El año de los descontentos

Cuando volvamos la vista atrás y miremos a 2019 desde la tranquilidad analítica que permite la distancia temporal, cuando busquemos un titular, una etiqueta para definir el año, es probable que le apellidemos “de las protestas”. No sabemos a ciencia cierta cuánta gente salió a las calles en la región, pero sí sabemos que fueron muchos, y en muchas partes, por motivos muy distintos, y que todos, dentro y fuera de Latinoamérica, nos quedamos mirando con atención.

El embelesamiento colectivo se debe probablemente a que, intuitivamente, entendemos que estos movimientos no surgieron de la nada. Al contrario: hunden sus raíces en las trayectorias de la región durante toda la década. Si discernimos el punto de origen de cada brote, podremos comprender mejor el origen, la trayectoria e incluso el futuro del descontento.

Mirando a la lista de las protestas más significativas de este año que se cierra podemos, por ejemplo, distinguir con más o menos claridad entre dos tipos: aquellas que se centran en la política como proceso, que demandan cambios en la manera en que un país toma decisiones y las instituciones que entran en juego; y aquellas que se enfocan a los resultados de la política, en quién y cómo se ve beneficiado o perjudicado al final de dicho proceso.

Defendiendo a la democracia de sí misma

En algunos rincones de Latinoamérica la democracia se enfrenta a una crisis existencial. En Nicaragua o Venezuela va perdiendo la batalla desde hace años. Y en Bolivia la elección fraudulenta de octubre seguida del golpe militar de noviembre ha posado un interrogante sobre el futuro de sus instituciones. En Perú, la tensión entre poderes ha puesto a prueba sus límites constitucionales sin llegar a romperlos (como sí ha sucedido en los otros tres países). Pero, más allá de las diferencias, un rasgo común a todos ellos es el deterioro de la capacidad para canalizar las diferencias de manera ordenada.

Un sistema de gobierno democrático debe cumplir dos funciones potencialmente contradictorias: la representanción de los diferentes intereses que conviven en la sociedad y la búsqueda de soluciones de relativo consenso. Una manera de entender el problema común de Bolivia, Nicaragua y Venezuela es el siguiente: durante décadas, amplias capas de la sociedad consideraron que estaban completamente fuera del sistema de producción deliberativa de políticas, reservado a una élite restringida. Cuando los auto-definidos como excluidos llegaron finalmente al poder, en lugar de embarcarse en la aventura de compartirlo, inician una re-colonización de las instituciones por parte de una nueva élite que es inversa a la anterior precisamente porque tienen miedo de que si pierden alguna vez jamás volverán a ganar (es decir: descreen de la posibilidad de que las élites tradicionales amplíen la dimensión representativa de la democracia si regresan al gobierno).

Es así como se activa la polarización extrema, esa que vuelve casi imposible la búsqueda común de soluciones, y que puede terminar por suprimir una parte (mayoritaria incluso) de la sociedad del proceso. Efectivamente, Nicaragua y Venezuela son los casos paradigmáticos de esta dinámica en la región. Pero Bolivia sigue sus pasos, aunque el hecho de que el apoyo social se mantenga relativamente repartido entre dos mitades produce la dinámica guerracivilista que por desgracia hemos visto en el final de 2019.

Los datos anteriores a las elecciones ya nos daban alguna pista bastante clara: en Bolivia, la cuestión política central de los últimos dos o tres años ha sido la posibilidad de que Evo Morales se presentase a una reelección. Finalmente así fue, pasando por encima de un referéndum que le pedía que no lo hiciera. En consecuencia, la valoración del propio sistema en Bolivia depende en parte de la afinidad con Evo: aquellos que sí querían que se presentase están más apegados a la democracia que quienes no deseaban su candidatura.

El golpe militar posterior, de hecho, solo viene a confirmar los miedos del evismo, aunque es imposible no pensar que hay una parte de profecía auto-cumplida: ¿cuál es el punto en el que un gramo más de polarización hace que se pierda toda la credibilidad en el proceso? Es imposible saberlo hasta que ya es demasiado tarde.

