Las madres brasileñas que culpan al Estado de la muerte de sus hijos

Maria de Jesus da Silva, mamá de Renayson. Bruna Mozer, mamá de Luciano. Adriana de Farias, mamá de Wallacy. Gláucia dos Santos, mamá de Fabrício. Maria do Carmo Silveira, mamá de Thiago. Luciana Lopes, mamá de Lucas. Ana Paula Oliveira, mamá de Johnatha. Marinete Silva, mamá de Marielle Franco.

Esas brasileñas están de luto por haber perdido a sus hijos, la gran mayoría muertos –muchos  ejecutados sumariamente– por policías o soldados del Ejército en operaciones de seguridad o que actuaban como mercenarios o paramilitares. A pesar del dolor, eligieron luchar por la dignidad de sus nombres. “Yo financié los disparos que mataron a mi hijo y no puedo aceptarlo. Sus sueños fueron robados por el brazo fuerte del Estado”, argumenta la cuidadora Edna Carla Cavalcante, líder de Madres de Curió, una de las varias redes de familiares que nacieron en Brasil en plena democracia. Unidas por la lucha y el dolor, reclaman explicaciones, justicia y reparación del Estado, al cual acusan de haber matado a sus hijos a través de la acción directa de sus agentes o por su omisión. Enseñan que luchar contra el terror estatal es todavía necesario.

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Un terror que invadió la noche de Fortaleza, la capital del estado de Ceará, noreste de Brasil, en la noche del 11 de noviembre de 2015. Álef, hijo de Cavalcante, era uno de los 11 jóvenes sin vínculos con el mundo del crimen que fueron asesinados en el barrio de Curió y alrededores por 45 policías que querían vengar la muerte de un colega. “Hoy vive a través de mi lucha. Pero yo no quería ser una madre de Curió, preferiría ser solo la madre de Álef”. Diez meses después de la matanza, 44 policías fueron procesados y 34 serán sometidos a un jurado popular. Nueve volvieron a la corporación en abril de este año.

Las historias más visibles están en lugares como São Paulo y Río de Janeiro, ciudades donde las madres afectadas por la violencia del Estado están más organizadas. “Llevo cinco años en esta lucha. Cuando asesinaron a mi hijo, y asesinaron su memoria y dignidad, prometí que yo sería parte él”, discursa Ana Paula Oliveira, del grupo Mãe de Manguinhos. Su hijo Johnatha fue asesinado en 2014 con un disparo en la espalda efectuado por un policía de la favela de Manguinhos, en Río. Y, como suele suceder, la Policía le acusó falsamente de ser un narcotraficante. “Estamos aquí para reclamar una indemnización, pero la principal reparación es con la memoria de nuestros hijos. Suelen decir que encubrimos a criminales, pero es el Estado quien lo hace”.

Oliveira discursa para un grupo de madres durante el 4º Encuentro Nacional de Madres y Familiares de Víctimas del Terrorismo del Estado, que reunió a un centenar de personas entre el 19 y 21 de mayo en Goiânia. El encuentro lo organizaron 18 grupos de barrios periféricos y de familias de ocho Estados brasileños. Un momento de fortalecimiento y de apoyo psicológico mutuo. Un tranquilo retiro en una granja fue el escenario perfecto para tantas recordaciones durante aquellos días de mayo: las alegres niñeces de sus hijos, a pesar de las dificultades impuestas por la pobreza; las dolorosas muertes que despedazaron completamente a las familias. Es un dolor que todas conocen y todas entienden. Y una lucha hercúlea contra una vocación mortífera del Estado brasileño que pocos, a veces ni siquiera los parientes y amigos cercanos, comprenden.

Esa vocación mortífera se traduce en números. De 65.605 homicidios en 2017, las fuerzas de seguridad cometieron al menos 5.159, según los datos oficiales de los Estados agrupados por el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA) y el Fórum Brasileño de Seguridad Pública (FBSP). Significa que los agentes mataron una media de 14 personas por día en 2017 en todo el país. La segunda causa de muertes violentas. Sin embargo, cerca de dos quintos de esas muertes se han producido solamente en Río y São Paulo. Ni todos los Estados calculan esos casos. Además, ni todos los casos son notificados porque no es siempre que la Policía asume su culpa o porque grupos de matadores y milicianos actúan en las sombras. Los expertos estiman que los datos reales, y no contabilizados, son mucho mayores.

A todos los obstáculos de siempre se suma ahora la marea política actual, desfavorable a lo que reclaman. El presidente ultraderechista Jair Bolsonaro fue elegido en 2018 defendiendo que la policía puede, y debe, matar. Algo que no es una novedad en Río, el Estado donde los policías más matan –y también más mueren–. En 2018, el gobierno registró 1.534 muertes cometidas por sus agentes, un récord. Este año, el también ultraderechista gobernador Wilson Witzel, que se eligió prometiendo disparar "en la cabeza de los criminales", instituyó una política de terror. Las operaciones policiales en las favelas, con helicópteros disparando hacia el suelo mientras niños con uniforme escolar intentan huir, son diarias. Más récords: de un total de 2.558 homicidios entre enero y mayo, 731 fueron cometidos por agentes estatales, es decir, el 28,6%. Son casi cinco muertes por día.

Los tiroteos son la justificación de los agentes cuando matan. Pero no siempre pasa. En la Nochevieja de 2014, Fabrício dos Santos tuvo que ir a la gasolinera cerca de su casa, en la favela do Chapadão, Río de Janeiro. Un coche policial se acercó. Y desde la ventana un agente disparó con su fusil contra su cabeza. Limpiaron el lugar, llevaron el chaval al hospital y alegaron lo de siempre. Su madre, Gláucia dos Santos, estaba segura desde principio de que mentían: su hijo, de 17 años, trabajaba en Copacabana como pintor y nunca cometió ningún delito.

