La tortura a un estudiante por participar en las protestas: Descargas eléctricas en los testículos

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De pie, esposado y desnudo en la sala de investigación, Dilon Zeledón, de 20 años, ha pasado unas 12 horas en interrogatorios. Está ensangrentada su oreja izquierda, la sangre ya seca porque no ha podido limpiarse desde el viernes. Es domingo por la noche en la Dirección de Auxilio Judicial de Managua. Tiene el ojo amoratado, golpes en todo el cuerpo. Dos policías vestidos de negro, con pasamontañas cubriendo sus rostros, le hacen una y otra vez la misma pregunta: ¿dónde están las armas? No sé, la respuesta recurrente.

Los oficiales, iracundos, traen la pistola eléctrica. Primero, descargas eléctricas en los testículos. “Un golpe a mi ego, desmoralizante”, según Zeledón. Segundo, otra descarga en el cuello. “Horrible”. Siente cómo la descarga eléctrica recorre rauda su columna vertebral hasta llegar al último nervio del dedo del pie. No aguanta el dolor y se desmaya. Despierta mojado en su celda. Ya sin las esposas, comienza a estirarse. Es el día 3 de los 304 días que pasaría en prisión.

Dilon Zeledón estudiaba Contabilidad y Finanzas en la ciudad de Matagalpa, a unos 130 km al norte de Managua. Además, era bailarín de danzas folclóricas e integrante de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), el brazo político del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en las universidades públicas. Pero abandonó el movimiento el 22 de abril, cuatro días después de iniciadas las protestas contra la represión estatal, cuando ya habían asesinado a los primeros manifestantes. En una protesta conoció a Nelly Roque, de 27 años, una fotógrafa y feminista. Junto con amigos en común, formaron un grupo de jóvenes que sería el encargado de organizar las manifestaciones en la ciudad, y posteriormente de gestionar la logística de los bloqueos de carreteras.

El 26 de junio, Nelly y otros cuatro jóvenes activistas fueron detenidos por policías y agentes paraestatales mientras se dirigían a una reunión en la capital. Así cuenta su detención:

"Nos comenzaron a golpear. La otra muchacha que estaba ahí dijo que estaba embarazada para que no le hicieran nada. A mí me dijeron “te vamos a violar a vos y después te vamos a matar". Yo lo primero que imaginaba era que sí me iban a matar, nadie va a sobrevivir de aquí, era una escena que pues, no había manera de que nos dejaran vivos. Entonces yo me empecé a imaginar cómo íbamos a aparecer, me imaginaba yo desnuda tirada en un barranco. Nos pusieron en fila, y nos preguntaron uno a uno nuestros nombres. Y entonces, se los daba a otra persona supuestamente por el teléfono".

El mismo día, los jóvenes fueron trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial en Managua, el mismo lugar donde torturarían a Dilon, casi un mes después. Ese centro de investigaciones, también conocido como El Chipote, ha sido denunciado por cientos de manifestantes como un centro de tortura. Pero no es el único. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), recibió testimonios de algunos detenidos que fueron “sometidos a torturas físicas —incluyendo quemaduras con pistolas de electricidad y/o cigarrillos, el uso de alambre de púas, golpizas con puños y tuberías e intentos de estrangulación— como también torturas psicológicas, incluyendo amenazas de muerte”. Además, ha documentado casos de violencia sexual a hombres y mujeres.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que trabajó en Nicaragua durante seis meses, señaló que en caso de verificarse las denuncias de tortura, estas podrían constituir otro crimen de lesa humanidad cometido por las autoridades nicaragüenses. El Estado de Nicaragua, no obstante, no ha aceptado la participación de sus oficiales en torturas o tratos inhumanos o degradantes a detenidos. En cambio, informó al OACNUDH que no se han abierto investigaciones de este tipo porque “no ha recibido denuncia de malos tratos”. Tampoco ha esclarecido quiénes ocasionaron las muertes de al menos 328 personas en el contexto de las protestas. En febrero de este año, el Estado de Nicaragua informó a la CIDH que había aclarado las muertes de 32 personas y que los asesinatos de otras 21 estaban en proceso judicial.

De las 100 acusaciones revisadas para esta investigación, se encontró que la Fiscalía detuvo y procesó a 27 personas por casos de asesinato en perjuicio de 20 personas, entre ellas 8 policías. De estos casos, los jueces nicaragüenses condenaron a 10 por los asesinatos de 5 policías, 2 partidarios sandinistas, un profesor, un joven opositor y un periodista, aunque varios de estos procesos también presentaron serias irregularidades.

