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OPINIÓN i

¿Judicializar la política o juzgar al político?

Unos mueven la democracia de los oprimidos, otros la tiranía del mando

El ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro.
El ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro. REUTERS

La Operación Lava Jato es conocida como la mayor operación de combate a la corrupción en todo el mundo. Es elogiada y criticada. En torno a ella, un amplio espectro de disputas políticas se estableció, facilitando así la consolidación de una agenda partidista anticorrupción para la elección de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil. A diferencia de otras cuestiones democráticas, combatir la corrupción se convirtió en propiedad de los que se oponían al expresidente Lula y al PT — un juego político bien engendrado y movido con la ayuda del Poder Judicial —. No por casualidad, Sérgio Moro, pasó de ser juez de Lava Jato a ministro de Justicia del Gobierno de Bolsonaro, con la promesa de convertirse en ministro de la Suprema Corte.

El escándalo de la filtración de los mensajes, que destapó The Intercept Brasil, entre el juez y el fiscal de la operación Lava Jato mostró más que equívocos éticos o legales. Sugiere un abuso del poder judicial para favorecer a determinados sectores de la política del país. Aunque para algunos juristas, las interacciones pueden ser consideradas prácticas profesionales regulares, el contenido de los mensajes está lejos de ser normal ante la ley o la ética del Poder Judicial: eran acuerdos, estrategias y tácticas con el objetivo de garantizar la detención de Lula. El juez y el Ministerio Público se unieron para favorecer una ideología partidista. Los mensajes explicitan un aspecto frágil de la democracia brasileña: el despotismo que ignora la separación entre los poderes y la responsabilidad de sus actores por el poder que les ha conferido por el cargo. Juez y procurador se confundieron con ideólogos a perseguir a un oponente político.

Hay algo irónico en el escándalo de los mensajes entre juez y el promotor de la Operación Lava Jato. Por décadas, los movimientos sociales, en particular los movimientos feminista, negro o LGBT, fueron acusados de "judicializar la política" y provocar el "activismo del Poder Judicial”. Las mujeres fueron a las cortes locales y al Supremo Tribunal Federal (STF) para garantizar el derecho al aborto en caso de anencefalia (ausencia parcial o total del cerebro o el cráneo del feto), por la epidemia del Zika o, recientemente, para no enfermarse ni morir por la criminalización del aborto. La criminalización de la homofobia fue una decisión del STF, criticada por el Congreso Nacional, quien acusa a la corte de actuar erróneamente como "legislador activo". Casos similares llegaron de pueblos quilombolas o de naciones indígenas — en todos, los movimientos sociales fueron acusados de confundir las fronteras entre los poderes de la república, de crear atajos para no enfrentar el verdadero espacio de lo político en el Congreso Nacional.

A diferencia de la Operación Lava Jato, cada uno de los litigios de los movimientos sociales se sometió completamente a las reglas de la justicia. Fueron ocho años de espera para reconocer que una mujer no debe ser encarcelada si, voluntariamente, decide interrumpir la gestación de un feto mortinato. El rigor de un proceso legal fue aplicado para cada etapa de la lucha por los derechos de los movimientos sociales en las cortes. Sin embargo, los movimientos sociales son acusados de provocar la "judicialización de la política", pero en realidad lo que hacen es exigir, legítimamente, a uno de los poderes, respuestas a derechos violados por la ineficiencia de las políticas públicas. Es la apatía de los Gobiernos y de la política parlamentaria lo que obliga a los movimientos sociales a ir a la puerta de las cortes.

La crítica a la judicialización de la política por los movimientos sociales es una lectura equivocada del juego político brasileño, pues es una fotografía parcial sobre cómo el Poder Judicial responde a la realidad que lo provoca. Los mensajes filtrados mostraron cómo se normalizó la "judicialización de lo político" por los señores poderosos en las instituciones del poder del país. Aquí no se trata sólo de un juego de palabras: "judicialización de la política" y "judicialización de lo político". Son dos caras muy diferentes de un fenómeno en el que la institución política es la misma, el Poder Judicial. De un lado, están los grupos marginales que van a las puertas de las cortes con demandas urgentes de vida o derechos, como no morir o no sufrir discriminación. Del otro lado, están los grupos privilegiados y favorecer las estructuras para el mantenimiento del orden ideológico de poder. Unos mueven la democracia de los oprimidos, otros la tiranía del mando. No es sin razón que Montesquieu describió que "no hay más cruel tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y con los colores de la justicia".

Sí, es verdad que el escándalo de los mensajes debilita uno de los aspectos del caso Lava Jato (la prisión de Lula), pero tal vez no toda la operación. Es también correcto reconocer que el equívoco de conducta no deslegitima al Poder Judicial como uno de los poderes fundamentales para la protección de los derechos. Lo que debemos es recontar la historia de quien recurre al Poder Judicial para la protección de la democracia y bajo qué reglas. Los movimientos sociales incitan al Poder Judicial a eliminar políticas públicas ineficaces o inexistentes y a exigir garantías constitucionales desprotegidas por los Gobiernos. 

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