El asesinato de un fiscal antimafia evidencia la inseguridad en el occidente de Colombia

La noticia recordó las peores épocas de Colombia, un país ansioso por pasar la página de la violencia tras décadas de combatir todo tipo de grupos criminales. El asesinato en la ciudad de Cali de Alcibiades Libreros, un fiscal especializado contra el crimen organizado que sus colegas describían como un funcionario íntegro con fama de incorruptible, ha generado el repudio unánime de las autoridades, que han prometido celeridad para investigar el crimen.

“Se caracterizó como uno de los fiscales que persiguió el crimen organizado y el narcotráfico, en especial a los grupos de sicarios del distrito de Aguablanca”, una de las barriadas populares de Cali, un trabajo que le mereció el reconocimiento de las autoridades municipales, señaló la Fiscalía General de la Nación este lunes en un comunicado en el que destacó su dedicación y compromiso. También había mostrado resultados contundentes contra otras organizaciones en el occidente del país, como el Clan de los Herrera y La Cordillera. “Toda la capacidad operativa e investigativa de la Fiscalía ha sido dispuesta en el terreno para asegurar que los responsables de este homicidio comparezcan inmediatamente ante la justicia”, aseguró el ente investigador.

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Libreros, de 58 años, fue baleado este domingo por sicarios que se desplazaban en moto al detener su Citroën gris en un semáforo de una céntrica calle de la capital del departamento del Valle del Cauca, en el occidente del país. Según las autoridades, no lo acompañaban sus escoltas debido a que se encontraba de vacaciones. “Fue un hombre implacable en la lucha contra las estructuras criminales”, valoró Andrés Villamizar, secretario de Seguridad y Justicia, al expresar sus condolencias a familiares y colegas. En la misma dirección, el alcalde electo, Jorge Iván Ospina, que se posesiona el próximo miércoles primero de enero, reclamó “rodear a la Fiscalía colombiana y a los hombres que han consagrado su vida a contrarrestar el accionar de los grupos criminales".

Su muerte sacudió a una de las urbes colombianas más golpeadas por la violencia. Al igual que Medellín, Cali sufrió a finales del siglo pasado el estigma del narcotráfico y los embates de los grandes carteles, así como las acciones de las guerrillas, en particular los secuestros masivos. Cercana a territorios aún en disputa en departamentos como Cauca y Nariño, la capital del Valle se ve afectada por un amplio espectro de grupos delincuenciales, desde pandillas hasta grupos armados organizados. Las autoridades incluso han advertido la incipiente presencia de emisarios de carteles mexicanos.

Con 2,4 millones de habitantes, Cali es la gran urbe del suroccidente, muy próxima tanto a la cordillera como a la costa del Pacífico —que funciona como un corredor para el tráfico de cocaína con destino a Centroamérica y Estados Unidos—, y lleva décadas enfrentando complejos fenómenos de inseguridad. Una reciente auditoria de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés) identifica 182 agrupaciones ilegales en la ciudad, de las cuales tres cuartas partes están conformadas por niños, niñas y adolescentes utilizados para actividades delictivas.

Con un robusto tejido empresarial, la “capital de la salsa” lleva lo que va de este siglo embarcada en combatir todos esos fenómenos. Con una tasa de 46,7 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2018, prácticamente dobla el promedio nacional (25), pero ha conseguido una significativa reducción desde un pico de más de 100 a finales de los noventa gracias a programas de prevención y rutas de resocialización urbana.