“La investigación a Videgaray y Peña Nieto llegará, no somos tapadera de nadie”

Santiago Nieto (Ciudad de México, 1973) es uno de los funcionarios estrella del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ha logrado situarse bajo los reflectores a pesar de ser titular de una unidad que debería tener la discreción como principal distintivo: la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Esta oficina, creada durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006), nunca había tenido tanto peso sino hasta ahora, cuando la agenda anticorrupción de Morena la ha hecho destacar entre un Gabinete gris. Nieto fue fiscal electoral durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, pero fue fulminado cuando investigó el papel de la constructora Odebrecht en la campaña presidencial de 2012. El funcionario encabeza hoy un aparato que vigila el sistema financiero en busca movimientos inusuales que superen los 7.500 dólares. En 2019 hubo 9.8 millones de operaciones de este tipo. Hasta marzo de 2020 iban 2.6 millones. Esto pone sobre la pista de esquemas de lavado de dinero que apuntan al narcotráfico, la delincuencia organizada y también la corrupción política. En el despacho de Nieto, sobre la mesa, hay una gruesa carpeta sobre esta materia. El bloque está conformado por esquemas que muestran el flujo del dinero desde distintos países o paraísos fiscales que terminan en cuentas de gobernadores, funcionarios de la Administración, empresarios y familiares de narcotraficantes. Nieto abre la carpeta y despliega algunos de estos mapas a una velocidad suficiente para que ningún detalle quede en la memoria del periodista.

Pregunta. ¿Podrá su unidad revisar compras públicas con sobrecostes realizadas en los tiempos de la pandemia como las que se han revelado?

Respuesta. Sí. Sobre el caso del hijo de Manuel Bartlett, la Secretaría de la Función Pública ya nos pidió información. Estamos investigando qué fue lo que pasó. Lo que el presidente nos ha pedido es muy claro. No podemos tolerar un caso de corrupción. Desde el inicio comenzamos a revisar las empresas que estaban siendo contratadas por Salud para que no hubiera acaparamiento o encarecimiento de insumos. Ahora tenemos este caso encima.

P. ¿Por dónde comenzará?

R. Sus cuentas. Las de su empresa y cualquiera en relación con las personas que lo hubieran contratado. Frente a los hechos que estamos viviendo, el Gobierno no se puede dar el lujo de dejar algo en duda respecto a este tipo de casos de probable corrupción. Si acreditamos que hay un tema ilegal, entonces denunciarlo ante la Fiscalía. Desafortunadamente, no tenemos ministerios públicos ni podemos ejercer acción penal. Dependemos de terceros para sancionar.

P. En abril falleció el exsecretario de Comunicaciones y Transportes del Gobierno de Peña Nieto, Gerardo Ruiz Esparza. Usted asegura que la investigación sigue. ¿De qué manera?

R. A la familia y a sus colaboradores cercanos, a quienes tenemos denunciados en la Fiscalía.

P. ¿Por temas relacionados con la secretaría?

R. Sí. Es OHL, el tren a Toluca. Estamos investigando el tema del socavón en el Estado de Morelos. Fue un espacio donde hubo un amplio nivel de corrupción. Abusaron de su puesto.

P. ¿Están congeladas las cuentas de la familia de Ruiz Esparza?

R. No. Estamos en ese proceso de investigación para efecto de determinar si lo hacemos o no.

P. Usted ha ajustado recientemente la cifra de supuestos sobornos que recibió el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, de 10 a 14 millones de dólares. ¿Sigue abierta la investigación?

