Un caso de feminicidios en serie pone contra las cuerdas al Gobierno de Chipre

Una ola de feminicidios supuestamente perpetrados por un oficial del Ejército grecochipriota ha puesto contra las cuerdas al Gobierno de Nicosia por la falta de investigación de siete crímenes, los de cinco mujeres y dos niñas. El ministro de Justicia, Ionas Nicolaou, ha presentado este jueves su dimisión al presidente del país, Nikos Anastasiadis, “por razones de principios, responsabilidad y conciencia”, mientras las críticas por la negligente actuación policial tras las desapariciones de las víctimas —cinco empleadas de hogar extranjeras, y las hijas de dos de ellas— alimentan la indignación popular, que ve en los motivos del asesino y en la inacción de la justicia una obvia intencionalidad racista.

La primera víctima desapareció en 2016; a la última se le perdió de vista en agosto pasado. Pero sin el hallazgo casual por parte de dos turistas del primer cadáver, el pasado 14 de abril, los primeros asesinatos en serie en la isla del Mediterráneo no habrían salido a la luz. Hasta el momento han sido hallados los cuerpos de dos filipinas, una mujer que se cree era nepalí y una cuarta aún no identificada alrededor de dos lagos en las afueras de Nicosia. Equipos especializados rastrean intensamente esa zona, anegada por las abundantes lluvias caídas durante el invierno y la primavera, en busca de los restantes cadáveres: los de una niña filipina de seis años, una mujer rumana y su hija de ocho.

El hallazgo del segundo cuerpo, el 18 de abril, llevó a la detención del presunto asesino, identificado por los medios locales como Nikos Metaxas, Orestis, un oficial de la Guardia Nacional de 35 años que confesó a la policía haber estrangulado a sus víctimas mientras mantenía relaciones sexuales con ellas. El presunto feminicida conoció a las mujeres a través del sitio de citas online Badoo, y tras quedar con ellas y asesinarlas, arrojó sus cuerpos en sendas minas convertidas en lagos cerca del pueblo de Mitsero, unos 10 kilómetros al sudoeste de Nicosia, y otra en el vecino Xyliatos.

Un equipo de expertos británicos de Scotland Yard se sumó a la investigación esta semana a petición de las autoridades chipriotas, después del hallazgo del cuarto cadáver dentro de una maleta en el lago de aguas rojas tóxicas de Mitsero.

Al presentar su renuncia, el dimisionario ministro de Justicia —en el disparadero con anterioridad por una serie de suicidios en las cárceles— acusó a la policía de no haberle informado suficientemente y también solicitó a la comisión de denuncias policiales la apertura de una investigación independiente para determinar quién es el responsable de la falta de respuesta inicial. Numerosas instancias locales, entre ellas el Consejo Intercultural de Limasol, han solicitado la reapertura de otros casos de desapariciones de mujeres, de las que las autoridades sospechan que han abandonado el país, pero cuyos expedientes siguen pendientes de resolución, por lo que muchos medios locales creen que el balance de víctimas podría aumentar.

Es más, con motivo de la desaparición de la primera mujer, la filipina Rose Mary Tiburcio, de 39 años, y su hija Sierra, de seis, en mayo de 2018, el presidente de la asociación de empleados domésticos de la isla, Luis Kutrukidis, dirigió una carta abierta al ministro de Justicia en la que solicitaba una investigación exhaustiva de ambas desapariciones, así como las de otras 22 mujeres filipinas. En la República de Chipre —única reconocida por la comunidad internacional, frente al tercio norte ocupado por Turquía— el 23% de la población es de origen extranjero.

El escándalo ha provocado una ola de protestas en la capital de la isla y especialmente ante la puerta del palacio presidencial. Los manifestantes exhibían pancartas que decían "Basta de discriminación con las mujeres y los extranjeros" y "La policía ignora a las mujeres en Chipre".