El Tribunal de la UE suspende cautelarmente la ley de Polonia para supervisar a los jueces

Por segunda vez en apenas 18 meses, el Tribunal de Justicia europeo ha intervenido este miércoles de manera tajante para frenar una reforma del sistema judicial en Polonia. La Corte europea, a petición de la Comisión Europea, ha suspendido cautelarmente y con efectos inmediatos la actuación del órgano creado por el Gobierno polaco en 2017 para aplicar un nuevo régimen disciplinario a los magistrados de ese país. Por primera vez en su historia, el Tribunal de la UE concede medidas cautelares en un caso relativo a la estructura interna de un sistema judicial nacional.

La Comisión Europea sostiene que ese órgano, compuesto por 15 jueces elegidos por un Consejo del Poder Judicial nombrado a su vez por el Parlamento, no garantiza ni la independencia ni la imparcialidad del sistema disciplinario. Y tras denunciar la reforma judicial ante el Tribunal Europeo, la Comisión solicitó su suspensión cautelar, concedida este miércoles por la máxima instancia judicial de la UE.

El varapalo al Gobierno del PIS, el partido dominado por Jaroslaw Kaczynski, es el enésimo lance en la larga campaña de Bruselas por impedir que Varsovia someta a la magistratura polaca a unas normas que, según la Comisión, amenazan su independencia. A finales de 2018, la Comisión logró que el Tribunal frenase una reforma sobre la edad de jubilación de los magistrados del Supremo que, a juicio de Bruselas, suponía una purga encubierta de los jueces menos afines al Gobierno.

Ahora, la Comisión ha logrado la suspensión cautelar de un órgano que, según el organismo comunitario, expone a los jueces polacos, en particular a los del Tribunal Supremo, a ser investigados por el tenor de sus sentencias e, incluso, a ser castigados si presentan consultas prejudiciales ante el Tribunal de Justicia europeo. “En definitiva, los jueces no están a salvo del control político y se viola su independencia”, según señaló la Comisión al denunciar a Polonia ante el Tribunal en octubre de 2019. En enero de 2020, la Comisión pedía a ese mismo Tribunal medidas cautelares para paralizar el régimen disciplinario.

El auto judicial dictado por la Gran Cámara del Tribunal europeo concede las tres medidas cautelares solicitadas por la Comisión para evitar que la aplicación de la reforma judicial cause “un daño grave e irreparable en el funcionamiento del ordenamiento jurídico de la Unión Europea”.

Varsovia ha intentado evitar la humillación política de ver paralizada la reforma acusando a la Comisión de cometer “una injerencia inadmisible en las estructuras constitucionales y jurídicas polacas”. Polonia recordó durante el juicio que nunca antes el Tribunal de la UE había concedido medidas cautelares en un asunto de esta naturaleza.

Pero los jueces europeos han rechazado de plano esos argumentos. El auto reconoce que la organización del sistema judicial nacional es competencia de cada Estado miembro. Pero añade que esa organización debe ser respetuosa con los valores del Tratado de la UE, en particular con el respeto al Estado de derecho. Los jueces señalan, además, que el hecho de que se trate de unas medidas cautelares inéditas no impide su adopción.

El auto ordena a Polonia suspender la actividad del órgano disciplinario hasta que se resuelva la denuncia de la Comisión; que no se transmita ningún asunto pendiente a ese órgano; y que comunique a la Comisión en el plazo de un mes las disposiciones adoptadas para cumplir con las medidas cautelares. Los jueces recuerdan, además, que la Comisión se ha reservado la posibilidad de solicitar sanciones multimillonarias contra Polonia si las autoridades se resistieran a acatar las medidas cautelares.

Las medidas suponen de facto el final de la reforma y la probable disolución del órgano disciplinario, según señaló el Gobierno polaco durante el juicio. La vía del Tribunal europeo se ha revelado así, una vez más, como la más efectiva para Bruselas a la hora de atajar los presuntos desmanes del Gobierno polaco. La otra vía, la del artículo 7, para suspender el derecho de voto de Varsovia en las instituciones comunitarias, está cegada porque requiere una mayoría en el Consejo de la UE que los aliados de Kaczynski, como la Hungría de Orbán, impiden que se logre.