Brechas dentro de la democracia

Argentina, Chile, Colombia, Ecuador vieron a la gente salir a las calles por la lógica opuesta: no era que en estos países el sistema se estuviera tensando debido a la polarización, sino que éste no lograba actualizarse e incorporar las demandas emergentes en la población.

Demandas, que, además, no eran de consenso. Curiosamente, en la última década la presencia de fuertes preferencias contra la desigualdad ha disminuido en varios países de la región. Las de apertura cultural (medida, por ejemplo, por la aprobación del matrimonio igualitario) sí han aumentado, pero de forma irregular.

Eso quiere decir que la grieta que se está abriendo entre la ciudadanía y sus representantes no incluye al conjunto de la población, sino más bien a ciertos grupos amplios pero específicos. Cuando observamos el perfil de los que están protestando en Latinoamérica empezamos a vislumbrar la respuesta.

El porcentaje de participantes en protestas ha aumentado en toda la región en la última década, pero lo ha hecho sobre todo entre las mujeres, las generaciones más jóvenes (millenials y centennials, nacidos después de 1980), y aquellas personas cuyo hogar ingresó menos dinero en los últimos dos años.

La dimensión generacional del descontento latinoamericano ya ha sido reseñada en múltiples ocasiones. Lo interesante es observar sus patrones internos. Primero, parece que la brecha es mucho mayor en cuestiones de derechos individuales que en aspectos económicos: mientras todas las generaciones del continente mantienen un cierto acuerdo por la necesidad de más redistribución, la diferencia sobre las bodas entre personas del mismo sexo se va agrandando conforme bajamos en la escala de edad.

Normalmente, la posición en torno al matrimonio igualitario es una buena aproximación al grado de apertura en el eje cultural: sirve como aproximación a las opiniones sobre derechos reproductivos, respeto por las minorías, etcétera. Lo que indica este gráfico es que, en Latinoamérica, hay una mayoría (relativa, y menor que hace diez años, pero lo hay) echada a la izquierda en cuestiones económicas, pero lo que antes era un dominio de los argumentos conservadores en lo social se está reduciendo a medida que se incorporan nuevas cohortes al ejercicio de la ciudadanía plena.

Y, de hecho, las divisiones (también ahora en los intereses materiales) se agrandan cuando cruzamos la variable generacional con otras que, como hemos visto, están siendo más activas en las calles.

Resulta que las mujeres de menos de cuarenta años son mucho más progresistas que los hombres mayores en todos los países, así en aquellos donde las posiciones reaccionarias todavía dominan en agregado. La diferencia es generalizada, pero hay mayorías o cuasi-mayorías pro-derechos entre las mujeres jóvenes precisamente en los lugares en los que éstas han salido a la calle con más fuerza: Argentina, Brasil, Chile, México.

El lado económico también nos deja señales similares: Colombia, Ecuador y el mismo Chile tienen la mayor diferencia en porcentaje de personas con fuerte querencia redistributiva cuando se comparan a aquellos de más de cuarenta años y sin problemas económicos con los menores que sí los tienen.

Aquí están las diferencias de intereses que empiezan a señalarnos por dónde camina el descontento latinoamericano. El reto para estos países es precisamente incorporar las demandas emergentes dentro del sistema lo antes posible. Porque, a más tiempo pase, más probabilidad hay de que lo que es un problema dentro de la democracia se convierta en una cuestión sobre la misma, como les sucedió a sus vecinos. Si Venezuela, Nicaragua o Bolivia necesitan reconstruir puentes para disminuir diferencias, Chile o Colombia requieren de justo lo contrario: reconocerlas, aceptarlas e incluso celebrarlas dentro de las instituciones. Esa es la paradoja eterna del pluralismo, la que probablemente marcará 2020 y la década que vendrá en Latinoamérica: la mejor receta contra el conflicto es, precisamente, aceptar que es inevitable.