El Reino Unido firma la orden de extradición de Julian Assange a EE UU

El Gobierno del Reino Unido confirmó ayer su disposición a dar inicio al proceso de extradición a Estados Unidos del cofundador de Wikileaks, Julian Assange, de 47 años, quien se encuentra en la actualidad en la prisión londinense de Belmarsh.

 “Assange está donde tiene que estar: encarcelado. Hay una petición de extradición de EE UU pendiente de la decisión de los tribunales, pero ya he firmado la orden de extradición y la he certificado, para que mañana mismo [por hoy] se presente ante la justicia”, dijo ayer en la BBC el ministro del Interior británico, Sajid Javid.

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Un tribunal de la Corte de Westminster celebrará hoy una vista previa para valorar los méritos de la petición estadounidense. No está previsto que Assange esté presente en la sala, según sus abogados, y se espera que siga los procedimientos por videoconferencia.

Si los jueces estiman que hay fundamento, procederán a fijar fecha para el inicio del procedimiento de extradición, que podría prolongarse durante meses. El equipo legal del acusado ya ha anunciado su decisión de recurrir hasta el final cualquier decisión contraria a los intereses de su cliente.

Assange fue condenado a casi un año de cárcel por la justicia británica, por saltarse las condiciones de su libertad provisional en 2012. Las autoridades suecas habían exigido la entrega del prófugo, acusado de varios delitos de violación y abusos sexuales contra dos mujeres que colaboraron en un acto de Wikileaks en Estocolmo dos años antes. El hacker obtuvo la protección diplomática del gobierno de Ecuador, presidido entonces por Rafael Correa, y se mantuvo encerrado durante siete años en las dependencias de la embajada ecuatoriana en Londres.

Washington acusa a Assange de varios delitos contra la Seguridad Nacional. En colaboración con la exsoldado Chelsea Manning, obtuvo y publicó documentos confidenciales sobre la intervención militar de Estados Unidos y sus aliados en Irak y Afganistán.

El actual Gobierno de Ecuador decidió romper lazos con el prófugo de la justicia y lo entregó a las autoridades británicas el pasado abril. Le acusaban de haber abusado de su hospitalidad y llevado a cabo actividades ilegales y de injerencia en los asuntos internos de otros países desde su encierro. Assange se había convertido en un huésped incómodo que, entre otras cosas, provocó la protesta del Gobierno español por su campaña en las redes a favor de movimiento independentista en Cataluña, en los días previos y posteriores al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Nils Melzer, Relator Especial para la Tortura de la ONU, se mostró contrario el pasado mes a la entrega de Assange a las autoridades estadounidenses, y denunció que “corría un serio riesgo de sufrir graves violaciones a sus derechos humanos”, en línea con los argumentos expuestos también por los abogados del acusado.

El Gobierno sueco decidió reactivar las acusaciones contra Assange, que había sobreseído provisionalmente, después de conocer su entrega a Londres. Sin embargo, un tribunal de ese país dictaminó que no era necesario proceder a la detención y detuvo así unos trámites de extradición que estaban a punto de ser cursados. De este modo, la petición del Ejecutivo de EE UU ha adquirido prevalencia.