R. Hemos encontrado transferencias hacia las cuentas. Primero de Zacapan S.A. y de Latin American Asia Capital Holding. Después, cuando se cierran estas empresas, todos los recursos se trasladan a Tochos Holding Limited, la empresa de Lozoya constituida en Suiza. Esta es la que distribuye el recurso a su hermana y a su madre. Hay distintas adquisiciones: la de 3.8 millones de Altos Hornos de México. En realidad, son 16 millones de dólares que tienen que ver con varias empresas de Odebrecht. Todas terminan haciendo transferencias a Panamá, Islas Vírgenes, Mónaco. Seguimos investigando lo del astillero en Galicia. Está pendiente también lo de Fertinal, que no hemos terminado. Se han presentado cuatro denuncias por defraudación fiscal, peculado, cohecho y lavado de dinero de Emilio Lozoya y su entorno, incluyendo evidentemente, a su esposa.

P. ¿El caso es robusto?

R. Sí. El Código de Procedimientos Penales plantea un criterio de oportunidad cuando la gente es sujeta a un proceso penal puede dar información sobre los superiores jerárquicos que ordenaron el acto de corrupción. Y la verdad es que solo nos quedan dos superiores jerárquicos: Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto. Pero eso dependerá de la decisión que tome la Fiscalía y si él daría información.

P. Usted ha investigado a Luis Miranda, otro exsecretario muy cercano a Peña Nieto. ¿Ese caso apunta al exmandatario?

R. Hasta este momento no, pero Luis Miranda es un personaje que encarna la corrupción del sexenio anterior. Está relacionado con el regalo al sindicato de electricistas de 40 inmuebles que correspondían a la Comisión Federal de Electricidad, está relacionado con Antorcha Campesina, el brazo electoral del PRI en el Estado de México, Puebla y otros Estados. Y está relacionado con un tema de huachicol (robo de combustible). Es una de las investigaciones que seguimos integrando. Podemos seguir trabajando en el combate a la corrupción, pero para cerrar la pinza necesitamos también el combate a la impunidad. Esto se combate cuando los servidores públicos lleguen a los tribunales.

P. Se investiga a Miranda, a Ruiz Esparza, Lozoya, Rosario Robles. ¿Seguirán Videgaray y Peña Nieto?

R. Yo creo que sí. No somos tapadera de nadie. Los casos donde se encuentre un vínculo se tiene que investigar.

P. ¿Se ha encontrado ya ese vínculo?

R. Hasta este momento no. Pero necesitamos seguir. La corrupción era una forma de hacer política en el grupo mexiquense.

P. ¿Le ha requerido el Gobierno de Estados Unidos información sobre Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón?

R. Sí. Ya la entregamos.

P. ¿Qué información era?

R. Investigando a [Eduardo] Medina Mora, lo que nos dijo una de las agencias norteamericanas fue “revisen la conexión que hubo al inicio del sexenio entre ambos personajes”. Después se pelearían, pero de Medina Mora llegamos a García Luna. Encontramos la red de contrataciones. Primero, cuando adquieren el software de espionaje para la Secretaría de Seguridad que después se queda en la empresa de García Luna. Segundo, la constitución de Nunvav en Panamá. Tercero, el inicio de operaciones de esta empresa en México, en 2011. Cuarto, las transacciones, los 2.600 millones de pesos que la secretaría de Gobernación de Peña Nieto da a Nunvav. Los 31 millones, que es menor, que dan a Black por una consultoría de la Fiscalía antisecuestros de Ciudad de México y después la información de cómo desde Panamá se pagaba el esquema que permitía el nivel de vida de García Luna en Miami. Toda esa información se le ha entregado a los fiscales del distrito este de Nueva York.

P. ¿Cómo es posible que Ovidio Guzmán [el hijo de El Chapo Guzmán] no tenga abierta una investigación?

R. Nosotros le congelamos las cuentas a Ovidio y a 330 personas vinculadas al cartel y hemos presentado la denuncia ante la Fiscalía. También hemos encontrado cosas raras. Las hermanas de Ismael El Mayo Zambada ganaron millones de pesos en un casino. Nadie gana millones de pesos en un casino, entonces me parece un buen indicador de que estamos en presencia de lavado de dinero. También se encuentra ya denunciado. Espero que se procese rápido. Tenemos dos cárteles supranacionales y es importante detener su operación.