El Reino Unido rechaza las acusaciones de Bruselas de no colaborar en la negociación del Brexit

La Comisión Europea y el Gobierno británico han iniciado este lunes, por videoconferencia, una nueva ronda de negociaciones sobre su relación después del Brexit. Bruselas lamenta los escasos avances logrados hasta ahora y acusa al Reino Unido de no implicarse seriamente en las conversaciones. Londres niega que esté boicoteando el proceso y ha llegado a la ronda con una amplia batería de propuestas firmes, incluida la primera sobre el polémico asunto del sector pesquero.

“La tercera ronda de negociaciones ha comenzado y necesitamos progresos tangibles en todas las áreas, incluido en los estándares para una competencia abierta y justa”, ha señalado el negociador jefe europeo, Michel Barnier, en la sesión de apertura.

La ronda se prolongará hasta el jueves. Y el arranque llega tras una creciente presión por parte europea para que Londres sustancie de manera firme sus posiciones y que se pueda iniciar así una verdadera negociación sobre los asuntos más espinosos.

Como señal de impulso, el negociador jefe británico, David Frost, remitía a Bruselas a final de la semana pasada un borrador completo del futuro acuerdo comercial, los proyectos de pactos en áreas tan sensibles como transporte aéreo, cooperación en el sector nuclear o coordinación en Seguridad Social. Y, sobre todo, por primera vez, un texto legal que podría servir de base para el futuro acuerdo marco del sector pesquero, una de las principales demandas de la UE y donde los avances han sido más escasos.

Pero la Comisión ve cada vez más difícil alcanzar un consenso a tiempo y teme que al final de la transición, el 31 de diciembre, se produzca la ruptura brutal que logró evitarse el pasado 31 de enero con el pacto in extremis sobre la salida del Reino Unido.

Londres dispone de plazo hasta el 30 de junio para solicitar una prórroga del período transitorio, pero el Gobierno de Boris Johnson ha descartado esa posibilidad lo que acentúa la inquietud de Bruselas. En el tema pesquero, además, el objetivo era alcanzar un pacto antes del próximo 1 de julio, una meta que se antoja complicada.

“El Gobierno británico debería demostrar mayor seriedad en la tarea de completar un acuerdo con la UE”, exigía la semana pasada el comisario europeo de Comercio, el irlandés Phil Hogan, en una entrevista con EL PAÍS. “En los dos últimos meses no hemos visto la intensidad que permitiría alcanzar un acuerdo para finales de octubre”, añadía el comisario.

“Esa idea de que no estamos comprometidos con la negociación no responde a la realidad”, aseguran fuentes británicas. “Seguimos negociando de manera constructiva para llegar a una solución equilibrada que refleje la realidad política de ambas partes”.

Las disputas sobre el sector pesquero corren el riesgo de convertirse en un asunto tan explosivo como lo fue la frontera de Irlanda durante la primera parte del Brexit. Esta vez, hasta ocho países y, muy en particular, España y Francia, vigilan con especial celo el resultado de las negociaciones.

El equipo negociador europeo, dirigido por Barnier, reconoce que está en juego un volumen de capturas sin precedentes. Un reciente estudio del Parlamento Europeo recuerda que las capturas medias anuales en aguas británicas rondaban entre 2012 y 2016 los 1,3 millones de toneladas y que el 47% se desembarcaba en puertos del continente. La facturación en juego supera los 400 millones de euros, con más de 500 buques europeos implicados y 6.100 puestos de trabajo.

La dependencia, en principio, es mutua, porque la flota británica necesita las lonjas del continente, adonde exporta el 70% de sus capturas. Pero parte de esa flota pertenece a operadores europeos. Y, además, la recuperación del control sobre los bancos pesqueros fue uno de los símbolos de los partidarios del Brexit y Johnson necesita demostrar que la salida de la UE marca un antes y un después tangible en ese sector.

Londres, por lo pronto, exige que las cuotas de capturas en sus aguas se negocien anualmente. Y que se suprima en esa negociación el llamado principio de “estabilidad relativa”, que se utiliza desde los años ochenta y que toma como base la cuota de capturas llevadas a cabo ente 1973 y 1978.

El Reino Unido quiere un nuevo criterio, no solamente más sostenible para sus recursos pesqueros, sino también para corregir lo que considera un desequilibrio. “El valor de capturas de los buques europeos en aguas británicas multiplica por cinco el de los buques británicos en aguas de la UE”, señalan fuentes británicas.

La disputa pesquera se une a otros asuntos muy conflictivos, como las normas para impedir ayudas de Estado desproporcionadas o el acceso mutuo en el sector servicios, en especial, el financiero. Un rompecabezas que Londres y Bruselas deben montar en poco más de cinco meses y que debe ser aprobado por los 27 socios de la Unión.

Las negociaciones arrancaron en marzo a rebufo del alivio que se respiró el 31 de enero y con el Gobierno de Johnson fortalecido por su reciente y aplastante victoria electoral. El clima parecía propicio para una negociación complicada, pero apacible. Pero el primer paso del primer ministro británico fue descartar cualquier prórroga del período transitorio, una petición que Londres puede cursar hasta el 30 de junio.

La andanada de Johnson redobló la presión temporal sobre los equipos negociadores, que estarían obligados a pactar un acuerdo comercial sin precedentes antes de octubre de este año, para que pueda estar en vigor el 1 de enero de 2021.

El proceso se complicó aún más con la llegada de la covid-19, que no solo impide los encuentros bilaterales presenciales sino que provocó la baja temporal de varias piezas de ambos equipos, incluida la del negociador europeo, Michael Barnier.