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Airbnb retira su oferta de alojamiento en los asentamientos judíos de Cisjordania

El Gobierno de Israel amenaza con demandar a la plataforma en EE UU y restringir sus actividades

Una señal indica el acceso a un alojamiento turístico de Airbnb en Cisjordania.

El palestino Awni Shaaeb, de 70 años, es propietario de un terreno en el asentamiento de Ofra, 22 kilómetros al norte de Jerusalén, en Cisjordania, bajo ocupación israelí desde 1967. Hace una década, colonos judíos construyeron en el predio un edificio donde ahora Airbnb ofrece en Internet alojamientos turísticos. Shaaeb, que vive en la cercana aldea de Ein Yabrud, no puede reservar las habitaciones levantadas sobre las tierras donde su familia cultivaba trigo, cebada y garbanzos. Solo los viajeros israelíes y extranjeros están autorizados a pernoctar allí. “Los servicios ofrecidos (en Cisjordania) discriminan a los huéspedes en función de su origen nacional o étnico”, ha advertido la ONG estadounidense Human Rights Watch (HRW) en el informe publicado este martes Bed and breakfast in stolen land (Alojamiento y desayuno en terreno usurpado). La plataforma Airbnb ha anticipado que va a retirar de sus listados en la web los 200 hospedajes registrados en Cisjordania para evitar “sufrimientos humanos” y no interferir en “la disputa existente en la región”.

La decisión de la empresa turística con sede en San Francisco de incluir en una lista negra los alojamientos situados en los asentamientos ha caído como un mazazo en Israel. El Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu ha anunciado que recurrirá la medida ante la justicia de EE UU. Al menos 25 Estados del país han dictado leyes contra el boicot al Estado judío, en las que se incluyen “los territorios bajo control israelí”. Además de Cisjordania, donde se han asentado en el último medio siglo más de 400.000 colonos, Israel ocupa Jerusalén Este, donde viven otros 200.000, y los Altos del Golán (cerca de 20.000) en Siria.

El ministro de Asuntos Estratégicos, Gilad Erdan, ha proclamado que “no existe distinción entre una parte u otra del Estado de Israel”, en cuanto a la legislación aprobada en EE UU contraria al movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), considerado por Israel como una amenaza deslegitimadora de su existencia encabezada por “organizaciones antisemitas”. “Airbnb tendrá que explicar por qué ha adoptado esta medida discriminatoria y racista aquí y no en otras zonas en conflicto en el resto del mundo”, agregó el ministro.

Mientras, la parte oriental de Jerusalén, donde los palestinos aspiran a situar la capital de su futuro Estado, y la meseta siria fueron anexionadas sin reconocimiento internacional a comienzos de la década de los ochenta, Cisjordania sigue estando bajo régimen de ocupación militar, con una administración civil en manos del Ejército que, según HRW, admite la propiedad de la familia de Awni Shaaeb sobre tierras en Ofra. El alcalde del asentamiento, Oded Revivi, ha criticado abiertamente que Airbnb vaya a violar su declarada misión de “unir a la gente en tantos lugares como sea posible alrededor del mundo”.

La plataforma de alquiler de alojamientos ofrece sus argumentos en su página web: “Sabemos que es una cuestión controvertida en la comunidad global, donde muchos se han pronunciado en contra de que las empresas hagan negocios aquí (en territorios ocupados) ya que consideran que no deben aprovecharse de las tierras de personas que se han visto desplazadas”. Por ello Airbnb, que hasta ahora se había amparado en la legislación israelí para operar en las colonias, concluye que debe retirar su oferta de “los asentamientos en el territorio ocupado de Cisjordania, que están en el núcleo de la disputa con los palestinos”.

"Paso inicial positivo"

Desde la Organización para la Liberación de Palestina, su secretario general, Saeb Erekat, ha calificado como un “paso inicial positivo”, la exclusión de estos alquileres turísticos. Los responsables palestinos advirtieron a la compañía estadounidense de alojamientos online de que iban a denunciar sus actividades en Cisjordania ante la justicia penal internacional. El veterano negociador diplomático ha pedido que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU haga pública la base de datos y el listado de empresas que “sacan partido económico de la ocupación colonial”, que incluye dos centenares de compañías en su mayoría norteamericanas y europeas.

El ministro de Turismo israelí, Yariv Levin, ha anunciado que va a proponer mediadas de represalia contra la decisión “hipócrita” de Airbnb en Cisjordania. Plantea la restricción de sus actividades empresariales o un incremento de la fiscalidad sobre los alojamientos ofrecidos por particulares. Levin sugirió además un plan de incentivos para fomentar el turismo en las colonias. Israel, donde el sector turístico mueve 4.200 millones de euros anuales, prevé concluir 2018 con un récord histórico de más de cuatro millones de visitantes.

Human Rights Watch se ha felicitado por la decisión adoptada por la plataforma internacional y ha llamado a otras compañías turísticas, como la central de reservas Booking, que ofrece en su página web 26 alojamientos en Cisjordania, a seguir los pasos de Airbnb. La comunidad internacional considera que los asentamientos israelíes carecen de toda legitimidad. La resolución del Consejo de Seguridad 2334, aprobada en diciembre de 2016, establece que las colonias judías en territorio palestino ocupado constituyen una flagrante violación del derecho internacional. La medida fue votada por todos los miembros del Consejo, excepto EE UU que se abstuvo para no ejercer su tradicional derecho de veto en favor del Estado judío al término de la presidencia de Barack Obama. Israel replica que no se trata de territorios ocupados, sino de territorios en disputa sobre los que el pueblo judío posee derechos históricos.

Las tierras de Awni Shaaeb fueron confiscadas en 1975 por colonos israelíes, según HRW. Fotografías aéreas tomadas por la ONG Israelí Kerem Navot, que supervisa los asentamientos en territorio palestino, constatan que entre 2006 y 2007 se edificó sobre la parcela de su familia en Ofra. “Es ilegal que alguien usurpe tu tierra”, concluye el veterano palestino citado en el informe, “pero que alguien construya en tu tierra, la alquile y se beneficie de ella, eso es la injusticia misma”.

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