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Israel deporta al director de HRW que denunció a Airbnb

El defensor de los derechos humanos Omar Shakir fue acusado de apoyar una campaña propalestina de boicot al Estado judío

Omar Shakir, director para Israel y Palestina de Human Rights Watch (HRW), en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv.
Omar Shakir, director para Israel y Palestina de Human Rights Watch (HRW), en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv. REUTERS

“Israel se suma hoy a países que como Venezuela, Irán o Corea del Norte deportan a los investigadores de Human Rights Watch (HRW)”, ha advertido este lunes el director de la organización estadounidense de defensa de los derechos humanos, Kenneth Roth, junto su delegado para Israel y Palestina, Omar Shakir. Ambos se encontraban en el aeropuerto de Tel Aviv, donde Shakir cumplía con la orden de salida del país dictada por el Gobierno israelí —y ratificada por la justicia, bajo la acusación de apoyar al movimiento propalestino Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS). Israel, que se precia de ser la única democracia de Oriente Próximo, expulsa por primera vez a un observador internacional al que había concedido visado y permiso de residencia.

La organización con sede central en Nueva York niega la acusación de que Shakir respalde al BDS que persigue el fin de la ocupación de los territorios palestinos, según el modelo de las presiones internacionales que pusieron fin al régimen del apartheid en Sudáfrica y asegura que la decisión de Israel obedece sobre todo a sus investigaciones sobre los negocios establecidos en los asentamientos israelíes en Cisjordania al margen del derecho internacional.

En noviembre del año pasado, HRW denunció en un informe que la plataforma Airbnb ofrecía alojamientos turísticos en Cisjordania, bajo ocupación militar desde 1967, porque discriminaban a los palestinos. “Si el Gobierno israelí puede deportar a alguien que documenta abusos de derechos sin enfrentarse a las consecuencias, ¿cómo podremos frenar estos abusos?”, ha declarado el responsable local de la organización antes de abandonar el país.

Hace un año, la decisión de la plataforma de alquileres turísticos de retirar de la web la oferta de alojamientos situados en los asentamientos de colonos cayó como un mazazo sobre la imagen exterior en Israel. La compañía con sede en San Francisco dio marcha atrás cinco meses después ante el creciente número de demandas en su contra presentadas ante la justicia de EE UU.

Shakir se instalará ahora en Jordania, donde seguiría dirigiendo una red de expertos e investigadores sobre el terreno en Israel y Palestina. HRW también había denunciado en sus investigaciones los malos tratos a detenidos de las fuerzas de seguridad palestinas. “Hoy somos nosotros los que se van”, pero “mañana serán defensores de derechos israelíes y palestinos”, advirtió.

El Tribunal Supremo israelí avaló la orden de deportación hace tres semanas, en un fallo que ratificaba que el llamamiento de HRW a las empresas para que cesen sus actividades en Cisjordania bajo la ocupación equivale a un boicot. La resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU reiteró en 2016 que los asentamientos judíos “no tienen validez legal y constituyen una flagrante violación del derecho internacional”. Estados Unidos dio un vuelco la semana pasada al consenso internacional sobre esta doctrina al anunciar que dejaba de considerar ilegales las colonias israelíes.

Shakir, nacido en Estados Unidos hace 34 años en el seno de una familia de origen iraquí, ya fue deportado de Egipto en 2013 por investigar la muerte de más de 800 personas en la mezquita de Raba al Adauiya de El Cairo. Las fuerzas de seguridad disolvieron entonces una concentración de los Hermanos Musulmanes, poco después del derrocamiento del presidente de filiación islamista Mohamed Morsi en un golpe encabezado por el mariscal Abdelfatá al Sisi, actual jefe del Estado egipcio.

La sentencia del Supremo que confirmó la expulsión de Shakir sentó un precedente sobre el derecho al escrutinio externo en Israel, tras el largo vía crucis legal padecido por el investigador de HRW. Hace tres años, el Ministerio del Interior israelí le negó el visado para trabajar con su organización. Tardó siete meses en recibir el permiso, pero en mayo del año pasado le fue revocado por la acusación de haber respaldado el movimiento de boicot a Israel.

Su orden de deportación fue dictada por el Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu al amparo de una reforma legal de 2017 que veta el paso a Israel a los extranjeros partidarios del BDS. Este fue el caso de la activista española Ana Sánchez Mera, a quien le fue rechazada la entrada en el aeropuerto de Ben Gurion en julio de 2018 cuando coordinaba una visita a Palestina de cargos municipales y autonómicos de Unidas Podemos.

Graduado en Derecho y Relaciones Internacionales por la Universidad de Stanford y máster en Estudios Árabes por la de Georgetown, Shakir ha reiterado que no apoya el boicot a Israel, aunque reconoció que en su época como estudiante asistió a actos de la campaña propalestina. Antes de participar en misiones internacionales, ejerció en Estados Unidos como asistente legal de presos internados en Guantánamo.

El ministro de Seguridad Pública, Gilad Erdan, aseguró en un comunicado que “Israel, como cualquier otro país, tiene derecho a decidir libremente quién puede entrar y trabajar dentro de sus fronteras”.

“No vamos a reemplazar a Shakir”, replicó el director ejecutivo de HRW. “No vamos a permitir que Israel seleccione a nuestros investigadores, ni que pueda elegir los asuntos sobre los que trabajan”, precisó Kenneth Roth. “Sería como si China nos dijese que no podemos indagar sobre la situación de [los campos de detenidos musulmanes] de Xinjiang”.

“Espero poder volver algo día mejor que este”, se despidió Shakir en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv. “Un día en el que todos, israelíes y palestinos vean sus derechos humanos y en el que la igualdad sea realidad”.

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