Ucrania y Trump: argumentos para un ‘impeachment’
Los testimonios del Congreso han mostrado nuevas cloacas de la Administración de Trump. La implicación delictiva de estas es incierta, pero el destino político parece escrito
Los padres fundadores no vieron venir a Donald Trump. Tampoco a Richard Nixon y el caso Watergate, o a Bill Clinton y el escándalo Lewinsky. Pero habían saboreado una buena ración del rey británico Jorge III para tener claro que el presidente de la joven América iba a acumular demasiado poder como para resultar intocable y que, por tanto, había que dotar a la Constitución de un instrumento con el que poder destituirlo bajo determinadas circunstancias. Así vio la luz Artículo II, sección 4, de la Carta Magna, según el cual “el presidente, vicepresidente y todos los funcionarios civiles de Estados Unidos serán retirados del cargo al ser acusados y declarados culpables de traición, sobornos, y otros delitos y faltas graves”.
La coletilla final se debe, según los historiadores, a George Mason, autor de la Declaración de Derechos de Virginia, que temía que ceñir los supuestos a traición o soborno dejaba a cualquier presidente un margen excesivo. “¿Algún hombre debe estar por encima de la justicia?”, planteó en la Convención Constitucional de 1787, y convenció a los autores. Lo demás, qué se entiende por delito digno de impeachment, es lo que 230 años después sigue debatiéndose en Estados Unidos.
El Congreso norteamericano ha puesto en marcha, por cuarta vez en la historia, este proceso excepcional, al trascender que Donald Trump maniobró este año para lograr que Ucrania anunciase unas investigaciones que perjudicarían a los demócratas. En concreto, pedía a Kiev que indagara en torno a Burisma, la empresa gasista en la que trabajaba el hijo de Joe Biden, Hunter, mientras su padre era vicepresidente. También solicitaba que investigara una teoría conspirativa según la cual fue Ucrania y no Rusia el país que interfirió en las elecciones estadounidenses de 2016 y no para favorecer a Trump, sino a Hillary Clinton, en contra de lo que han concluido los servicios de inteligencia y la justicia estadounidense.
Trump pidió abiertamente estas acciones a su homólogo ucranio, Volodímir Zelenski, en una llamada telefónica el 25 de julio (que el presidente como defiende legítimo interés contra la corrupción). Pero una clave para saber si el mandatario cometió soborno, extorsión u otro tipo de abuso que justifique su destitución estriba en si se usó la promesa de una reunión con Trump que deseaba Zelensky o la entrega de ayudas militares como mecanismo de presión.
Durante semana y media, una docena de testigos ha desfilado por el Capitolio describiendo, en conjunto, una diplomacia paralela que buscaba influir en Kiev y en la que Rudy Giuliani, abogado personal del presidente, tenía un papel fundamental. El testimonio más explosivo llegó el miércoles de la mano del embajador estadounidense en la UE, Gordon Sondland, quien certificó las presiones y las atribuyó a la orden del presidente.
“Poner en marcha un canal de diplomacia con tu abogado personal es una idea terrible y un error de juicio, pero eso no es lo mismo que decir que el presidente ha cometido un delito tan grave que justifique el impeachment”, afirma el republicano Robert Ray, fiscal independiente del caso Whitewater, un escándalo inmobiliario que salpicó a Bill y Hillary Clinton en los noventa, pero del que quedaron exonerados por Ray.
Los demócratas ya han dado señales de que perseguirán el delito de “soborno” que aparece de forma explícita en la Constitución, una forma de sortear el debate sobre lo que cubre la coletilla “y otros graves delitos” que viene en la ley fundamental. Tras las primeras declaraciones públicas en el proceso del impeachment en el Congreso, la presidenta de la Cámara de Represen tantes, Nancy Pelosi, indicó que los testimonios corroboran “la prueba de soborno”, y que “el presidente abusó de su poder y violó su juramento”. El voltaje no ha bajado desde entonces.
