‘Caso Marielle’: una investigación radioactiva para los Bolsonaro

Uno de los acusados de haber participado directamente en la ejecución de Marielle Franco fue detenido el pasado martes cuando salía de su casa de Barra da Tijuca, en Río de Janeiro, localizada en el mismo complejo de alto poder adquisitivo en el que Jair Bolsonaro tiene una residencia. Hasta el momento, según las fiscales encargadas del caso, solo se trata de una coincidencia. Al igual que hasta ahora también es irrelevante, según la fiscalía de Río, el hecho de que uno de los hijos del presidente hubiera sido novio de la hija del policía retirado al que las autoridades acusan de haber disparado con precisión en la cabeza de la concejala, en marzo del año pasado.

Los detalles del cruce de personajes muestran, al menos, cómo la élite de Río comparte ambientes haciendo, a veces, la vista gorda, sobre determinadas actividades sospechosas. Los datos también son, obviamente, irresistibles para los críticos del presidente de Brasil, que ya han difundido una foto del mandatario con el acusado de ser coautor material del crimen y han avivado la repercusión sobre el caso en las redes sociales. Los Bolsonaro conocen como nadie este juego de conclusiones apresuradas y de mucha batalla política.

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Esta puede ser solo la faceta más anecdótica de la investigación, pero hay motivos más profundos por los que el caso Marielle se ha vuelto radioactivo para los Bolsonaro. Uno de ellos es de orden político y de responsabilidad exclusiva del presidente y de su familia: cuando hace un año Marielle y su chófer, Anderson Gomes, fueron asesinados, el hoy presidente fue el único candidato a la presidencia que no condenó un crimen que cruzó la línea roja de la violencia política en Brasil antes incluso del atentando contra el propio Bolsonaro. Uno de los hijos del mandatario también criticó duramente a quienes levantaban sospechas sobre los policías. No fue exactamente una sorpresa: en 2011, el por aquel entonces diputado regional Flávio Bolsonaro estimó oportuno recalcar, por ejemplo, que a la jueza Patrícia Lourival Acioli, ejecutada tras vivir años amenazada de muerte por grupos de exterminio, le gustaba "humillar a los policías".

Si el historial de defender, a priori, a policías militares acusados de asesinatos y los discursos como mínimo complacientes con las milicias le cargan la repercusión al Gobierno y a la familia presidencial, aún falta poner en marcha la parte más delicada de la investigación: rastrear a los posibles autores intelectuales del crimen. Las fiscales Simone Sibílio y Letícia Emile Petriz dejaron claro el pasado martes que sigue en curso, y en secreto, la parte del sumario que investiga el papel que tenía en la ejecución la llamada Oficina del Crimen, un sofisticado grupo de exterminio relacionado con milicias y delincuentes. Uno de los señalados como integrante del grupo, Adriano Nóbrega —quien está en paradero desconocido desde enero—, tenía a dos parientes trabajando en el gabinete de Flávio Bolsonaro hasta el segundo semestre de 2018. Tanto él como Ronald Pereira, otro acusado de participar en la Oficina del Crimen, fueron homenajeados en la Asamblea Legislativa de Río a petición del primogénito de Bolsonaro. "Espero que la investigación realmente haya llegado a ese, si es que fueron ellos los ejecutores, y lo más importante, que es quién mandó matarla", se limitó a decir Bolsonaro, que también afirmó que se hace fotos con "miles" de policías.

En las declaraciones de las fiscales —y en reportajes esclarecedores como el de la revista Piauí— queda patente cómo todo se desarrolla en un campo de minas, en un Estado, Río, infiltrado por la delincuencia organizada. El retrato es bastante gráfico: antiguos gobernadores y una fracción importante del Parlamento, entre rejas; y una seguridad pública en colapso que pasó por un año de intervención militar con exiguos resultados. El martes, las fiscales incidieron en que los detenidos confesaron que les habían avisado de la operación.

El reportaje de Piauí narra también cómo Sibílio y Petriz trataron de evitar al máximo la filtración de la operación que intentaría detener a la cúpula de la Oficina del Crimen en enero, pero sin éxito total: Nóbrega escapó. Hay un claro malestar entre Policía Civil y Fiscalía, al tiempo que también es desconcertante saber que no fue hasta meses después de ponerse en marcha la investigación cuando la unidad encargada del crimen organizado en el Ministerio Fiscal, el Gaeco, finalmente entró en el caso. Este caso también es objeto de otra investigación paralela y tardía por parte de la Policía Federal. Merecen discusión los motivos por los que la fiscal general Raquel Dodge no buscó activamente, en contra de lo que se dio a entender al principio, la federalización del caso, algo que tampoco defendió la cúpula del PSOL (Partido Socialismo y Libertad). Ahora, resta que la Policía Federal intente buscar dentro de las corporaciones quién tiene interés en obstruir la investigación. Y es pertinente otra pregunta: ¿tendrá independencia para hacerlo?

La concejala del PSOL, con su rostro estampado en murales, se ha inscrito de manera trágica y decisiva en el imaginario político brasileño (la potencia y las implicaciones de ello, incluso para algún cierto malestar de la izquierda tradicional, se verá en otro momento). Desde el punto de vista de la investigación, ahora es cuando empieza la parte más delicada. Todo nos remite a un país corroído por dentro, y no es una exageración decir que el desenlace que seamos capaces de darle al caso Marielle será determinante para el futuro.