A pesar de que la CIDH y la Asociación Madres de Abril, integrada por familiares de víctimas mortales de la represión, insistieron a la Fiscalía en su deber de investigar a policías y grupos armados progubernamentales por las muertes de centenares de ciudadanos manifestantes que murieron durante las protestas o en los bloqueos de carreteras, no se encontró evidencias de que se hubiera iniciado alguna investigación contra ellos.

El proceso judicial

Nelly Roque, Dilon Zeledón y otros dos ciudadanos fueron acusados por la Fiscalía de haber creado bloqueos de carreteras o tranques en la ciudad de Matagalpa “con el propósito de afectar el orden público y alterar el orden constitucional”, y de haber secuestrado el 31 de mayo a dos miembros de la Juventud Sandinista (JS), para torturarlos, amenazarlos y robarles.

Aunque los supuestos hechos ocurrieron en la ciudad norteña de Matagalpa, los acusados fueron presentados en juzgados de la capital, en donde atravesaron todo el proceso judicial. La revisión de 100 casos de presos políticos indica que 7 de cada 10 procesados no tuvieron derecho a ser juzgados por un juez local competente, como establece la Constitución, sino que fueron trasladados a la capital y detenidos a cientos de kilómetros de sus familias.

Las abogadas defensoras de Nelly y Dilon, Leyla Prado y Verónica Nieto, alegaron al juez Abelardo Ramos esta circunstancia, pero la respuesta del judicial fue que era competente porque se trataba de un delito de “relevancia social y trascendencia nacional”. El mismo alegato dieron otros jueces en casos de personas vinculadas con las protestas, el problema es que ninguna ley indica cuáles son los delitos de ese tipo y, por lo tanto, esta decisión es discrecional.

Un video que circuló en redes sociales confirma que los dos partidarios sandinistas sí fueron retenidos en un tranque: la cámara de un celular los enfoca desnudos, mientras se alejan corriendo; además enfoca un mortero, un dispositivo artesanal para disparar pequeñas bombas de pólvora, disparando a los dos hombres, ya en la distancia. Dilon y Nelly confirmaron el hecho, y aceptaron que estuvieron allí, pero negaron haber participado del incidente. “Fue la gente de ese barrio, estaba súper molesta y no hubo manera de que se detuvieran”.

En el juicio, a cargo del juez Melvin Vargas, una de las supuestas víctimas amenazó a Dilon y Nelly: los quedó viendo fijamente y deslizó su mano de un extremo al otro de su cuello. “¿Quiénes son aquí los violentos?”, le increpó Nelly, quien lo conocía porque era su vecino. Las cámaras de medios de comunicación solamente lo enfocaron mientras lloraba al dar su declaración, recuerda Nelly. Estos medios, propiedad de la familia de Daniel Ortega y Rosario Murillo, eran los únicos que pudieron acceder a las sesiones de juicio. Periodistas independientes y críticos del Gobierno de Nicaragua, dijeron haber podido acceder a algunas audiencias preliminares, pero nunca a dar cobertura a sesiones de juicio.

El juez Vargas aseguró en su sentencia que quedó “convencido de la participación de los acusados”, aunque las mayores pruebas recayeron en las pruebas testimoniales, puesto que en los videos que presentó la Fiscalía no se identifica el rostro de ninguno de los acusados. Aun sí, condenó a 25 años de prisión a Dilon y a 20 años de prisión a Nelly y los otros dos acusados.

Una revisión de 100 casos que incluyen a 320 acusaciones a personas vinculadas con la protesta, revela que si bien la mayoría de los procesos (53%) culminó con una sentencia judicial, en un 40% de ellos no se inició juicio oral o fue suspendido, sobre todo a partir de febrero de 2019, cuando se reanudaron las negociaciones entre el Gobierno y la oposición. De los 60 casos revisados que culminaron con sentencias, fue el juez Vargas quien más casos condenó: un total de 8, aunque esta cantidad no se distancia tanto de los procesos culminados por otros jueces.

Nelly, acusada además en una segunda causa y condenada adicionalmente a 18 años de prisión, recuerda que al principio fue difícil enfrentar el proceso judicial, pero después aprendió a tolerarlo. “Fuimos conociendo que las acusaciones eran falsas, todo era inventado, no había pruebas la verdad, entonces, no lo tomamos en serio (el juicio), sabíamos que íbamos a ser libres, que nos iban a condenar pero que íbamos a salir libres”, dice ahora, efectivamente, en libertad.