La amenaza de López Obrador de recortar sueldos genera molestias al interior de la Administración

Golpe al corazón de la Administración mexicana. Así han descrito algunos funcionarios la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de recortar los salarios de los altos funcionarios para hacer frente a la epidemia del coronavirus. La decisión del mandatario fuerza a la desaparición de 10 subsecretarías y despoja de aguinaldos y hasta el 25% del sueldo a cerca de 20.000 trabajadores, principalmente mandos medios y superiores, durante 2020. La proposición ha sido repudiada en las oficinas gubernamentales según cinco versiones recogidas por este diario en los ministerios de Cultura, Trabajo, Hacienda y Relaciones Exteriores. La medida se embarca además en una nueva aventura legislativa que promete convertirse en la penúltima batalla entre la fuerza mayoritaria de Morena y la oposición, que acusa al presidente de intentar pasar una norma que fortalece aún más su poder en la asignación del presupuesto.

“Cada vez es más difícil. El anuncio se recibió fatal", indica una funcionaria dentro de la Secretaría de Hacienda, que accede a hablar bajo condición de anonimato como el resto de fuentes consultadas. El presidente confirmó la medida el miércoles 22 de abril. El anuncio causó sorpresa y generó malestar. López Obrador había evitado adoptar medidas contracíclicas para enfrentar la crisis económica provocada por el coronavirus. Sus funcionarios, quienes ya viven condiciones austeras, no imaginaron ser sacrificados en medio de la emergencia para que el Ejecutivo se haga con unos 3.500 millones de pesos extras para resistir el temporal, unos 144 millones de dólares. “Estos recortes se suman a importantes recortes previos... Ya pasaron la epidermis y el músculo. Están llegando al hueso”, indica otro empleado de una dirección de la cancillería. “Estamos muy desmoralizados”, añade. “El peligro es que puede ser muy difícil remontar de un recorte así”, señala otra funcionaria de la Secretaría de Cultura. Las críticas han venido incluso de las voces más veteranas del movimiento. “Quienes lo solicitan [el recorte de sueldos] son ignorantes y abusivos”, ha tuiteado este miércoles Porfirio Muñoz Ledo, diputado de Morena y uno de los líderes históricos de la izquierda.

El recorte perfilado por el mandatario mexicano impactará, sobre todo, al grueso de funcionarios que día a día hacen funcionar la autodenominada Cuarta Transformación. No serán solamente los secretarios quienes se desprendan de sus quincenas para ayudar a la población. El grueso de los recursos provendría principalmente de los 12.501 subdirectores y 5.643 directores dentro del aparato de gobierno, de acuerdo a un análisis de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. A estos se sumarían 913 directores generales adjuntos, 584 directores generales, 104 jefes de unidad, 104 subsecretarios, 26 secretarios de Estado y el propio presidente. “Se está afectando a 20.000 familias”, considera Marco Fernández, uno de los autores del estudio e investigador de temas de Anticorrupción en el think tank México Evalúa. El beneficio podría ser pírrico. El tijeretazo a los sueldos de la burocracia representa solo el 0,57% de los recursos con los que el Gobierno pretende hacerse, unos 622.500 millones de pesos (25.000 millones de dólares).

Fernández considera que más allá de los hogares de los funcionarios, que dejarán de recibir una cuarta parte de sus ingresos, los más afectados serán los ciudadanos. “Los directores de área son quienes operan áreas fundamentales del Gobierno. Son los que hacen que salgan adelante los programas sociales”, indica el académico. El decreto presidencial contempla, además de la reducción “voluntaria” de los salarios, el freno del 75% del gasto dedicado a servicios generales, materiales y suministros. La combinación de estos recortes puede entorpecer el funcionamiento de los 37 programas prioritarios fijados por el Ejecutivo de Morena. “¿Con qué recursos se atenderá un incendio forestal? ¿Está garantizado el dinero para atender la temporada de huracanes? ¿Quién dará servicio a los servidores de la Secretaría de Educación Pública si necesitan alargarse las clases a distancia por la contingencia?", se pregunta Fernández.

Muchas de las respuestas están aún en el aire. “Nadie sabe nada”, revela un vocero gubernamental cuando se le pregunta qué subsecretarías desaparecerán bajo las nuevas reglas de austeridad. Versiones extraoficiales indicaron que López Obrador pidió el jueves 23 de abril en una reunión con su Gabinete en Palacio Nacional los nombres de las oficinas que pueden desaparecer. Nada se ha concretado desde entonces. El decreto fue ampliamente criticado por especialistas en Derecho por sus formas desaseadas.

“El texto refleja el sistema presidencialista en el que vivimos: los presidentes piensan que pueden hacer lo que quieran”, considera Hugo Concha Cantú, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional. En la opinión de este experto en Derecho Constitucional, el decreto no cumple con formalidades básicas y parte de supuestas facultades que el mandatario no tiene. “El presidente cree que la figura del decreto es equivalente a una ley”, señala el también profesor del ITAM.

Al polémico texto salido de la oficina de López Obrador le siguió una iniciativa que pretende reformar la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esto agitó aún más la polvareda levantada. La propuesta tiene como objetivo modificar la asignación de recursos cuando “se presenten emergencias económicas en el país” para que el Gobierno ejecute sus proyectos prioritarios. La enmienda obligaría a dependencias y Estados a reducir sus ingresos para traspasarlos a Hacienda. “Es muy grave”, señala Concha Cantú. “Es un reconocimiento a algo muy diferente de lo que está en la Constitución”.

Los partidos de oposición acusan al presidente de aprovechar la crisis del coronavirus para aprobar, gracias a la mayoría legislativa con la que cuenta, una norma que amplía su discrecionalidad para tejer los presupuestos. Legisladores del PAN y el PRI, derrotados en los comicios de 2018, aseguran que la medida es un golpe al Legislativo, que tiene entre su obligación la aprobación del gasto. “Es una iniciativa que va al corazón del sistema de contrapesos. Es inaceptable”, ha asegurado una legisladora del PAN que pide no ser identificada. La votación de la norma se llevará a cabo el 5 de mayo en una sesión que promete sacar chispas, aunque la mayoría de Morena puede imponerse nuevamente como ha pasado en la legislatura. Esta nueva disputa tiene como telón de fondo las elecciones de 2021, donde una desdibujada oposición considera que tiene oportunidades de arrebatar a Morena la Cámara de Diputados. El camino será cuesta arriba si López Obrador se asegura el acceso ilimitado a la llave de recursos en un México sediento tras la depresión económica que dejará la covid-19.

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