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El Gobierno israelí pretende deportar al director de HRW que denunció a Airbnb

Omar Shakir se convierte en testigo molesto de la ocupación y la expansión de los asentamientos

Omar Shakir, director para Israel y Palestina de Human Rights Watch.
Omar Shakir, director para Israel y Palestina de Human Rights Watch.

En la víspera de la prevista comparecencia ante los jueces del Tribunal Supremo que iban a fallar sobre su deportación, el director de Human Rights Watch (HRW) para Israel y Palestina continuaba con su trabajo. “Las últimas demoliciones reflejan la intención del Gobierno israelí de proseguir con el desalojo de familias palestinas”, explicaba esta semana Omar Shakir en un hotel de Jerusalén Este. “No se trata de una estrategia de seguridad, como alegan las autoridades, sino de mantener una mayoría de población judía en la ciudad”, se despedía camino de Wadi Humus, la barriada donde el pasado lunes fueron demolidas 70 viviendas con excavadoras y explosivos.

Acompañaba a responsables de ONG humanitarias internacionales que se habían movilizado para asistir a una vista clave para sentar un predecente sobre el derecho al escrutinio externo en Israel. El viacrucis legal de Shakir, nacido en Estados Unidos hace 34 años en una familia de origen iraquí, comenzó antes de aterrizar en el aeropuerto de Tel Aviv. Hace ahora tres años, el Ministerio del Interior le negó el visado para trabajar con su organización. Tardó siete meses en recibir el permiso, pero en mayo del año pasado le fue revocado bajo la acusación de haber respaldado el boicot a Israel.

“Hace un par de años, el pretexto del Gobierno era tachar a las ONG de propagandistas propalestinas; ahora ha recalibrado su estrategia hacia el BDS [siglas de la campaña Boicot, Desinversión y Sanciones]. Nosotros no apoyamos el BDS, solo cuestionamos a empresas que, como [la plataforma de alquileres turísticos] Airbnb, hacen negocios en Cisjordania bajo la ocupación sin respetar la ley internacional y discriminando a los palestinos”, alega el director de HRW, graduado en Derecho y Relaciones Internacionales por la Universidad de Stanford y máster en Estudios Árabes por la de Georgetown.

El pasado mes de abril, un tribunal de Jerusalén ratificó la orden de expulsión de Shakir, dictada por el Gobierno al amparo de una reforma legal de 2017 que vetó el paso a Israel a los extranjeros partidarios del BDS. El Supremo suspendió su deportación mientras examinaba un último recurso, que debía de haberse fallado el jueves.

El ministro de Seguridad Pública, Gilad Erdan, acusó a Shakir de ser “un activista del boicot enmascarado como defensor de los derechos humanos”. “Ningún extranjero tiene derecho a establecerse en Israel mientras causa perjuicio a sus ciudadanos [con el BDS]”, advirtió el ministro que lidia con la hasbará (diplomacia pública). “Debe saber que acabarán pagando un precio”.

En el último minuto, el Supremo decidió aplazar la vista sobre la deportación hasta septiembre, tras la personación de Amnistía Internacional y de un grupo de exdiplomáticos israelíes junto a la defensa de Shakir. Su caso es el primero en el que se prevé aplicar la expulsión de un observador internacional después de haberle sido concedido visado de residencia.

“Estamos intentando sentar un precedente constitucional. En mi trabajo es mejor ser optimista”, ironizaba el director de HRW en Jerusalén Este. Ya fue expulsado de Egipto en 2014 a consecuencia de su informe sobre la matanza de manifestantes islamistas en la mezquita de Rabaa al Adawiya del El Cairo el año anterior. Este experto en derechos humanos —que ha denunciado también los malos tratos a detenidos de las fuerzas de seguridad palestinas—, fue en EE UU asistente legal de presos internados en Guantánamo.

“No tengo miedo a que me expulsen de Israel. A fin de cuentas, soy un privilegiado, con pasaporte norteamericano y que trabaja para una ONG internacional. A mí no me van tratar con la misma violencia que a un palestino”, reflexionaba en voz alta. “Este caso tiene ramificaciones que van mas allá. Versa sobre los límites de la crítica y la disensión en Israel. Hoy es el boicot y una deportación. Mañana puede ser la prohibición de cuestionar los asentamientos y la clausura de ONG extranjeras”.

“El Supremo tiene que mostrar qué tipo de país quiere ser Israel, que presume de ser la única democracia en Oriente Próximo”, apuntaba su conclusión. “Puede acabar incorporándose a un club [de países que vetan a HRW] en el que figuran Corea del Norte, Egipto o Venezuela”.

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