La Casa Blanca intentó esconder la llamada de Trump a Ucrania, según el informe del denunciante

En base a información recibida de “más de media docena de oficiales del Gobierno”, el denunciante redactó un texto de nueve páginas en el que describe cómo la Casa Blanca trató de “bloquear” los registros de una conversación telefónica, el pasado 25 de julio, entre el presidente estadounidense y su homólogo ucranio, Volodímir Zelenski. En el transcurso de la misma, días después de ordenar la congelación de un paquete de ayuda militar a Ucrania por valor de cientos de millones de dólares, Trump pedía a Zelenski que investigara a su rival demócrata Joe Biden, favorito a enfrentarse al presidente republicano en 2020, y a su hijo Hunter.

“Esta interferencia incluye, entre otras cosas, presionar a un país extranjero para que investigue a uno de los principales rivales políticos domésticos del presidente. El abogado personal del presidente, Rudolph Giuliani, es una figura central en ese intento. El fiscal general [William] Barr parece estar implicado también”, escribe el denunciante. En la llamada, un registro de la cual también fue desclasificado la víspera, el presidente Trump pide a Zelenski que investigue a los Biden y le dice que le llamarán por teléfono Barr y Giuliani para llegar “hasta el fondo del asunto”. El texto desclasificado el miércoles no es una transcripción literal de la conversación, sino el producto de las notas y los recuerdos de los funcionarios y del personal asignado para escuchar y registrar por escrito la conversación a medida que tiene lugar.

La identidad del denunciante no se revela en el documento desclasificado, pero de su tenor se desprende que posee un extenso conocimiento de la política exterior estadounidense en Europa, así como de la situación actual y la historia reciente en Ucrania. The New York TImes asegura, citando a tres fuentes anónimas, que se trata de una agente de la CIA que fue destinado a la Casa Blanca antes de regresar a la agencia.

La conversación telefónica, en cualquier caso, alarmó tanto al oficial de inteligencia en cuestión, que decidió presentar una denuncia anónima. En la misma, el denunciante anónimo asegura que “altos oficiales de la Casa Blanca intervinieron para bloquear todos los registros de la llamada telefónica, especialmente la transcripción literal oficial que se realizó como es costumbre en la situation room [la sala de crisis]” de la residencia oficial del presidente. “Estas acciones subrayan para mí que los oficiales comprendían la gravedad que transpiraba la llamada”, concluye. Los funcionarios que le contaron los detalles de la llamada, añade el denunciante, estaban “profundamente inquietos”.

Los abogados de la Casa Blanca, según el denunciante, ordenaron que los registros de la conversación telefónica con Zelenski se retiraran del sistema donde normalmente habrían sido almacenados y que se trasladaran al sistema en el que se almacena la información más clasificada, con implicaciones para la seguridad nacional, a pesar de que el contenido de la llamada no reunía los requisitos para ser guardada allí. En un apéndice del texto, el denunciante asegura además que, según le relataron los oficiales, no era la primera vez que en la Casa Blanca de Donald Trump se trataba de esta manera la transcripción de una conversación del presidente, "solo con el propósito de proteger información políticamente sensible, y no relacionada con la seguridad nacional".

En su escrito, el denunciante anónimo confirma también que fue informado de que el seguimiento del caso al que se refería Trump en la llamada llegó a producirse. "El 2 de agosto o cerca de esa fecha", escribe el denunciante, "Giuliani viajó supuestamente a Madrid para reunirse con uno de los consejeros del presidente Zelenski, Andriy Yermak". "Los oficiales [que informaron al denunciante] caracterizaron dicha reunión, de la que no se informó públicamente en su día, como un 'seguimiento directo' de la llamada entre el presidente y Zelenski sobre los casos que discutieron", asegura.

Rica en detalles, la denuncia desclasificada arroja más combustible al proceso de impeachment —juicio político en el Congreso a un alto funcionario por delitos graves, previsto en la Constitución— que la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, anunció el martes que se disponía a iniciar. Proporciona, además una hoja de ruta a los demócratas, con testigos que pueden ser llamados a testificar en la investigación de los legisladores que precede al potencial juicio político para destituir al presidente. Añade, por último, un poco más de presión a los republicanos moderados que optan por seguir defendiendo a Trump.

El presidente ha rechazado las acusaciones de que actuó inadecuadamente, y este jueves por la mañana, en un tuit, se ha referido a la trama como "el mayor timo de la historia de la política estadounidense".

La denuncia, dirigida en su encabezamiento a los presidentes de los Comités de Inteligencia de las dos cámaras del Congreso, llegó a manos de Joseph Maguire, que había sido nombrado por Trump para el cargo de director de la Inteligencia Nacional, que ocupa desde entonces de manera interina, apenas cuatro días antes de la fecha de la denuncia. Este decidió no compartirla inmediatamente con el Congreso, antes de conocer la opinión de la Casa Blanca sobre su grado de confidencialidad.

El texto ha sido hecho público horas antes de que, en la misma mañana de este jueves, Maguire compareciera ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. En su testimonio, que ha concluido al mediodía, el almirante de la Marina retirado, sin demasiada experiencia en los entresijos de inteligencia, ha defendido con solvencia su decisión de no compartir inmediatamente con el Congreso la denuncia anónima.

Alega Maguire que los hechos denunciados, al tratarse de una conversación del presidente con un líder extranjero, podrían haber estado protegidos por el privilegio ejecutivo, algo que él no está autorizado a sortear y que, finalmente, la Casa Blanca decidió no aplicar. El privilegio ejecutivo otorga al presidente la capacidad de retener información al público, al Congreso y a los tribunales, cuando el asunto atañe a la seguridad nacional. Maguire ha asegurado también que considera que el denunciante “hizo lo que percibía que era lo correcto” al remitir su queja.

Si no puede leer el informe del denunciante, pinche aquí.