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Un fiscal militar en la dictadura brasileña: “No me arrepiento de nada”

El representante del Ministerio Público en el emblemático caso del periodista Vladimir Herzog recibe a EL PAIS con 99 años para hablar de la dictadura en este 55 aniversario. Encubrió a torturadores y pidió penas de muerte para militantes

Araújo frente a su cuadro favorito, 'La caza a las zorras'
Araújo frente a su cuadro favorito, 'La caza a las zorras'

El fiscal de la Justicia Militar jubilado Durval Ayrton Moura de Araújo, de 99 años, se considera un hombre de fe. La imponente capilla situada en la entrada de su casa, con la imagen de la Virgen y un crucifijo de acero, se proyecta sobre los visitantes que entran en la residencia ubicada en uno de los barrios más caros de São Paulo (Brasil). Este hombre hoy escuálido habla pausadamente y tiene problemas para moverse. Pero los familiares y las víctimas de la dictadura militar (1964-1985) y el Ministerio Fiscal le confieren un comportamiento muy alejado de los valores cristianos durante los años de plomo: su bolígrafo transformaba mentiras en verdades. Según denuncias y testigos, las acciones del fiscal ayudaron a encubrir centenares de crímenes, como torturas y asesinatos.

Este domingo se cumple el 55 aniversario del golpe de Estado que dio inicio a una dictadura que según el presidente actual de Brasil, Jair Bolsonaro, no fue tal sino una especie de revolución para impedir una dictadura comunista. El ultraderechista alentó a que la fecha fuera conmemorada oficialmente en los cuarteles pese a que una Comisión de la Verdad documentó graves violaciones de derechos humanos además del asesinato o desaparición de 434 personas.

Desde el periodista Vladimir Herzog, uno de los casos más emblemáticos de la dictadura brasileña, al militante Olavo Hansen, ambos muertos por torturas, Araújo recomendó archivar procesos y avaló la versión oficial de suicidio, una práctica común en los años de represión. Era el “máximo exponente de la línea dura en la Justicia Militar”, según los reportajes de la época. El fiscal retirado recibió a EL PAÍS esta semana para hablar sobre su papel en la dictadura: “Yo integraba el aparato militar. No me arrepiento de nada, presté servicios relevantes al país y a la Fiscalía Militar”.

La capilla en la entrada de la casa de Araújo.
La capilla en la entrada de la casa de Araújo.

Tras cursar Derecho y empezar a trabajar en la Fiscalía “alrededor de 1945”, adoptó enseguida el ideario anticomunista de la Guerra Fría. “La revolución (como denomina el golpe) de 1964 no fue un golpe y no fue ilegal. Fue un grito de la sociedad, las Fuerzas Armadas solo cumplieron el deseo de la sociedad civil”, afirma.

Responsable de una buena parte de los procesos que llegaban a la 2ª Auditoría de Guerra, en São Paulo, niega tenido conocimiento de casos de tortura. “No participé ni me enteré de ningún caso concreto. Dicen que había, pero yo no lo sé”, sostiene. El papel de Araújo en la ocultación de crímenes cometidos por los militares empezó a aflorar tras la redemocratización y cuenta otra historia.

“Yo presenté una denuncia contra el presidente João Goulart por incentivar huelgas y desórdenes entre los trabajadores”

Al preguntarle sobre el caso del periodista Herzog, muerto por torturas en la sede de un organismo represor y cuya investigación supervisóen 1975, el fiscal enarca las cejas. “Estuve en la morgue, vi el cadáver y también fotografías de su cuerpo en la celda. Las imágenes mostraban que se había ahorcado con el cinturón. Me convencí de que se trataba de un suicidio”, afirmó. Después, justifica los motivos del periodista: “Se habría suicidado porque delató a sus compañeros. Tuvo una crisis de conciencia”. Y aprovecha para criticar la alteración de los registros oficiales, realizada tras años de lucha de los hijos del periodista, que en 2013 consiguieron que se reconociera oficialmente que Herzog murió por torturas: “La familia quería denunciar al Estado, tenía intereses económicos”.

El mundo ya no respalda esa versión. El año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado brasileño por crimen de lesa humanidad por el asesinato de Herzog, que no era militante político. A pesar de admitir a EL PAÍS que “en todo el mundo se producen excesos”, Araújo es categórico cuando se le pregunta si denunció a algún militar por excederse: “Los militares que denuncié estaban en contra de la revolución de 1964”. La mayoría de sus denuncias, explica, eran contra “militantes comunistas”. “Llegué a pedir la pena de muerte para nueve militantes de izquierda”, recuerda. Entre ellos, integrantes del grupo de Carlos Lamarca, militar desertor y uno líderes de la lucha armada contra la dictadura. Todos estaban acusados de participar en acciones que terminaron con la muerte de agentes de la dictadura. “Al final, el Superior Tribunal Militar transformó las penas en prisión”, lamenta.

Tres décadas después del fin de la dictadura, salió a la luz otro importante caso que el fiscal había archivado. El 30 de octubre de 2018, la Fiscalía lo denunció por prevaricación (cuando un empleado público deja de cumplir su función por motivos personales). Se habría inhibido de realizar “su deber legal de investigar las torturas sufridas por Olavo Hansen, al igual que la verdadera causa de la muerte de la víctima”, escribió el fiscal Andrey Borges de Mendonça. Y lo habría hecho “con el objetivo de satisfacer un sentimiento personal, que consistía en mantener el régimen militar, ocultando torturas y muertes del régimen e, incluso, beneficiarse personalmente, con promociones y homenajes personales”.

