Bolivia intensifica las acciones contra el partido de Evo Morales durante la cuarentena

Mientras se cumple la cuarentena por el coronavirus en Bolivia, se han producido varios incidentes en los que han estado involucrados la Policía y el principal partido de oposición, el Movimiento al Socialismo (MAS), del expresidente Evo Morales. El último de ellos fue la detención de Patricia Arce, alcaldesa de la pequeña ciudad de Vinto, candidata a senadora y una de las figuras más simbólica de este partido izquierdista. Arce se volvió conocida en noviembre del año pasado, cuando fue golpeada y humillada por un grupo de manifestantes violentos opositores a Morales. Su caso constituye una pieza importante en la investigación internacional sobre las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron antes, durante y después de la caída del poder del exmandatario boliviano.

Ahora Arce ha sido acusada por la Policía de reunir a un grupo de personas en su casa y de beber alcohol en ella, lo que rompe las reglas de la cuarentena. Según la alcaldesa, los agentes allanaron sin orden judicial ni medidas de bioseguridad su domicilio, en el que solo estaban ella, sus hijos y su chófer celebrando el cumpleaños de uno de los miembros de la familia, sin romper el aislamiento que impone la cuarentena. Arce también aseguró que el control de alcoholemia que le hicieron arrojó un resultado normal, aunque esto último no ha sido confirmado oficialmente. “Es el peor abuso que he sufrido en mi vida; mi hijo menor ha sido llevado a un reformatorio y mis otros hijos están presos conmigo como delincuentes, cuando ellos no son responsables de nada”, declaró en un vídeo. La Policía comunicó que la alcaldesa será procesada por “daños a la salud”, delito sancionado con entre tres y diez años de prisión. Esta grave acusación ya se ha realizado y probado en otros casos, durante el mes de cuarentena. Si Arce fuera declarada culpable, quedaría inhabilitada como candidata al Senado en las próximas elecciones.

Evo Morales publicó en un tuit que el delito de su compañera de partido fue “ser solidaria con familias pobres” y afirmó que denunciaría lo sucedido a los organismos internacionales de derechos humanos. Relacionó así la detención de la alcaldesa, que en las últimas semanas se había dedicado a repartir comida a los hogares pobres de su municipio, con otro apresamiento, realizado cuatro días antes, de funcionarios de la alcaldía de Villa Tunari, también dirigida por el MAS, que habían viajado por carretera en un camión, según dijeron, a llevar alimentos a otros municipios.

Villa Tunari se encuentra en el Chapare, una zona controlada por los sindicatos de campesinos cocaleros que constituyeron el núcleo fundador del MAS. Según el dirigente de estos sindicatos e importante líder del partido, Andrónico Rodríguez, su propósito de trasladar productos agropecuarios del Chapare a la ciudad de Cochabamba y otros sitios ha sido obstaculizado por el Gobierno por razones políticas. “La solidaridad se criminalizó, llegamos al extremo de que la cuarentena se judicializó, tal parece que la justicia tiene un fin político", declaró Rodríguez a la prensa.

En el Chapare no se habían estado repartiendo las ayudas en efectivo que aprobó el Gobierno interino de Jeanine Áñez para posibilitar que las familias más vulnerables sigan en cuarentena. Esto se debía a que los bancos no funcionaban en esta región. Así lo había decidido el gabinete después de que los policías asignados a proteger uno de estos centros financieros en el pueblo de Shinaota fueran expulsados por un grupo de ciudadanos. Aunque finalmente se llegó a un acuerdo y la Policía volverá a Shinahota, esta institución no puede operar con tranquilidad en el Chapare desde el derrocamiento de Morales, en el que participó activamente. Esto provocó la animadversión contra ella de una importante parte de la población de esta zona del país. El MAS ha negado haber organizado la protesta y Morales ha denunciado que la suspensión de la ayuda financiera a los habitantes del Chapare fueron una sanción política contra sus adherentes.

En las últimas horas fue detenido, además, un activista digital del MAS, acusado de sedición por llamar, en las redes, al “levantamiento popular“ contra la “dictadura de Áñez”. Para este partido, se trata de una acción directamente orientada contra la libertad de expresión.

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