Un pulso histórico

La extrema dificultad que ha encontrado el Consejo Europeo para encender la fumata blanca de los nuevos altos cargos de la UE no se explica por el hecho de que fueran varios los nombramientos a realizar. Al contrario, designar un paquete en vez de un solo puesto permitía alcanzar equilibrios de tipo ideológico, geográfico o de género.

La razón tampoco reside en que éste es el signo de los tiempos. Es verdad que, si últimamente resulta tan tortuosa la formación de gobiernos en países donde hasta hace poco eran muy rápidas las investiduras (Reino Unido, Alemania, España o Suecia), sería del todo esperable que esa complejidad se multiplique en el nivel supranacional donde la tendencia a una creciente fragmentación política es todavía mayor. Pero, a mi juicio, la respuesta a por qué han sido tan arduas las negociaciones hay que encontrarla en que, más allá de la relevancia de cinco nombramientos para un quinquenio concreto, se estaban decidiendo reglas para el futuro.

Si asumimos que, mutatis mutandis, la Comisión ejerce el poder ejecutivo en la UE y que el legislativo está formado por el Parlamento (cámara baja, organizada en partidos) y el Consejo (que hace de cámara territorial), entonces el Consejo Europeo sería una especie de soberano colectivo. Siguiendo esa analogía institucional, los líderes nacionales desearían seguir actuando como si fueran un soberano decimonónico. Es decir, elegir libremente al jefe del Ejecutivo que más le plazca y que el parlamento apoye con pocas resistencias los designios del monarca.

Lo interesante es recordar aquí que, en el tránsito del siglo XIX al XX, los parlamentos nacionales (organizados ya en partidos de masas) dejaron de aceptar dócilmente el nombre que proponía el Rey y empezaron a exigir una investidura parlamentaria del primer ministro. Que el jefe del Ejecutivo emane de las mayorías políticas en el parlamento y no de la voluntad del soberano suponía arrebatar a éste un enorme poder. Muchos reyes (autoritarios) se resistieron. Otros aceptaron la lógica democrática de proponer un nombre según las elecciones. Y así fue surgiendo la fórmula de investidura que (con adaptaciones) hoy se usa en todos los países europeos; esto es, el jefe del Estado, conociendo el resultado electoral, consulta con los partidos y propone al candidato con más posibilidades de que le vote la mayoría parlamentaria.

El Tratado de Lisboa viene a sugerir que esa misma pauta se aplicase a la UE. El soberano (Consejo Europeo) miraría los resultados electorales y propondría un presidente de la Comisión que pueda conseguir el apoyo de los partidos en el Parlamento. Así que asistimos, un siglo después que en las democracias nacionales, a la misma tensión institucional entre un soberano (un jefe de Estado colectivo) y un parlamento que está organizado en familias de partidos que han designado candidatos (spitzenkandidaten) para el puesto.

La elección de Ursula von der Leyen (tras los descartes de Manfred Weber y de Frans Timmermans) supone el triunfo de quienes se han comportado en el Consejo Europeo cual emperadores austrohúngaros que desean retener la libre designación del jefe de Gobierno, y la derrota de quienes actuaban como reyes constitucionales belgas dispuestos a ceder ese poder. El pulso lo han ganado por ahora los primeros. Queda la esperanza de que la elegida tenga al menos la habilidad de un buen valido o que los eurodiputados se rebelen y, como sus predecesores hace más de cien años, den la batalla por una conformación más rápida de la UE como democracia parlamentaria.

Ignacio Molina es investigador del Real Instituto Elcano. Este artículo ha sido elaborado por Agenda Pública para EL PAÍS