¿Y las prioridades?

Uno, quizá por ingenuo, piensa que las prioridades del Gobierno mexicano tendrían que estar claras. Y que existen, al menos, tres áreas especialmente sensibles para atender: la inseguridad, la pobreza y la crisis migratoria. ¿Por qué son áreas cruciales? Vamos paso a paso. Las cifras oficiales hablan de que se perpetraron 17.500 homicidios dolosos en los primeros seis meses de gobierno (489 de ellos identificados como feminicidios). Hay, por tanto, una violencia que desborda a las autoridades. Es evidente que la ola criminal viene de lejos. México lleva más de un decenio padeciéndola: no se trata de un asunto coyuntural ni de un plan para desestabilizar a esta Administración en específico, como se ha pretextado. También es evidente que ningún otro tema puede ser tan importante. Todos los derechos dependen del derecho a la vida.

¿Qué ha hecho el Gobierno al respecto? Minimizar las cifras (cosa que hicieron antes las administraciones panistas y priistas) y lograr la aprobación de una Guardia Nacional, civil en el papel y militar en los hechos, que, de momento, ha sido desplegada en el sureste. Pero no para atajar la violencia sino para contener la corriente migratoria centroamericana.

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Más datos. El empleo es el mecanismo indispensable para combatir la pobreza. Pues en mayo de 2019 se registró un derrumbe de 88 % en la creación de puestos de trabajo, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Y las cifras sumadas del último año dan como resultado un aumento de 2.4 %, el más bajo desde 2010. Números inquietantes. Como inquietante es que el presidente intente rebatir el dato aduciendo que no incluye a los beneficiarios de programas sociales (pese a que el criterio para recontar es el registro que el patrón debe hacer ante el Seguro Social, y al que no tienen derecho los adheridos a esos programas). La discusión está abierta, si se quiere. El hecho incuestionable es que hay focos amarillos en el horizonte. Y que los programas sociales no pueden sustituir, económica y socialmente, al empleo formal.

Y llegamos a la migración. El Gobierno inició su periodo comprometiéndose a una política más humana y solidaria con los migrantes. Pero las presiones (o, digámoslo claro, el chantaje) de Donald Trump, el presidente de EE UU, echaron abajo esa postura. México se vio obligado a cambiar de discurso y ya funge como la primera línea de blindaje para el vecino del norte. Se ha intentado compensar esta incongruencia al anunciar algunos apoyos para Centroamérica, sí, pero eso no resuelve el problema de fondo: la crisis humanitaria en el sureste, el recrudecimiento de la xenofobia mexicana, la victoria política que se le cedió a Trump.

Y ahora viene lo mejor. Si estos temas, complejos y riesgosos como son, están muy lejos de resolverse y requerirán, tan solo para atenderlos, una multiplicación de esfuerzos y recursos ¿por qué el Gobierno se abre más frentes de batalla? Resulta extraño, por ejemplo, que dedique tanto tiempo y afanes a polemizar con científicos, académicos, deportistas de alto rendimiento y artistas (sectores que, por cierto, por años y mayoritariamente, dieron apoyo político al ahora presidente). Los recortes presupuestarios, los amagos de recortes aún mayores pero, sobre todo, la suficiencia y el desdén con que el presidente y funcionarios de su Gobierno y partido se refieren a la ciencia, la academia, el deporte y la cultura son obvios. También es obvia la voluntad de identificar a científicos, académicos, deportistas y artistas como miembros de supuestas “castas doradas” o “hiperélites”, cubiertos de privilegios, pero que son en el fondo una “carga” para el país, con argumentos tomados del discurso más neoliberal que sea posible concebir. ¿Cómo es que la ciencia, la academia, el deporte y la cultura son “cargas” intolerables para el erario? Un ejemplo permite ver el despropósito (tomo el dato de un trabajo publicado por el periodista Roberto Barco Celis en Mugs Noticias): tan solo en los recursos para gasolina, lubricantes y gas doméstico que se le otorgan al sindicato del Pemex, se gastarán en 2019 alrededor de 14.000 millones de pesos. Esta simple prestación es bastante superior a la totalidad del presupuesto de la Secretaría de Cultura para el mismo periodo, que quedó en 12.894 millones de pesos.

Entonces, más que un asunto de austeridad y dinero, parece que se trata de un tema de poder y control. La crítica está en la naturaleza de la ciencia, la academia y el arte y a los gobiernos esto no suele gustarles. ¿Pero, justamente, no tienen que ser la ciencia, la academia, el arte (y hasta el deporte, en cierto sentido) espacios de crítica y libertad, y el Estado el garante de esos espacios? ¿Le quedará eso claro a un mandatario que dice, literalmente, que su Gobierno sí apoya a la cultura, pero solo a lo que él entiende por cultura? ¿Qué es más importante: presionar a los críticos o atender los problemas que motivan sus reparos?