Colombia busca anticuerpos contra la corrupción en medio de la pandemia

La gestión de la crisis del coronavirus es terreno fértil para que la corrupción aceche allí donde ya ha hecho de las suyas. Sucede en varios países, y también en Colombia, donde el Gobierno de Iván Duque ha rebajado los requisitos de contratación para poder llegar de manera más expedita con ayudas hasta los más vulnerables. Una investigación de economistas de la Universidad del Rosario, en Bogotá, refrenda esa sospecha ciudadana y evidencia la necesidad de no bajar la guardia en la lucha contra este flagelo, aún en medio de la pandemia.

La emergencia sanitaria, además de las consecuencias sociales y económicas de las medidas de distanciamiento social, ha llevado a los Gobiernos a aumentar el gasto, así como relajar reglas y procedimientos para acelerar las transacciones. Esto también crea oportunidades para los abusos, plantea el documento Corrupción en los tiempos de la pandemia, elaborado por los investigadores Jorge Gallego, Mounu Prem y Juan Fernando Vargas. Con base en información de contratación pública en Colombia, los autores identifican primero cuáles han sido en el pasado los municipios más propensos a la corrupción dentro del país, clasificados por medio de un sofisticado sistema de inteligencia artificial que considera hasta 147 variables para cada uno de ellos. “Hay que tener en cuenta cómo está construido el indicador”, apunta Gallego. “Las capitales, por ejemplo, tienen proyectos más grandes, ejecutan más recursos y oficinas anticorrupción más encima, ergo los actos irregulares en ellas cometidas tienen más riesgo de ser detectados".

A continuación, comprueban si dicha condición tiene efecto sobre cómo han respondido los distintos gobiernos municipales al incremento del gasto asociado en el tiempo con el brote de SARS-CoV-2. En concreto, los investigadores buscan si este punto de partida se asocia con una mayor proporción de contratos discrecionales, entregados ‘a dedo’, como reza el coloquialismo local, y con un aumento en su valor promedio.

El resultado de sus análisis es, efectivamente, positivo. “Nuestra evidencia sugiere que los grandes shocks negativos que requieren un gasto rápido y cuantioso pueden aumentar la corrupción”, advierte Gallego.

Las medidas de confinamiento han golpeado con ferocidad a los países en desarrollo, donde una mayor proporción de la población deriva su sustento de actividades informales y carece de acceso a redes de bienestar como los seguros de desempleo, señala el artículo. En Colombia, casi la mitad de la población activa vive al día de la economía informal, según datos oficiales, y el “aislamiento preventivo obligatorio” –como llama el Gobierno las medidas de confinamiento que están cerca de cumplir dos meses– impacta especialmente a esos sectores. Los Gobiernos, además de las grandes inversiones en infraestructura médica, han tenido que movilizarse para satisfacer las necesidades de los más vulnerables. Sin embargo, “existe evidencia generalizada de que relajar los controles aumenta el gasto discrecional y, por lo tanto, genera más oportunidades de malversación”, señalan los autores. “Esta situación puede estar particularmente arraigada en lugares que tradicionalmente han tenido bajos niveles de capacidad estatal y altos niveles de corrupción, creando un círculo vicioso que dificulta proveer la atención de emergencia adecuada”.

Aunque la corrupción no es un fenómeno fácil de medir, Colombia es percibido como un lugar con níveles relativamente altos. El año pasado se ubicó en el puesto 96 entre 180 países en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional. En un ejemplo ilustrativo, el 29 por ciento de los encuestados en el más reciente estudio bimensual de la firma Invamer consideró la corrupción como el principal problema que tiene Colombia en estos momentos, lo que la ubica en primer lugar por encima de otras opciones como el desempleo o el orden público. El 78 por ciento de los consultados en ese mismo sondeo considera que está empeorando.

Diversas voces han activado alarmas en esta coyuntura. Los organismos de control –la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría– han denunciado malas prácticas como sobrecostos, cobros indebidos o irregularidades en la contratación. Las compras de miles de bolsas de alimentos básicos por parte de varios alcaldes y gobernadores han estado bajo la lupa. En un ejemplo ilustrativo, en el departamento de Arauca se compraron latas de atún cinco veces más caras que el precio del mercado. La Silla Vacía, un medio especializado en política, estudió una muestra de casi medio centenar de contratos en distintas regiones, y halló sobrecostos en más del 40 por ciento. “El seguimiento a los dineros destinados para la emergencia económica no se deben ver como barreras para su ejecución, se trata en gran medida de aplicar los mecanismos que ya tiene la institucionalidad y cuidar lo que nos preocupa a todos”, ha señalado Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.

“Encontramos que en los lugares más corruptos de Colombia, el gasto en contratación directa para comprar ese tipo de articulos o de productos es mucho más indiscriminado”, detalla Gallego, quien también es doctor en Ciencia Política de New York University. En medio de la pandemia de la covid-19 es obvio que los Gobiernos deben relajar los procedimientos de contratación, admiten los economistas de El Rosario en las conclusiones de su análisis. Sin embargo, para frenar los posibles efectos negativos, estas políticas se deben acompañar de herramientas de rendición de cuentas como auditorías, que han funcionado en otras circunstancias. “Más transparencia, acompañada de tecnología y ciencia de datos, también podría ayudar a reducir la corrupción”, concluyen.