Las protestas por la crisis política en Bolivia dejan al menos dos muertos

Dos personas murieron la noche de este miércoles en Bolivia en medio de un grave enfrentamiento entre manifestantes opositores y oficialistas en la ciudad de Montero, situada a 60 kilómetros de Santa Cruz de la Sierra. Son las primeras víctimas mortales de los choques que se producen diariamente en el país desde hace una semana, entre grupos que intentan mantener las ciudades paralizadas para protestar por el resultado de las elecciones del 20 de octubre, y grupos que, enarbolando las banderas oficialistas, rompen e impiden los bloqueos.

Hasta ahora estas peleas han causado decenas de heridos por pedradas y golpes, algunos de ellos graves. En cambio, Mario Salvatierra, de 60 años, y Marcelo Terrazas, de 48, murieron a consecuencia de heridas de bala. Esto implica una escalada de la violencia política que convulsiona a Bolivia desde que el resultado de las elecciones fuera desconocido por el principal rival del presidente Evo Morales, Carlos Mesa, quien sostiene que hubo un “enorme fraude” y que se le arrebató la posibilidad de desempatar con Morales en una segunda vuelta.

Unas horas antes de que se conocieran la noticia de estas muertes, el ministro de Comunicación, Manuel Canelas, había llamado a la oposición a encontrar una solución política a la crisis, “antes de que pase algo de lo que todos nos arrepentiremos”. Mesa decidió rechazar la invitación gubernamental a participar de la auditoría de las elecciones que comenzará este jueves un equipo de especialistas de la Organización de Estados Americanos (OEA), en virtud de un acuerdo entre este organismo y el Gobierno boliviano. Para Mesa, los términos en los que esta auditoría se desarrollará fueron pactados unilateralmente y sin tomar en cuenta los planteamientos de la oposición. Al mismo tiempo, el excandidato culpó al Gobierno, que moviliza a sus bases en contra de los bloqueos, por el incremento de la violencia.

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Una de las dos personas asesinadas, al parecer con disparos de escopeta, pertenecía al movimiento cívico. Dirigentes opositores publicaron condolencias y fuertes denuncias contra el oficialismo. La militancia de la otra persona fallecida no está confirmada. La cuestión de quiénes fueron las víctimas y quiénes los autores de los disparos adquiere ahora gran importancia en la polarizada situación boliviana. Existen otros heridos de bala en las filas progubernamentales; uno de ellos, en un vídeo, culpó por lo sucedido a los dirigentes del Comité Cívico de Santa Cruz, que están a la cabeza de la huelga más importante por la anulación de las elecciones. Su declaración mostró el peligro que se cierne sobre el país: “Balean a la gente pobre, son unos maleantes, esto no se va a quedar así”, dijo. Por su parte, el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, afirmó que “a las familias de quienes han fallecido seguramente no les importa el bando del que eran; la pérdida de vidas es irreparable”. Para Zavaleta, la peor parte de la falta de acuerdo entre el Gobierno y la oposición es que, como resultado de ello, “hay grupos armados en las calles”.

Mientras tanto, el Gobierno está pendiente de la auditoría de la OEA. Si la verificación encontrara suficientes irregularidades, podría producirse una votación de desempate entre Morales y Mesa. La oposición considera que se trata de “un engaño” y asegura que no quiere una segunda vuelta, sino una nueva elección general. Incluso, algunos dirigentes reclaman la renuncia inmediata del Gobierno. 

Pero la posición de Comunidad Ciudadana, la coalición de Mesa, sobre la auditoría ha sido incierta: el propio expresidente la aceptó de forma implícita, pero su número dos, Gustavo Pedraza, desmintió que la aprobaran como una salida a la crisis actual. El vicepresidente del Gobierno de Morales, Álvaro García Linera, pidió públicamente este martes por la mañana al “candidato perdedor”, Mesa, sumarse al proceso de revisión. Horas después, este preguntó, también a través de la prensa, si dicha auditoría sería “vinculante”. Es decir, si podría cambiar los resultados oficiales del Tribunal Electoral. El ministro de Comunicación respondió afirmativamente. 

El informe de la misión electoral centra sus críticas en la suspensión de la transmisión de las fotografías de las actas electorales —para realizar el recuento rápido— durante 24 horas, sin que se sepa con certeza la razón, ya que existen varias explicaciones oficiales diferentes. Cuando este cómputo se suspendió, la distancia entre Morales y Mesa era de siete puntos porcentuales y, de acuerdo con la ley boliviana, debía haber una segunda vuelta. Cuando el cómputo se reanudó, en cambio, Morales superaba por un 10,12% de los votos a Mesa, justo el margen necesario para ganar en primera vuelta. La misión consideró este cambio de los datos “inexplicable” y capaz de afectar seriamente la confiabilidad de las elecciones. El oficialismo lo atribuyó al voto procedente del área rural, que siempre le ha sido favorable.

Ahora una treintena de especialistas internacionales verificarán los cómputos y evaluarán la cadena de custodia del voto y otros aspectos del proceso electoral, sobre el que se centran las acusaciones de fraude que hizo la oposición boliviana. La auditoría de la OEA se realizará mientras continúan las protestas.