La historia de Hansen se parece a la de decenas de otros casos de la época. Lo detuvieron durante un acto de conmemoración del Día del Trabajador, el 1 de mayo de 1970, en el barrio Vila Maria, en la zona norte de São Paulo, y murió en el Hospital Militar de la 2ª región, en el barrio de Cambuci. No resistió a más de una semana de torturas en el Departamento Estatal de Orden Política y Social de São Paulo, que incluyeron electrochoques, quemaduras con cigarrillos, la “silla del dragón” (una especie de silla eléctrica) y horas en la “percha de papagayo” (método de tortura que consiste en colgar a una persona a un palo en posición fetal, con la cabeza colgando hacia abajo, desnuda). En la autopsia se registraron varios hematomas, incluso en la cabeza. En algunas de esas sesiones de suplicio, los choques se aplicaron con tanta intensidad que dejaron quemaduras en la piel del pecho, sobre el corazón, también registradas en la autopsia.

Araújo durante entrevista al EL PAÍS
Araújo durante entrevista al EL PAÍS

Al intentar encubrir el crimen, las autoridades dijeron que Hansen había cometido suicidio. Habría muerto por fallo renal debido a la ingestión de veneno que habría introducido en la cárcel. Fue entonces cuando Araújo blandió su bolígrafo para transformar mentiras en verdades. “Todo lleva a creer que el investigado, al ser arrestado, llevaba alguna cantidad del veneno Paration, o ya sufría un proceso crónico de envenenamiento que le causó la insuficiencia renal, cuadro que se presentó antes de que lo transfirieran al Hospital Militar, donde falleció”, escribió entonces. Araújo asegura a EL PAÍS que la petición de archivar el caso se hizo por creer “que el proceso no tenía sentido”, pero destacó que no recordaba los “detalles” del caso.

“Todo hace creer que el investigado portaba veneno o ya viniera sufriendo de envenenamento que le causó la insuficiencia renal, cuyo cuadro presentó antes de fallecer”

Sobre el parecer de Araújo, la denuncia de la Fiscalía subraya: “Poco más de tres meses después de que se hubiera iniciado la investigación, se archivó, sin ninguna averiguación efectiva y con la absurda conclusión del suicidio. Sin solicitar ninguna diligencia efectiva y sin ni siquiera mencionar las diversas evidencias de tortura”. Al final, la denuncia de la Fiscalía contra Araújo tuvo el mismo destino que tuvieron las decenas que se hicieron contra torturadores y burócratas del régimen militar: un juez las archivó. A pesar de que los crímenes contra la humanidad, como la tortura, no pueden amnistiarse según los tratados internacionales que Brasil ha ratificado, el Supremo Tribunal Federal (STF) continúa sin querer revisar la Ley de Amnistía, que los responsables utilizan como salvoconducto legal. En febrero de 2018, la fiscal general Raquel Dodge pidió al STF que reabriera el caso del exdiputado Rubens Paiva, asesinado por el régimen en 1971, pero la corte hasta ahora no ha puesto el tema en su agenda. Esta situación difiere de la de países como Argentina, donde se juzgó y condenó a torturadores y asesinos que formaron parte de la Junta Militar.

Promociones y Bolsonaro

La recompensa por los servicios que Araújo prestó al régimen llegaba en forma de promociones dentro del aparato jurídico de represión. Según la denuncia de la Fiscalía, tras archivar las investigaciones del caso Hansen, “Araújo fue ascendido y homenajeado por diversas autoridades”. “Fue condecorado, incluso, con la Medalla del Pacificador, premio que tradicionalmente se concedía a quienes participaban en los crímenes contra la humanidad durante el período de la dictadura militar”, escribe el fiscal. El presidente Jair Bolsonaro ha sido agraciado con la medalla este año.

El propio Araújo insiste en mostrar a EL PAÍS las diversas medallas y honores que cuelgan en la pared de su despacho, orgulloso de su carrera “anticomunista”, incluso antes del golpe de 1964. “Presenté una denuncia contra el presidente João Goulart por incentivar huelgas y desórdenes entre los trabajadores, algunos meses antes de la revolución”, comenta. “Quería transformar Brasil en una república socialista”. La consecuencia llegó días después, mediante una destitución firmada por el entonces fiscal general, Ivo d'Aquino Fonseca. “Estuve un mes entero escondido en Guarujá, con miedo de la represión del Gobierno”, dice. “Mis amigos me dijeron que estaba loco por denunciar a mi jefe”.

Araújo solo volvería al cargo meses después, ya con los militares en el poder, para construir una trayectoria exitosa, conviviendo con nombres importantes de los engranajes de represión del régimen, como el comisario Sérgio Fernando Paranhos Fleury, considerado el creador de los escuadrones de la muerte, torturador de decenas de militantes y responsable de la muerte del político y guerrillero Carlos Marighella, entre otros. El fiscal militar cuenta que el 1 de mayo de 1979 estaba en su barco en el litoral norte de São Paulo esperando a un amigo con quien haría un paseo. El barco de su amigo se acercó y Araújo pudo ver a Fleury. “Iba a pasar a mi barco, pero le dio un ataque, cayó al agua y murió”, cuenta Araújo. Sobre la actuación de Fleury, el fiscal se limita a decir que “tenía fama de ser un comisario duro”.

Sumido en sus recuerdos, Araújo solo se anima cuando habla sobre el presidente Bolsonaro, admirador de la dictadura militar y cuyo héroe es un torturador. “Es mi candidato, mi presidente”. Y concluye: “Con él, el revanchismo de la izquierda se mantiene alejado”.

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