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El número dos de Emergencias durante la dana alega que el 112 no comunicó nada al Cecopi

Argüeso se encuentra investigado junto a la entonces consejera de Interior, Salomé Pradas, y ambos han sido citados a declarar el próximo 11 de abril

Emilio Argüeso, en 2019.
Cristina Vázquez

La defensa de Emilio Argüeso, que era el secretario autonómico de Emergencias el pasado 29 de octubre, alega ante la jueza que investiga la causa de la dana que el 112 no envió “comunicación alguna” al Cecopi a pesar de que el director del Centro de Emergencias formaba parte de este órgano de coordinación. Argüeso se encuentra investigado en esta causa junto a la entonces consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y ambos han sido citados a declarar el próximo 11 de abril.

En un recurso de reforma presentado este martes ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que el CGPJ acaba de reforzar con la asignación de una segunda jueza que se encargará de los asuntos ordinarios, la defensa de Argüeso alega así ante un auto de la jueza del pasado viernes dentro de la investigación judicial sobre los daños personales que causaron las inundaciones de aquel día, que dejaron 225 muertos y 3 desaparecidos.

En el escrito de este martes, la defensa del entonces número 2 de Pradas critica que siga actuando “en absoluta indefensión” y considera que las medidas de investigación acordadas en el citado auto del pasado día 14 “son totalmente impertinentes e inútiles”.

En su auto, ahora recurrido por Argüeso, la jueza de Catarroja rechazaba pedir todos los audios de las 19.821 llamadas recibidas en el teléfono de emergencia 112 el 29 de octubre, como había solicitado una de las acusaciones populares (FETAP-CGT), pero dejaba la puerta abierta a solicitar las llamadas de familiares de fallecidos, lesionados o testigos que den el consentimiento para ello, como ya se ha acordado respecto a uno de ellos.

Según ese auto, la jueza considera que “no procede la obtención indiscriminada” de los audios de las llamadas al 112, “que serían traídos al procedimiento por delitos imprudentes y que afectarían en consecuencia al secreto de las comunicaciones” de personas que llamaron ese día.

La letrada de Argüeso advierte de que las grabaciones de las llamadas recibidas en el 112 que podrían incorporarse a la causa corren el riesgo de acabar filtrándose y añade: “Dadas las características que todos podemos presuponer de estas llamadas (llamadas de personas totalmente angustiadas por las situaciones que estaban viviendo), van a generar auténtica alarma social, además del daño que puedan generar a las víctimas de la pasada dana”.

Considera que esa medida no aclarará “absolutamente nada” porque como le asegura su cliente, la jueza no ha investigado aún que “el 112 no envió comunicación alguna al Cecopi, y ello pese a que el director del Centro de Coordinación de Emergencias, de quien depende orgánicamente, formaba parte del Cecopi”.

“Entendemos que antes de acordar la medida que su señoría ha acordado, debería investigar previamente si alguno de estos mensajes fue comunicado al Cecopi, porque la realidad es que no hubo comunicación ni de estos mensajes ni ninguna otra al Cecopi. Y, por tanto, aun tratándose de material indudablemente valioso para historiadores, periodistas, etcétera, no puede arrojar luz alguna a los hechos investigados”, señala la defensa de Argüeso.

En otro escrito de alegaciones remitido a la jueza ese mismo viernes, Argüeso ya señaló que el día de la dana ejerció su cargo “con absoluta responsabilidad y diligencia” y que desea declarar en la causa y “contribuir a esclarecer los fatídicos hechos”.

La instructora ha denegado la solicitud de la acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià de requerir datos como el conductor, desplazamientos y horarios de los vehículos oficiales usados por Mazón y sus escoltas el día de la dana. La magistrada justifica esta negativa en la condición de aforado del jefe del Consell.

Ruiz Tobarra también deniega la misma solicitud de diligencias para rastrear los vehículos oficiales de Pradas y Argüeso. Sostiene que “no consta que los mismos no se hubieran incorporado a la reunión” del Cecopi (el centro de emergencias de la Generalitat) “o que dicha incorporación se hubiera efectuado con retraso”.

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Sobre la firma

Cristina Vázquez
Periodista del diario EL PAÍS en la Comunitat Valenciana. Se ha ocupado a lo largo de su carrera profesional de la cobertura de información económica, política y local y el grueso de su trayectoria está ligada a EL PAÍS. Antes trabajó en la Agencia Efe y ha colaborado con otros medios de comunicación como RNE o la televisión valenciana À Punt.
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