Las medidas anticrisis de Mauricio Macri chocan con los gobernadores peronistas

Mauricio Macri perdió el 11 de agosto mucho más que una elección primaria. Las medidas de alivio económico que lanzó la semana pasada, un intento urgente por recuperar el voto, le han costado ahora la ruptura del matrimonio por conveniencia que desde diciembre de 2015 lo unía a los gobernadores peronistas. Los 19 jefes territoriales que responden a la oposición denunciaron este miércoles que las últimas decisiones económicas de Macri se financian con dinero de las provincias y advirtieron que llevarán su queja ante la Corte Suprema. Lo gobernadores apuntaron a la bajada inconsulta del impuesto a la renta y la eliminación del IVA a algunos alimentos básicos, dos tributos que recauda el Gobierno central y luego reparte entre las provincias.

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La rebelión de los gobernadores peronistas enterró para siempre aquella foto de septiembre de 2018, cuando firmaron con Macri su apoyo al ajuste fiscal que Argentina había acordado con el FMI, a cambio de un rescate financiero de 57.000 millones de dólares. Macri siempre se supo en desventaja numérica en el interior del país, donde sólo cinco de los 24 gobernadores pertenecen a su alianza de Gobierno. Por eso siempre garantizó a las provincias opositoras el dinero que les correspondía por ley, un gesto novedoso en un país donde los fondos coparticipables suelen ser arma de Buenos Aires contra mandatarios díscolos. El flujo de dinero permitió a las provincias cerrar sus cuentas con superávit y a sus gobernadores ganar con comodidad sus respectivas elecciones locales. Todo ese delicado equilibrio voló por los aires.

El miércoles pasado, aún aturdido por el triunfo por más de 14 puntos del kirchnerista Alberto Fernández en las primarias abiertas, Macri salió a la caza del voto perdido. El presidente se supo vaciado de poder, pero dispuesto a dar pelea al candidato peronista en las generales de octubre. Lanzó entonces un paquete de alivio de impuestos con el objetivo de meter dinero en los bolsillos de la clase media y reactivar, al menos, el consumo en una economía en recesión. Los gobernadores denunciaron que esos impuestos que los argentinos dejarán de pagar son fuente de financiamiento de las provincias. Y calcularon que el daño fiscal a sus administraciones rondará los 1.000 millones de dólares.

“Queremos que el Gobierno nacional no disponga de los recursos que les corresponden a las provincias. Con sus recursos que haga lo que le parezca, pero no con los nuestros. Lo que resuelve el Gobierno con fondos que no son propios es inconstitucional”, advirtió el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, a la salida del encuentro con su pares. El belicismo de Urtubey es la foto del nuevo escenario político en Argentina. Líder de los gobernadores que la Casa Rosada consideraba “dialoguistas”, el salteño se alejó poco a poco de Macri a medida que se agravaba la crisis económica. Urtubey, finalmente, rompió amarras y acompanó al exministro Roberto Lavagna como candidato a vicepresidente. La boleta Lavagna-Urtubey sumó el 8,5% de los votos en las primarias.

La rebelión de los gobernadores coincide, sin embargo, con un clima de relativa calma económica. El peso lleva sin perder valor frente al dólar desde el viernes pasado, tras caer 30% en las tres jornadas que siguieron a las primarias. La moneda local parece haber encontrado un nuevo valor de equilibrio alrededor de las 57 unidades por dólar, aunque al costo de tasas de interés por encima del 70%. Dos charlas telefónicas entre Macri y Fernández y el estreno de un nuevo ministro de Economía, Hernán Lacunza, trajeron algo de paz a la incertidumbre en la que viven los argentinos. El intento de fumata blanca entre oficialismo y oposición está aún en marcha. El ministro Lacunza recibió este miércoles a los consejeros económicos de Fernández para escuchar recomendaciones para enfrentar la crisis.