“Seguíamos las órdenes del presidente”, fueron las palabras del embajador Sondland el miércoles y cayeron como una bomba en Washington. Rápidamente proliferaron las referencias al testimonio de John Dean, al abogado de la Casa Blanca durante el Watergate, que precipitó la renuncia de Nixon, pero los republicanos se agarran a varias diferencias para defender a Trump. Mientras Dean describió múltiples reuniones para discutir sobre el encubrimiento del caso con Nixon, Sondland tuvo que admitir que el condicionamiento de las ayudas militares a Ucrania nunca se le explicitó, sino que lo dedujo él por el desarrollo de los acontecimientos.
La presión para conseguir que Trump se reuniera con Zelensky, la otra moneda de cambio que se juzga, fue manifestada por el abogado del presidente, Rudy Giuliani. Y el 9 de septiembre, en una llamada telefónica, el mandatario recalcó a Sondland que no quería nada de Ucrania a cambio de la investigación: “No quiero quid pro quo”.
Pero el calendario es importante. Para esa fecha, a la Casa Blanca ya se le había notificado la denuncia presentada por un denunciante anónimo sobre este asunto, que acabaría siendo el detonante del impeachment, y Trump tenía motivos para hablar así, cuando los episodios previos habían apuntado en la dirección contraria. “Uno, si quiere, puede pensar que el presidente no está diciendo la verdad, pero esa prueba es exculpatoria”, recalca Robert Ray.
La profesora de Derecho Kim Wehle, experta en Constitucional y que también colaboró en la investigación Whitewater, recalca que esta “no es una investigación penal” y, por tanto, “no hacen falta pruebas directas del presidente para justificar la puesta en marcha del proceso con una docena de testigos”. “Las pruebas han demostrado que el presidente Trump y Giuliani utilizaron el poder del cargo, con la capacidad de enviar ayuda militar a cambio del anuncio de unas investigaciones contra su rival político, así que es un abuso que sí debe juzgarse”.
Para Wehle, es probable que los demócratas defiendan en la Cámara de Representantes la presentación de cargos de soborno, de obstrucción a la justicia, como ocurrió en su día con Nixon y Clinton, por mentir o tratar de torpedear la investigación, “y podría haber algo incluso más genérico sobre abuso de poder para beneficio personal”. A juicio de Ray, sin embargo, ni siquiera el cargo de soborno se justifica, ya que este debe conllevar una contrapartida “de valor” suficiente y una reunión entre los presidentes, “no es un acto oficial, según la definición del Tribunal Supremo, así que no es una decisión oficial que conlleve algo de valor”.
La idea de extorsión, cargo que también barajan los demócratas, parece más evidente si lo que está en juego son ayudas militares de cerca de 400 millones de dólares para un país que enfrenta una guerra con los separatistas prorrusos en el este de su territorio. En este caso, los republicanos defenderán que las ayudas se acabaron entregando sin anuncios de ninguna investigación contra los demócratas —el 11 de septiembre, de nuevo, con la denuncia anónima ya planeando sobre Washington— y que el objeto de extorsión, el presidente ucranio, ha negado las presiones. Tampoco está claro si se puede hablar de traición.
La Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, previsiblemente aprobará cargos en el pleno, y en el Senado, donde se celebra el juicio propiamente dicho y se vota el veredicto, hoy por hoy parece fácil su absolución, gracias a la mayoría republicana, salvo nuevas revelaciones que rompan la baraja.
Cuando diseñaron el impeachment, los padres fundadores tampoco tenían por qué prever que el proceso de destitución iba a derivar en una discusión política de estas características, dado que el Senado no fue escogido directamente por los votantes hasta 1913. Hasta entonces, eran las asambleas legislativas de los Estados las que los nombraban. Alexander Hamilton —tan revivido ahora por el famoso musical— sí expresó su preocupación por que se convirtiera en una herramienta partidista, en defensa o en contra del mandatario sometido a juicio.
Andrew Johnson, el primer presidente que se sometió a esa votación, en 1868, salió absuelto. Bill Clinton, el segundo, también. Nixon dimitió antes. Donald Trump es el primero que, tras el juicio parlamentario y las cloacas que este revela, pugna por la reelección. Antes de Watergate, más de la mitad de los estadounidenses respondía en las encuestas que confiaban en que los presidentes hacían “lo correcto”, pero los porcentajes nunca se han recuperado. Los votantes esperan menos, lo cual no deja claro de qué lado inclina la balanza. El peligro del descrédito sí lo vieron venir los padres fundadores.
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