La represión en China después de Tiananmen: de los tanques al control digital

Si hay algo que hoy día parece imposible, es que puedan repetirse en el centro de Pekín, o en cualquier otro lugar de China, unas manifestaciones como las de Tiananmen en la primavera de 1989. Antes de que el Gobierno chino enviara a unos 300.000 soldados, tanques y vehículos blindados a disolver sangrientamente a los estudiantes que reclamaban transparencia y democracia hace este martes treinta años, cerca de un millón de personas llegaron a concentrarse en aquellas protestas en la principal plaza de la capital. Desde entonces, China ha convertido la estabilidad en su principal objetivo, y para garantizarla ha invertido enormes recursos en su seguridad interna. A la censura tradicional y al duro trato a los disidentes se le une ahora el uso de una tecnología puntera para garantizar un estricto control.

No es que exista un gran apetito entre la población china por protestar contra su Gobierno. Tres décadas de espectacular crecimiento económico hacen que la amplia mayoría se encuentre satisfecha, con más o menos matices, con el sistema. La campaña contra la corrupción ha hecho del presidente Xi Jinping un líder muy popular. Y, como presumía este lunes un editorial del periódico Global Times, de línea nacionalista, “Tiananmen inmunizó a China contra las turbulencias”. Aún así, el régimen prefiere curarse en salud y señala como razones el mantenimiento del orden público, el riesgo terrorista y de infiltración de ideas extranjeras indeseables.

Cada año se celebran miles de manifestaciones en todos los puntos de China. La inmensa mayoría protestan contra problemas laborales, estafas o escándalos medioambientales. Ninguna dura demasiado ni alcanza grandes dimensiones: el control de las redes sociales y los sistemas de vigilancia urbana se encargan de ello.

Ese control se hace visible cada 4 de junio, el aniversario de la matanza que el Gobierno quiere guardar bajo la alfombra a toda costa. “Por estas fechas aumenta la censura tras la Gran Muralla Cibernética, que bloquea páginas web y contenido y las herramientas informáticas que se usan para acceder a ellas”, apunta Paul Bischoff, de la compañía de ciberseguridad Comparitech. “Dentro de China, cualquier mención de la matanza o del 4 de junio (6-4, como se le alude en mandarín) queda eliminada de los motores de búsqueda, aplicaciones de mensajería, portales de noticias, blogs y redes sociales”. El editorial del Global Times no está, por supuesto, disponible en la versión en chino del periódico, solo en la inglesa.

La inversión en seguridad interna es superior a la de Defensa. Solo en 2017, según los cálculos del antropólogo alemán Adrian Zenz, el gasto público en seguridad interna alcanzó los 197.000 millones de dólares, casi un 20% más que el presupuesto militar oficial. El año anterior, la partida para seguridad interior había crecido un 17,6%, según los datos del académico.

Las cifras de Zenz excluyen expresamente la inversión en equipos de vigilancia o en seguridad urbana, que estima que representan otras decenas de millones de dólares. China, calculan los analistas, se ha convertido en el principal mercado mundial de equipos de seguridad y uno de los principales proveedores.

Según la empresa de análisis de mercado IHS Markit, China representó en 2017 el 44% de todos los ingresos globales de equipo de vigilancia por vídeo. Entre 2012 y 2017, el mercado chino creció un 13,3% anual de media, mientras que el del resto del mundo aumentó un 2,6% anual. En 2016, según esta compañía, este país contaba con 176 millones de cámaras de vigilancia. Para 2022, según la compañía de análisis de datos IDC, esa cifra podría llegar a los 2.760 millones, casi dos por persona.

No son solo cámaras. Las empresas y los centros de investigación chinos han apostado por tecnologías de reconocimiento facial, de voz o incluso de la forma de caminar. Y las exportan. Según la ONG Freedom House, en 18 de 65 países que analizó en su informe Libertad en la Red 2018, empresas chinas como Yitu, Hikvision -la Policía española desplegó rifles antidrones de esta compañía en la final de la Champions-, o CloudWalk “están combinando avances en inteligencia artificial y reconocimiento facial para crear sistemas capaces de identificar amenazas al orden público”.

Vigilancia de las minorías

En buena medida, el aumento del gasto se ha destinado a la región de Xinjiang, hogar de la minoría uigur, de religión musulmana. La ONG Human Rights Watch ha documentado en esa región un uso recurrente de tecnología para la vigilancia de masas que utiliza códigos QR, inteligencia artificial, big data, datos biométricos y programas de espionaje en los teléfonos. Además, el Gobierno “ha movilizado a más de un millón de funcionarios y policías para supervisar a la gente, incluso mediante programas que se inmiscuyen en la intimidad, en los que se asigna a supervisores para que se alojen regularmente en los hogares de la gente”, explicaba en septiembre pasado en un informe.

El Gobierno chino se ha dotado también de normas que le permiten aumentar el control sobre internet. La nueva ley de Ciberseguridad, que entró en vigor el año pasado, obliga a las empresas a almacenar dentro de China todos sus datos sobre usuarios chinos y a tomar medidas para “interrumpir de inmediato la transmisión” de contenido prohibido. La norma también refuerza el requisito de que las compañías detrás de las redes sociales y las operadoras telefónicas registren a sus usuarios con su nombre auténtico. Como resultado, estas firmas han contratado programas de control electrónico y a miles de moderadores encargados de supervisar sus contenidos para asegurarse que todo se ajusta a las directrices oficiales.

“La mayor parte de lo que eliminamos tiene que ver con la pornografía, pero también contenido problemático desde el punto de vista político”, explica un trabajador de una de estas compañías, que pide el anonimato.

Solo entre octubre y noviembre del año pasado, según datos oficiales, la censura bloqueó 9.800 cuentas de proveedores independientes de información cuyo contenido se determinó “perjudicial para la imagen de la nación”. En tres semanas de enero, la Administración China para el Ciberespacio había eliminado 7 millones de mensajes, cerrado 700 páginas web y desactivado 9.300 aplicaciones para teléfonos móviles.

Las informaciones sobre protestas desaparecen rápidamente. Los comentarios que contienen ciertas palabras clave no llegan a sus destinatarios en las redes sociales. Desde 2015, según los datos del Gobierno, se han cerrado 13.000 páginas de internet de contenido “sucio”. Un estudio de la Universidad de Toronto y la Universidad de Hong Kong ha identificado 3.237 palabras relacionadas con Tiananmen y censuradas. Con todo, mediante el uso de software o palabras alternativas, los ciudadanos chinos suelen conseguir la información o transmitir los mensajes que deseen.

Pero no es algo en lo que Pekín tenga la más mínima intención de relajarse. Ni siquiera, aparentemente, aunque esté en juego el éxito de sus negociaciones comerciales con EE. UU. Según ha publicado el periódico de Hong Kong South China Morning Post, que cita dos fuentes chinas, las posturas de los dos países chocaron, entre otras razones, porque Washington reclamó a Pekín que “abriera totalmente su internet”. “China solo puede acceder a abrir algunas áreas selectivamente. Un internet completamente abierto es imposible”, subrayó una de esas fuentes.