekín están motivados “por la probabilidad de que las legislativas de septiembre arrojen una gran mayoría demócrata, para una democracia que pueda supervisar lo que hace la gente”. “Una preocupación muy real es que de aquí a septiembre el régimen comunista chino intente descalificar como candidato a cualquiera que no declare su apoyo a la ley de Seguridad Nacional”, sostiene en vídeoconferencia desde Londres con un grupo de periodistas en Pekín.

La incertidumbre en torno a la ley no es únicamente política. El colegio de abogados hongkonés también ha expresado sus dudas acerca del impacto que pueda tener en el sistema legal del territorio autónomo. “El choque es ideológico. Es el autoritarismo leninista [de la China continental] contra el constitucionalismo liberal [de Hong Kong]”, explica la profesora de Derecho Cora Chan, de la Universidad de Hong Kong. “No es improbable que las leyes redactadas en el sistema legal chino requieran algún tipo de adaptación para que encajen en los requisitos del sistema legal hongkonés”, apunta.

Los problemas saltan a la vista, apuntan otros especialistas. “En China nunca definen exactamente qué es la ‘seguridad nacional’. Por tanto, la ley podría cambiar de acuerdo con la necesidad política”, ha declarado el catedrático de Derecho Público Johannes Chan a la televisión hongkonesa HKRT. “Si parte del alcance de la ley es demasiado amplia y los tribunales de Hong Kong dicen que viola la Ley Básica, la protección a los derechos humanos, o la ley de derechos civiles, y por tanto la anulan; si eso pasa, ¿qué hará el Gobierno central? ¿Aplaudir y dar la enhorabuena, o interferir?”.

Rechazo

Un 96% de los ciudadanos que se declaran prodemócratas en Hong Kong rechaza la legislación, según una encuesta del Instituto de Investigación sobre Opinión Pública de Hong Kong. Entre quienes aseguran apoyar a Pekín, un 28% también la critica, mientras que goza de la aprobación de un 62%. En la vigilia por el 31º aniversario de la matanza de Tiananmen el jueves en el parque Victoria, celebrada en un acto de desafío pese a estar prohibida por primera vez -oficialmente, para evitar la propagación de la pandemia de coronavirus-, uno de los lemas más coreados fue “Opongámonos a la ley de Seguridad Nacional”.

Pero no todos están en contra. Puntales de la economía hongkonesa como los bancos Standard Chartered, HSBC o el conglomerado Jardines han expresado su apoyo público a la medida. El Gobierno hongkonés insiste, como Pekín, que la medida afectará a un pequeño número de personas y comportamientos, mientras que “la vida, la propiedad y los derechos y libertades básicos de la inmensa mayoría de los ciudadanos estarán protegidos”, asegura la jefa del Ejecutivo autónomo, Carrie Lam.

Más allá de su alcance, apunta Kwok, la medida representa un paso más en lo que los partidarios de mayor democracia en el enclave perciben como una reducción cada vez mayor del espacio para la disensión: el motivo, precisamente, que dio origen a las protestas del año pasado. Desde el anuncio de la nueva ley han comenzado a escucharse en las calles cada vez con mayor frecuencia lemas en favor de la independencia de Hong Kong. “Mientras más presión aplican, más se ahonda el sentido de identidad” diferenciada entre los manifestantes, explica Kwok.

“La independencia está ganando partidarios como resultado de las acciones del Gobierno”, asiente Sean Wong. En su opinión, “el futuro inmediato se ve bastante poco halagüeño” pero, insiste, él no se plantea marcharse. “Ahora es cuestión de tener más cuidado, ser más innovadores en las acciones que tomemos. Como viene a decir un refrán cantonés: 'Para llegar a ser un héroe hay que mantenerse sano y salvo”.