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Bruselas abre el cuarto expediente a Polonia por socavar la independencia judicial

La Comisión Europea no actuará “por ahora” contra el estado de emergencia decretado por Viktor Orbán en Hungría

Álvaro Sánchez
La viepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, este miércoles, en Bruselas.
La viepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, este miércoles, en Bruselas.FRANCOIS LENOIR (AP)

Mano dura frente a Varsovia y tregua para Budapest. La Comisión Europea ha abierto este miércoles un nuevo capítulo en el largo historial de desencuentros con el Gobierno ultraconservador polaco liderado por el partido Ley y Justicia (PiS). Bruselas ha anunciado la apertura de un procedimiento de infracción, el cuarto en los últimos tres años por sus reformas judiciales, para tratar de lograr que el Ejecutivo dé marcha atrás y revoque las controvertidas normas que entraron en vigor a mediados de febrero. Entre otras medidas, las reglas otorgan al Tribunal Supremo competencia exclusiva para pronunciarse sobre la independencia judicial, exige a los jueces que divulguen información sobre sus actividades no profesionales, y amplían la noción de delito disciplinario. “Existen riesgos claros de que el régimen disciplinario pueda ser utilizado para ejercer control político sobre las decisiones judiciales”, ha advertido la vicepresidenta de la Comisión, Vera Jourová.

Durante su intervención, la comisaria checa ha anunciado que las autoridades comunitarias no han hallado argumentos jurídicos lo suficientemente sólidos como para abrir expediente también a Hungría por el modo en que aplica su estado de emergencia. El primer ministro del país magiar, Viktor Orbán, gana así algo de oxígeno tras unas semanas en las que ha sido muy criticado por socios comunitarios, formaciones hermanas del Partido Popular Europeo y organizaciones defensoras de los derechos civiles, preocupados por la amplitud de las competencias que se ha arrogado el Gobierno bajo la excusa de lidiar con la pandemia.

Jourová insistió en que “el virus no puede matar la democracia”, y no ha ocultado que Budapest sigue en el radar. Abrió la puerta a que Hungría corra el mismo destino que Polonia próximamente si la deriva autoritaria de Orbán se recrudece. “Los Gobiernos tienen buenas razones para pedir poderes especiales, pero esos regímenes excepcionales no implican que los parlamentos deban paralizarse, los periodistas no puedan expresarse, o que la democracia sea suspendida”, sostuvo.

Con el foco puesto en Polonia, la apertura del expediente supone el primer paso por parte de la Comisión en un proceso que puede culminar, como ya ha sucedido en anteriores ocasiones, ante los Tribunales de Justicia de la UE si el Gobierno del primer ministro Mateusz Morawiecki se enroca y no recula. Bruselas ha enviado una carta a Varsovia anunciándole la decisión, y Polonia tendrá ahora dos meses para dar una respuesta convincente.

Hace apenas tres semanas, los jueces europeos ya propinaron un varapalo a Varsovia que podría repetirse en el futuro si el asunto acaba llegando a los tribunales. Los magistrados frenaron por primera vez los cambios en la estructura del orden judicial de un país, al suspender cautelarmente la ley polaca para supervisar a los jueces.

El reproche llega en un momento de máxima tensión para el país. La celebración de las elecciones presidenciales sigue adelante y está prevista para el 10 de mayo en medio de la indignación de la oposición, partidaria de su aplazamiento. Ante la imposibilidad de que la gente acuda a los colegios electorales por la expansión del virus, el Gobierno ha apostado por el voto por correo, pero hasta el momento las restricciones impuestas por la pandemia han impedido que se haya podido hacer campaña en igualdad de condiciones, y hay dudas sobre la legalidad y la limpieza de los comicios. El antiguo primer ministro, Donald Tusk, hoy jefe del Partido Popular Europeo, incluso llamó este martes a los polacos a boicotear “el voto postal”, una expresión que no es inocente. Prefiere utilizar dicho término al considerar que no se cumplen los requisitos mínimos para calificarlas de elecciones.

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Sobre la firma

Álvaro Sánchez
Redactor de Economía. Ha sido corresponsal de EL PAÍS en Bruselas y colaborador de la Cadena SER en la capital comunitaria. Antes pasó por el diario mexicano El Mundo y medios locales como el Diario de Cádiz. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y Máster de periodismo de EL PAÍS.

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