El Supremo chavista invalida a Juan Guaidó como presidente del Parlamento

El laberinto institucional venezolano todavía puede complicarse más. Cinco meses después, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el chavismo, respondió sobre el conflicto generado a partir del nombramiento el 5 de enero pasado de dos equipos directivos en el Parlamento. El de Juan Guaidó, que sorteó bloqueos militares y forcejeos y se vio forzado a celebrar la sesión con 100 diputados —casi dos tercios del total— fuera del Palacio Legislativo. Y el de Luis Parra, de la oposición llamada disidente, que ocupó la sede oficial del organismo y se juramentó sin quorum ni votos verificados. El máximo tribunal, controlado por el chavismo, ha dictado el fallo esperado: este martes ha dado una nueva estocada a Guaidó y ha levantado el brazo de Parra, un dirigente expulsado de su partido, Primero Justicia, por estar vinculado a una trama de corrupción y compra de diputados. Su nombramiento ha sido rechazado casi de inmediato por la mayor parte de la comunidad internacional, que sigue reconociendo a Guaidó como presidente interino.

La sentencia señala que se considera válida la junta constituida por Parra como presidente, Franklin Duarte como primer vicepresidente y José Gregorio Noriega como segundo vicepresidente, y establece como prohibida “la instalación de un Parlamento paralelo o virtual, que no tiene ningún efecto jurídico, y cualquier persona pública o privada o institución que preste o ceda espacio para ello, será considerada en desacato”. Además, remite la decisión al Ministerio Público para que sea añadida al expediente que el chavismo ha acumulado contra Guaidó desde que le revocó su fuero parlamentario.

El argumento del desacato ha sido usado por el chavismo desde 2016 para anular judicialmente el funcionamiento de la Asamblea Nacional una vez que la oposición logró su control en las elecciones de diciembre de 2015. La figura responde a la incorporación de tres diputados indígenas cuyas elecciones fueron impugnadas y que el Supremo considera ilegales, aunque su Sala Electoral no haya respondido aún sobre esta situación. Ahora, este cortapisas parece allanar el camino para el cuerpo directivo de Parra. El fallo asegura que al integrarse en la mesa de diálogo que el Gobierno de Maduro inició con un sector minoritario de la oposición y de forma paralela a las negociaciones de Oslo, Parra ha dado un paso importante para que la institución pueda salir del desacato en el que han incurrido sus miembros y ejercer las competencias que el Supremo ha bloqueado con más de un centenar de sentencias.

La decisión hace más espinosa la posibilidad de la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral, que pueda realizar unos comicios presidenciales con garantías que destraben el conflicto político que ha llevado al país sudamericano al marasmo y a una profunda crisis económica y social con graves consecuencias en la región. Una comisión conformada bajo el amparo de la junta de Guaidó había iniciado los pasos para este proceso, pero ahora la tarea estará en manos de Parra, que no cuenta con el apoyo de la mayoría de Parlamento.

Desde enero se han realizado sesiones paralelas presididas por ambas juntas: 100 de los 167 diputados están con Guaidó y han sostenido los encuentros regulares fuera de la sede. El resto, incluido los parlamentarios chavistas, ha asistido a las convocatorias de Parra en el Palacio Legislativo. En un tema, sin embargo, se han cruzado y ha sido justamente en el de la conformación del comité de postulaciones, al que el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se integró pese a ser una actuación dictada por la junta de Guaidó.

Este nuevo fallo se produce justo después de que el chavismo, a través del fiscal general Tarek William Saab, emprendiera el camino hacia la ilegalización de Voluntad Popular, la formación política de Guaidó y Leopoldo López. En las anticipadas y cuestionadas elecciones de 2018 en las que Maduro intentó renovar su mandato, tanto Voluntad Popular como Primero Justicia, dos de los partidos más importantes de la oposición, fueron inhabilitados para el proceso, al igual que la plataforma de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que reunía a la coalición opositora en las boletas de votación.