Es probable que su muerte ni siquiera se investigara. Una comisión parlamentaria concluyó que el 98% de las muertes cometidas por policías entre 2010 y 2015 fueron archivadas por Ministerio Público o el Tribunal de Justicia. Pero Dos Santos solicitó las imágenes de las cámaras de la gasolinera, encontró testigos, presionó a las autoridades y logró desmentir la versión oficial. “Los policías todavía no están en la cárcel, pero ya resultaron condenados en primera instancia. Sin los grupos de madres, la unión y las protestas, no hubiera pasado”. Quedan, sin embargo, el trauma psicológico y los problemas de salud. “Hoy tengo dolor de cabeza muy fuerte, pierda de memoria…”, cuenta. La peluquera se separó hace un año de su compañero, que no aceptaba su nueva vida de activista por los Derechos Humanos. No solo matan a nuestros hijos. A nosotras también, y poco a poco. Encontramos fuerza donde no existe, pero son varias las secuelas”.

Pero la batalla va más allá del fin de la violencia policial contra jóvenes inocentes. También reclaman un nuevo planteamiento para la política de drogas. La actual política de enfrentamiento se remonta a los años setenta, cuando el incremento de la violencia urbana coincidió con la declaración de guerra contra las drogas en Occidente. Desde entonces el enemigo público es el narcotraficante, pero no cualquiera. Para esas familias, esa guerra oculta una política de “genocidio” contra la población afrodescendiente que vive en las periferias. Da igual si son criminales o no.

Esa percepción se refleja en los datos: en 2017, más del 75,5% de las víctimas de homicidio eran jóvenes y negros. Entre 2007 y 2017, la proporción de negros muertos subió un 33%. La mortalidad de los blancos aumentó solo un 3,3%. “Cuando mataron a mi hijo, explicaba siempre que él era inocente. Después me sentí mal porque parecía que estaba justificando que la Policía matara a los hijos de otras madres”, explica Oliveira. “El Estado no tiene que matar a nadie y punto”.

Todos los días antes de dormir Bruna Mozer escucha los audios que su hijo Luciano solía enviar por WhatsApp. El joven vivía en la favela do Muquiço, en Río de Janeiro. Y, a sus 18 años trabajaba para el narcotráfico local. Hasta que en la mañana del 17 de enero de 2018 la Policía militar "llegó a la favela disparando", según testigos. El chaval se puso a correr pelo llevó un tiro en las espaldas. Enseguida, otro en la cabeza. “Ya estaba en el suelo cuando dijo al policía ‘me rindo, señor’, pero el hombre respondió con un disparo en su cabeza”, cuenta, con la voz trémula, esta vendedora ambulante.

Llegó a tiempo de ver el cuerpo de su hijo en el suelo. “La primera cosa que hice fue bendecirlo. Mi mundo paró, solo nos quedamos él y yo. Mientras, los policías estaban charlando entre ellos y riéndose. Fue lo que más me indignó”, cuenta. Uno de los agentes se acercó y recogió los cartuchos de fusil junto al suelo, antes de que llegaran los peritos. La corporación afirmó lo de siempre: que Luciano había intercambiado tiros, “Si mi hijo estaba baleado en el suelo, tenían que llevarlo al hospital y después a la cárcel. Yo le visitaría y haría de todo para que cambiara de vida. Me había prometido que lo haría. Tenía ganas de trabajar y ver a su hija crecer. Mi nieta tiene hoy un año y es lo que me queda”, añade Mozer.

Superpoblación en las cárceles

Esas madres también reclaman el fin de una brutal política de encarcelamiento que hace con que Brasil tenga la tercera mayor sobrepoblación penitenciaria en el mundo. En abril de 2019 eran 704.365 personas detenidas en un sistema con 415.960 plazas. Y aun así las personas más peligrosas del país ni siquiera están presas o condenadas: se estima que menos de un 10% de los homicidios son investigados o aclarados. Además, el 35,9% de los presos cumplen prisión provisional, detenidos con pequeñas cantidades de droga (muchas veces para su propio consumo) o por delitos menores, según datos del FBSP. Las cárceles brasileñas son verdaderos depósitos humanos insalubres, con la diseminación del virus VIH, tuberculosis y otras enfermedades. Pero la omisión del Estado en esos lugares también los ha convertido en incubadoras de peligrosas bandas criminales. Centenas de presos mueren todos los días, enfermos o en matanzas. Como la que sucedió en mayo de este año en Manaus, Estado de Amazonas, norte de Brasil. El conflicto entre dos grupos terminó con la vida de 55 personas.

Los presos brasileños también son susceptibles a toda suerte de abusos por parte de los agentes penintenciarios del Estado. Maria do Carmo Silveira, una mujer de 60 años conocida como Kaká, enseña una fotografía de su hijo Thiago Vinícius. Está en una celda, en una cárcel del Estado de Minas Gerais, sudeste de Brasil. Y muerto. Con una cuerda enlazada en su cuello. Los agentes aseguran que así lo encontraron el 14 de enero de 2014, cuando cumplía 31 años. Dicen que se suicidó, pero a la madre le cuesta creérselo. Su hijo era adicto a las drogas y, a lo largo de su vida, estuvo en varios centros socioeducativos y cárceles por robar o portar sustancias ilegales. “Un testigo cuenta que gritaba en el pasillo ‘llama a mi mamá, me van a matar’. Pero no tenía enemigos”, afirma Kaká. Cree que a su hijo le torturaron y le mataron. Y después fabricaron la escena del suicidio. Quince días después, cuenta la mujer, un colega de la prisión murió en circunstancias también sospechosas. El caso está en la Justicia. Esa madre también quiere explicaciones.