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Las minas antipersona y otros explosivos causan al menos una víctima diaria en Colombia

El Comité Internacional de la Cruz Roja asegura que el número de muertos, heridos o mutilados ha aumentado de 220 en 2018 a 319 en 2019

Diomedes Díaz sufrió un accidente con una mina antipersonal en el 2018. El CICR le donó una prótesis para reemplazar la pierna de madera que él mismo había tallado. Ampliar foto
Diomedes Díaz sufrió un accidente con una mina antipersonal en el 2018. El CICR le donó una prótesis para reemplazar la pierna de madera que él mismo había tallado. CICR

En Colombia hubo al menos una víctima de artefactos explosivos y minas antipersona cada día durante 2019. Solamente en una semana de diciembre, se reportaron once víctimas. La cifra que revela el Comité Internacional de la Cruz Roja es la evidencia de que el problema con el que ha cargado el país andino tras cinco décadas de conflicto sigue vivo.

El desminado y el retiro de otros artefactos explosivos era uno de los objetivos del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC y aunque se ha trabajado en la limpieza de algunas zonas, la realidad es que los artefactos siguen mutilando especialmente a los campesinos. De 319 víctimas registradas entre enero y noviembre, 142 son civiles y de ellas, 19 menores de edad. La crisis humanitaria ya se veía desde 2018, cuando se presentaron 220 víctimas por estos artefactos.

Beyer, un joven de Arauca, región fronteriza con Venezuela, perdió parte de su dedo cuando ingresó campo adentro a cortar unos plátanos. “Entré a la platanera por un lado y venía saliendo por el otro cuando sonó una explosión. Cuando me levanté de la explosión me di cuenta de que mi dedo meñique me colgaba”. Su testimonio es de uno de los muchos que ocurrieron este año y por los cuales el CICR alerta por la gravedad del fenómeno. Ahora Beyer vive con las secuelas psicológicas y sueña constantemente con la explosión. “En Arauca nos ha tocado vivir las consecuencias de la guerra. Los campesinos no tenemos nada que ver con el conflicto”, dice. Su región, así como Antioquia, Norte de Santander, Chocó y Nariño son algunas de las que más reportan víctimas.

Tras el desarme de las FARC, hoy convertidas en partido político, se ha vivido un reacomodamiento de los grupos armados. Disidencias de ese grupo, el fortalecimiento de la guerrilla del ELN y la presencia de grupos paramilitares ligados al narcotráfico tienen sitiadas a varias poblaciones rurales del país. Pero no se trata solo de minas antipersona, que son las más conocidas. La situación que reporta el CICR, se refiere también a otros artefactos. Así, de las 319 víctimas documentadas, 130 lo fueron por minas antipersona, 5 por restos explosivos de guerra, 110 por explosivos de detonación controlada y 74 por otros artefactos lanzados.

Uso de nuevas armas

El CICR ha señalado su preocupación por una estrategia en aumento: el uso de explosivos improvisados de detonación controlada. Con el agravante de que estas víctimas son consideradas ante la ley colombiana “como víctimas de actos terroristas o atentados” y por esa razón “no reciben la misma atención e indemnización que las víctimas de minas antipersonal”.

También, el último reporte de la organización Landmine and Cluster Munition Monitor, reflejó ese “nuevo uso de armas explosivas” en zonas donde antes no se habían registrado. “Se estima que de los 290.000 m2 de contaminación por minas antipersona que identificaron en 2018, alrededor del 20% era nueva contaminación encontrada principalmente en el departamento del Cauca”, indica su informe, que hacía una revisión del fenómeno en los últimos veinte años.

Un grupo de niños participa en un taller de mitigación del riesgo en el Catatumbo,donde el CICR les enseña  a reducir el riesgo de accidentes por artefactos explosivos improvisados.
Un grupo de niños participa en un taller de mitigación del riesgo en el Catatumbo,donde el CICR les enseña a reducir el riesgo de accidentes por artefactos explosivos improvisados. CICR

Ante la atomización de la guerra, se ha detectado también que los actores armados ya no les advierten a los campesinos dónde hay artefactos explosivos e incluso se registraron casos cerca de escuelas, en una clara infracción al derecho internacional humanitario, que protege especialmente los colegios y hospitales. Además, en medio de la disputa por el territorio que libran esos grupos armados regresaron prácticas como el confinamiento de las comunidades y los ataques en zonas de erradicación manual de cultivos ilícitos, pero también donde hay proyectos de megaminería, entre otros. “El resultado inmediato ha sido el incremento de las víctimas de Contaminación por Armas. Se ha triplicado el número de víctimas directas entre 2017 y 2018. En 2019 la tendencia va en aumento”, dice el CICR.

Sin embargo, para el organismo Descontamina Colombia, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz del gobierno de Iván Duque, el número de víctimas es menor. De acuerdo con sus datos, entre enero y noviembre, 109 personas se vieron afectadas. La diferencia en los números radica en que el Gobierno solo registra las víctimas de minas y no de otros artefactos explosivos que son los que están causando mayores estragos. Tampoco se incluyen los casos de combatientes heridos o fallecidos.

Colombia comenzó a desminar desde 2006, en el marco de la Convención de Ottawa. Más adelante, gracias al proceso de paz, se hicieron programas de limpieza conjunta entre el Ejército y las FARC y fue posible ingresar a extraer minas a zonas que antes estaban vetadas. La administración actual continuó el proceso y en noviembre de 2019 anunció que hay “38 nuevos municipios libres de sospecha de minas antipersonales, completando así un total de 391 (55%) municipios del total de 713 con algún tipo de contaminación”, como informaron delegados del gobierno en la Cuarta Conferencia de Revisión de la Convención sobre la Prohibición del Uso, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción —o ‘Convención de Ottawa’, que se realizó en Oslo. Sin embargo, el país no llegó a la meta original de eliminar las minas antipersonales antes del 2021 y prorrogó el objetivo para el 2025, lo que indica que el problema de las minas y los artefactos explosivos en Colombia todavía no es asunto del pasado.

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