La bandera de la lucha anticorrupción da réditos a Vizcarra en su primer año al frente de Perú

El presidente peruano, Martín Vizcarra, cumple 12 meses en el cargo que asumió, aceleradamente, tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski por sus tratos con la constructora Odebrecht y los ataques continuos del fujimorismo. "Lo destacable del primer año ha sido su capacidad de reacción política, incluido el último cambio de gabinete", apunta el politólogo Jorge Aragón, del Instituto de Estudios Peruanos. "Vizcarra", valora "ha hecho mucho más política que Kuczynski: para sobrevivir, pero también para disputarle protagonismo e iniciativa al Congreso y a los fujimoristas". Y, sobre todo, ha hecho suya la bandera anticorrupción, capitalizando parte del hartazgo popular.

El primer año de Vizcarra se ha caracterizado, destaca la socióloga Maritza Paredes, por “tratar de responder a la ciudadanía en problemas que se volvieron muy visibles como la corrupción”. Sin embargo, se ha quedado en la retórica en otros temas: “Ha tratado de relacionarse positiva y muy retóricamente con problemas notorios como el feminicidio y el problema de [la igualdad] de género, pero no hemos visto una voluntad política de resolver otros problemas con los pueblos indígenas". La historiadora del arte y ex directora del Museo de Arte de Lima, Natalia Majluf, opina que el presidente entendió que la población quería un cambio “y ha logrado liderar reformas cruciales. Demostró que era posible cambiar la política”.

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El presidente tomó juramento el 23 de marzo en medio de los aplausos fujimoristas, que ostentaban la mayoría absoluta en el Congreso: habían provocado la caída de su predecesor. Se reunió dos veces, en secreto, con Keiko Fujimori, la lideresa opositora e hija del autócrata Alberto Fujimori, citas reveladas en agosto en un intento de minar la imagen pública de Vizcarra. Pero la popularidad del mandatario había empezado a crecer con fuerza un mes antes. El jefe de Estado enarboló sin ambages la bandera de la lucha anticorrupción, una demanda social creciente que había cristalizado desde principios de julio en forma de movilizaciones a lo largo y ancho del país, en paralelo al goteo de revelaciones sobre la infiltración de la mafia de los Cuellos blancos del puerto en el sistema de justicia. Entre los entes infiltrados estaba el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el encargado de nombrar y destituir a jueces y fiscales.

En respuesta a ese creciente cabreo en las calles, Vizcarra propuso un referéndum para validar cuatro reformas constitucionales: el reemplazo del CNM por un colegiado cuyos miembros serán elegidos en un concurso de méritos, la anulación de la reelección de congresistas, la transparencia de los fondos privados en campañas electorales y la vuelta a un sistema bicameral en el Parlamento. En octubre, la consulta ciudadana se saldó con el visto bueno a las tres primeras reformas, pero no la cuarta, trabada por la mayoría fujimorista. Con ese impulso, Vizcarra presentó otros seis proyectos de ley de reforma de justicia para combatir la descomposición de ese sector. Hasta la fecha, sin embargo, el Congreso solo ha aprobado uno.

En septiembre, cuando en las calles seguían las manifestaciones anticorrupción, el Congreso demoraba la remoción de los miembros del CNM que festinaban los nombramientos de jueces y fiscales con los Cuellos blancos del puerto, el presidente convocó a una sesión en el Legislativo para ello, y el pleno decidió suspender a los consejeros. Desde esa fecha, en Perú no hay quien nombre y remueva a los magistrados.

Aunque Vizcarra, ingeniero civil de 56 años, ha neutralizado los embates de los parlamentarios opositores, casi la mitad de los peruanos cree que no ha hecho las reformas que necesita el país sudamericano —educación, sanidad, seguridad y justicia, sobre todo—, según los últimos sondeos, frente a un nada despreciable 42% que cree que sí ha cumplido su propósito. Su objetivo hoy sigue siendo la lucha contra los tejemanejes que han salpicado a la política del país sudamericano en las últimas décadas, el que más rédito político le está dando. En un mensaje a la nación difundido este sábado, el presidente ha reiterado su motto: “El enorme reto que me tocó enfrentar fue luchar contra la corrupción. Si queremos ser un país grande y próspero tenemos que encarar ese mal, para ello necesitamos una justicia igual para todos”.

Conflictos olvidados

Sin embargo, los analistas consultados por este diario también ponen énfasis en el descuido de otros aspectos. "Muchos conflictos en la zona amazónica y en la andina no han sido tomados en cuenta de manera seria", dice Paredes. "Hay casos lamentables como el de las comunidades de la Amazonía afectados por derrames de petróleo, o por [el proyecto minero de cobre] Las Bambas, y las de Espinar (Cusco) que están reclamando por contaminación [a causa de minería]". El viernes por la tarde, sin ir más lejos, un grupo de ciudadanos exigieron públicamente el cumplimiento de los acuerdos con el Gobierno y con la empresa china que opera Las Bambas, y se manifestaron contra Vizcarra tras la detención del presidente de la comunidad de Fuerabamba, en la región Apurímac. 

“El Gobierno ha tratado de poner paños fríos sin plantear una estrategia clara y adecuada de cómo resolver estos problemas. Ha logrado evitar una visibilidad de estos conflictos, pero cuando esto explote de forma más pública, afectará al Gobierno y éste decidirá hacer algo más importante. Es solo cuestión de tiempo”, plantea Paredes, experta en Desarrollo Internacional. “No está en juego solamente la redistribución de rentas, hay elementos más complicados en relación a los modos de vida que han sido afectados, el daño irreparable al medioambiente, y un sentimiento de postergación y frustración por parte de las comunidades”. “Resulta incomprensible su insistencia con el aeropuerto de Chinchero, un proyecto que tiene serios problemas técnicos y que representaría un verdadero desastre ambiental y patrimonial. Sorprende que en este caso no escuche el reclamo ciudadano”, critica Majluf.