A principios de este mes, la justicia italiana infligió una clamorosa enmienda a la política migratoria de Matteo Salvini, liberando a la capitana del buque Sea Watch 3 que había desafiado el cierre de los puertos italianos y derribando con argumentos jurídicos los principios de la Liga. Pocos días después, un juez español forzaba la reactivación de la zona de tráfico restringido en el centro de Madrid que el recién instalado Gobierno municipal había decidido levantar de forma abrupta y radical pese a las fuertes dudas sobre su impacto en la contaminación. Poco antes, a finales de junio, la justicia europea declaró ilegítimo un aspecto clave de la reforma del Tribunal Supremo emprendida por el Gobierno polaco.
Son solo los últimos episodios de la larga y a menudo noble historia de la función de control del poder judicial sobre el político. Sin embargo, conviene detenerse y reflexionar sobre la cambiante naturaleza de este fenómeno, debido sobre todo a la cambiante naturaleza del escenario político.
Nos adentramos en una época de fragmentación parlamentaria que produce inestabilidad y litigiosidad; de liderazgos mesiánicos que buscan y logran una conexión directa con el demos, sorteando filtros mediáticos y esquinando procesos institucionales; de una creciente necesidad de golpes de efecto, estandartes, símbolos entregables ante sociedades a la vez hipersensibles y que pasan pantalla a la velocidad del rayo; en Europa del Este, también, una época de claros impulsos iliberales.
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En este escenario político —acompañado de otro económico con colosos empresariales globales con un alcance, complejidad y capacidad de maniobra quizá inauditos en la historia— la tarea de guardián del poder judicial afronta nuevos e inquietantes retos. Su importancia es capital. Ninguna duda de ello tienen aquellos que corren el riesgo evidente de perder ese baluarte.
Mientras Donald Trump se vio forzado el jueves a dar marcha atrás en su voluntad de incluir una pregunta sobre ciudadanía en el censo de EE UU debido a la intervención del Supremo, en Hong Kong enormes masas han protestado en contra de un proyecto de ley que habría permitido en el futuro la extradición de ciudadanos del territorio a China continental. Quien se fíe de la independencia e imparcialidad de un tribunal chino —o ruso— que levante la mano. Esto es el núcleo de lo que diferencia a Occidente del resto.
En la parte oriental de Europa, la capacidad de control del sistema judicial sobre el político está claramente bajo acoso. Frans Timmermans fue punta de lanza en la lucha de la Comisión Europea contra esa deriva. Precisamente el bloque de Visegrado (Polonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa) se opuso a su candidatura como futuro jefe del Ejecutivo comunitario. Italia también, en una significativa sintonía con Varsovia y Budapest.
Pero también conviene vigilar con atención la salud de ese mecanismo en el pulmón occidental de Europa. En España, por ejemplo, los mensajes de WhatsApp del exportavoz en el Senado del PP (y antiguo director de la Policía) con los que presumía de que el pacto alcanzado —y luego frustrado— con el PSOE para la nueva cúpula del órgano de gestión del poder judicial permitiría “controlar desde detrás” salas clave del Supremo, representan una señal de alerta que no debe olvidarse.
Se dan condiciones en el poder político y económico que anuncian una situación de estrés para el poder judicial. Los tres casos que encabezan este artículo invitan al optimismo, pero más vale estar alerta como hongkoneses para defender ese tesoro, esa trinchera ante los desmanes de otros poderes.
