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El vértigo de Quito, del caos a la militarización

Tras el toque de queda decretado por Lenín Moreno en la capital, los indígenas y el Gobierno ensayan un acercamiento mientras continúan los disturbios

Francesco Manetto
Manifestantes se enfrentan a la policía este domingo, en Quito.
Manifestantes se enfrentan a la policía este domingo, en Quito. Paolo Aguilar (EFE)

Las negativas empezaron el sábado por la mañana. “Imposible”, en todas sus declinaciones. “Está prohibido ir”. Los transportistas, precisamente el gremio más afectado por los ajustes económicos y el alza del precio de la gasolina que hace 12 días desataron una oleada de protestas en Ecuador, tienen miedo. Muchos de ellos no quieren oír hablar de la Asamblea Nacional o del Parque del Arbolito, epicentro de las movilizaciones de las comunidades indígenas en Quito. El trayecto entre el centro financiero de la capital y el Parlamento, de unos 4,5 kilómetros, es una inmersión en una ciudad fantasmal, abandonada.

Primero se divisan a lo lejos las señales de humo. Después, las detonaciones anticipan el escenario de batalla campal desatado en torno al mediodía. Los violentos enfrentamientos entre grupos de manifestantes y las fuerzas de seguridad abrieron la caja de Pandora. Y mientras la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que se deslindó de la actuación de los violentos, anunciaba su disposición a dialogar con el Gobierno, Lenín Moreno tomó una decisión radical y decretó la militarización y el toque de queda durante 24 horas en todo el distrito metropolitano.

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“He dispuesto al comando conjunto de las fuerzas armadas inmediatamente tomar las medidas y operaciones que sean necesarias. Restableceremos el orden en todo el Ecuador”, aseguró el mandatario. La medida no evitó nuevos disturbios, aunque los contuvo. Sobre todo, generó un clima de inquietud e incertidumbre que se sumó a las imágenes de la quema de la Contraloría, máximo órgano de control fiscal del país, y asaltos a medios de comunicación. La organización indígena atribuyó justo al intento de “evitar un baño de sangre” su cambio de postura. En los últimos días Quito ha vivido momentos de guerrilla urbana. Ha habido saqueos, vandalismo, violencia, detenciones masivas y episodios de represión. Al menos cinco personas fallecieron, según la Defensoría del Pueblo.

La noche transcurrió en medio de la expectativa de la primera reunión entre las partes, facilitada por Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal. El encuentro, cuyos resultados son aún inciertos, estaba previsto para las tres de la tarde, hora local, pero se retrasó tras repetirse escenas de disturbios y represión en las calles de la capital. Durante la mañana se escucharon caceroladas en algunos sectores. Los sonidos que procedían de las ventanas chocaban con el silencio sepulcral de la mayoría de las calles. El parque de La Carolina, en la zona de Iñaquito, se mantuvo desierto, mientras patrullas de uniformados custodiaban los hoteles y los edificios públicos. Las vías al aeropuerto quedaron inhabilitadas y varias compañías cancelaron operaciones.

Este domingo por la mañana, a la espera del encuentro entre los representantes indígenas y el Ejecutivo, el Ejército levantó parcialmente las restricciones de movilidad hasta las ocho de la tarde del domingo. Los vecinos, incluso algunas familias, salieron a la Avenida de El Salvador para reanudar, poco a poco, su rutina. Un chelo toca Vivaldi en una esquina, mientras la inmensa mayoría de los bares, restaurantes, centros comerciales siguen cerrados.

Camila Torres, contable de 44 años en una empresa de repuestos para automóviles, busca un comercio abierto para comprar algo de comida. Asegura que experimentó miedo. “No sabíamos qué iba a pasar”, afirma. Espera que la negociación calme las aguas y a partir de este lunes puedan volver a trabajar. “Tenemos que cobrar la quincena”, recuerda. La ciudad sigue, en cualquier caso, sumida en la conmoción. Moreno insistió en culpar de lo sucedido a “fuerzas oscuras vinculadas a la delincuencia política organizada y dirigidas por Correa y Maduro en complicidad con el narcoterrorismo, con pandillas y con ciudadanos extranjeros violentos”. Sin embargo, se avino a revisar el paquete de recortes solicitado por el FMI y conocido como decreto 883, aun sin modificar, al menos por ahora, la subida del precio de la gasolina. A cambio, el presidente propuso un bono de 20 dólares mensuales a los empleados del sector privado.

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Sobre la firma

Francesco Manetto
Es editor de EL PAÍS América. Empezó a trabajar en EL PAÍS en 2006 tras cursar el Máster de Periodismo del diario. En Madrid se ha ocupado principalmente de información política y, como corresponsal en la Región Andina, se ha centrado en el posconflicto colombiano y en la crisis venezolana.

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