Ratificada la ley que permite castigar a los jueces críticos en Polonia
La nueva norma, que contempla el despido de magistrados, "introduce cambios que son contrarios tanto a la constitución polaca como a los estándares legales europeos", opina un experto
El presidente polaco, Andrzej Duda, ha ratificado este martes la polémica ley que contempla sanciones para los jueces que cuestionen públicamente las reformas judiciales emprendidas por el Gobierno ultraconservador del partido Ley y Justicia (PiS), el último paso antes de que la norma entre en vigor. La nueva ley ha movilizado a las asociaciones judiciales y ha recibido críticas de la Unión Europea, que la considera un ataque al Estado de derecho y a los valores europeos, mientras el Ejecutivo defiende que es necesaria para optimizar un sistema de justicia obsoleto, heredado del período comunista.
La medida contempla sanciones disciplinarias para los jueces contrarios a aceptar los cambios impulsados por el partido en el Gobierno. En concreto, propone sanciones, incluido el despido, para quienes cuestionen la legalidad de los nombramientos fruto de la reforma judicial y para aquellos que participen en actividades públicas que puedan menoscabar la posición de neutralidad judicial.
Presidenciales el 10 de mayo
Polonia celebrará la primera vuelta de sus elecciones presidenciales el próximo 10 de mayo, una votación decisiva para determinar si el gobernante Ley y Justicia (PiS), podrá seguir adelante con sus polémicas reformas, muy criticadas por Bruselas. El actual presidente polaco, Andrzej Duda, político en la órbita del PiS, lidera los sondeos con cerca del 42 % (según la última encuesta publicada por el semanario Polytika) de intención de voto, por delante de los principales candidatos de la oposición: la liberal Malgorzata Kidawa (20 %) y el progresista Robert Biedron (7 % de votos).
Si ninguno de los aspirantes obtiene más del 50 % de los votos el próximo 10 de mayo, se celebraría una segunda vuelta dos semanas después (el 24 de mayo) en la que conquistaría la presidencia el candidato más votado.
La presidenta del Tribunal Constitucional polaco, Malgorzata Gersdorf, muy crítica con el Ejecutivo, ha calificado la norma de "ley mordaza" contra la libertad de expresión de los jueces, recoge Efe. Desde que el PiS, liderado por el ex primer ministro Jaroslaw Kaczynski, logró su primera mayoría absoluta en las elecciones legislativas de 2015, el Gobierno polaco ha introducido una serie de reformas legislativas y políticas que "han socavado la independencia del poder judicial", ha asegurado por su parte la candidata a la presidencia de Polonia por la liberal Coalición Cívica, Malgorzata Kidawa, quien cree que la norma deja al país "apartada del sistema legal europeo".
En la misma línea, Dariusz Mazur, portavoz de la asociación de jueces Themis, considera que la nueva ley "conduce a la subordinación política del poder judicial" e "introduce cambios que son contrarios tanto a la constitución polaca como a los estándares legales europeos". En un correo electrónico, Mazur explica, por ejemplo, que los órganos de autogobierno judicial pierden el derecho a opinar sobre los candidatos a jueces y sobre los candidatos a altos cargos judiciales, así como el derecho a adoptar resoluciones críticas sobre los cambios en la administración de justicia. Además, se impone a los jueces la obligación de revelar su afiliación a asociaciones judiciales y el presidente puede corregir las deficiencias en el procedimiento de nominación de los jueces.
La ley fue aprobada el pasado 20 de diciembre por la Cámara baja —donde el PiS ratificó en las elecciones de octubre su mayoría absoluta—, rechazada posteriormente por el Senado —bajo control de la oposición liberal— y vuelta a aprobar el 23 de enero en segunda instancia por el Parlamento, que la remitió al presidente para su ratificación.
La decisión de Duda se produce una semana después de que la comisaria de Justicia europea, Vera Jourova, visitara el país y mostrara su preocupación por "la campaña de ataques contra los jueces", y al día siguiente de que el presidente se reuniera en Varsovia con su homólogo francés, Emmanuel Macron, quien le trasladó su preocupación por la implementación de la reforma del sistema judicial en el país, según ha informado el diario local Rzeczposlita.
Tanto la Comisión Europea como el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos han advertido del alcance de la reforma, por entender que puede poner en riesgo su independencia y limitar cualquier crítica a los planes del Ejecutivo.
Ya en noviembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) declaró ilegal una reforma impulsada anteriormente por el Gobierno polaco en la que establecía una edad de jubilación para jueces de tribunales ordinarios y fiscales distinta para hombres y mujeres.
Las decisiones de Polonia de aumentar el control del poder político sobre la administración de justicia y los medios de comunicación le han valido las críticas de la Comisión Europea, que considera que Varsovia vulnera con sus reformas el Estado de derecho y los principios democráticos. En un paso sin precedentes, Bruselas activó en diciembre de 2017 el procedimiento del artículo 7 del Tratado Europeo contra Polonia. Este mecanismo podría servir para arrebatarle el derecho a voto, aunque se trata de una posibilidad remota, ya que para ello es necesario contar con la unanimidad de todos los Estados.
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