El chavismo lleva a 22 diputados al exilio, la clandestinidad o la cárcel en el último mes
Dirigentes como Richard Blanco, José Guerra o Tomás Guanipa huyen del país por el acoso a la oposición venezolana. El Gobierno libera a Gilber Caro
Mientras el Gobierno de Nicolás Maduro busca nuevos escenarios para el diálogo en Europa y se apresta a atender la visita de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, el Ejecutivo mueve sus fichas para intentar dejar sin oxígeno a la oposición venezolana en el frente interno y consolidar sus posiciones de poder. Un total de 22 diputados de la Asamblea Nacional –que fue declarada en desacato por el chavismo en 2017–, incluyendo algunos suplentes, han tenido que pedir asilo político en Embajadas, han sido encarcelados o se han exiliado del país. Al mismo tiempo, este lunes el régimen ha liberado al parlamentario Gilber Caro, que había sido detenido el pasado 26 de abril.
Richard Blanco, uno de los 14 diputados vinculados por la justicia venezolana con el plan fallido de la oposición venezolana para forzar la renuncia de Maduro, ha huido este lunes a Colombia tras pasar más de un mes refugiado en la Embajada de Argentina en Caracas. "Nadie me silenciará. Por eso decidí cruzar la frontera", publicó en su cuenta de Twitter, junto con una fotografía donde se le ve caminando por una trocha, como se conocen a los pasos informales.
Los parlamentarios Tomás Guanipa y José Guerra, de Primero Justicia, y Liliana Hernández, de Un Nuevo Tiempo, también han abandonado el país, después de que la policía política tomara sus residencias. Sobre ellos pende una sentencia judicial por la quedarían desaforados de su inmunidad parlamentaria. El Supremo venezolano aún no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto.
Guanipa es secretario general de Primero Justicia y segundo dirigente de este partido después de Julio Borges, su coordinador general, quién se encuentra exiliado en Bogotá y es el representante de Guaidó ante el Grupo de Lima. Guerra es un economista de activa presencia en el Parlamento venezolano. La activista Liliana Hernández mantiene relaciones fluidas con los disímiles sectores opositores y lleva adelante importantes tareas en el área logística.
Poco antes de este embate político, el sistema judicial del chavismo ya había emitido resoluciones en contra de los parlamentarios Juan Andrés Mejías, Sergio Vergara, Carlos Paparoni, Américo de Grazia, María Magallanes y Edgar Zambrano, acusados de estar presentes con López y Guaidó durante la ofensiva de la madrugada del 30 de abril. También ha sido señalado y está siendo buscado Miguel Pizarro, joven y carismático diputado de Primero Justicia, cuyo paradero se desconoce.
De Grazia y Magallanes, militantes de Causa Radical, un partido de izquierda de origen sindical, pidieron asilo en la Embajada de Italia en Caracas. Mejía, secretario político encargado de Voluntad Popular, se encuentra en la clandestinidad. El socialdemócrata moderado Zambrano –de los pocos que mantenía algunas relaciones personales con dirigentes chavistas–, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional y militante de Acción Democrática, ha sido llevado a prisión con un polémico procedimiento por el cual su automóvil fue remolcado por una grúa, debido a que se negaba a entregarse a la policía.
En términos más amplios, la lista de dirigentes opositores que han sido reprimidos, encarcelados o forzados a salir del país asciende, de acuerdo con diversas fuentes consultadas, a unas 70 personas. Incluye a personajes tan emblemáticos como Julio Borges, Antonio Ledezma, Carlos Vecchio, David Smolansky, Ramón Muchacho, Juan Requessens y Freddy Guevara; y a los diputados Ismael García, Gaby Arellano, Rosmit Mantilla, Simón Calzadilla, Adriana D'Elia, Dinorah Figuera, Freddy Superlano, José Manuel Olivares y Roberto Marrero, asistente personal de Juan Guaidó.
El acoso del Gobierno de Maduro ha lastimado seriamente la estructura dirigente y el aparato logístico de la oposición venezolana y el Parlamento, si bien algunos de sus miembros sostienen que el cuórum legislativo se mantiene vigente y se puede continuar trabajando en iniciativas políticas.
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