Cuando el héroe nacional es un criminal de guerra
Las presiones políticas a los tribunales en la extinta Yugoslavia y la desconfianza entre antiguos enemigos lastran la rendición de cuentas por las atrocidades cometidas en las guerras
El último día de 2017, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) cerró sus puertas tras 25 años de actividad. En sus más de 10.000 días de juicios, la primera corte penal internacional creada para un caso específico dejó algunas imágenes icónicas: la cabeza alta de Slobodan Milosevic al calificar de “ilegal” el tribunal que nunca llegó a condenarle (murió antes, de un ataque al corazón, en prisión); Ratko Mladic —hoy encarcelado a perpetuidad— leyendo la prensa en el banquillo de los acusados; y, la más teatral, el suicidio con cianuro del exgeneral bosniocroata Slobodan Praljak durante la confirmación de su sentencia, en el último proceso de la corte.
Ellos dieron las órdenes, pero otros apretaron el gatillo o miraron para otro lado cuando sus subordinados mataban, violaban o humillaban. Juzgarlos por crímenes de guerra cometidos durante la sucesión de conflictos que desangró la región en los noventa está ahora solo en manos de los tribunales nacionales, lastrados —desde ya antes del fin del TPIY— por presiones políticas, desconfianza hacia los antiguos enemigos y la extendida visión en cada comunidad —azuzada por algunos líderes— de que los convictos del otro son criminales de guerra y los propios, héroes nacionales.
“Todos nos hemos rodeado de ‘nuestros criminales”, lamenta una de las activistas de derechos humanos más importante de Serbia, Natasha Kandic, que documentó atrocidades en las guerras de la antigua Yugoslavia y fundó el Centro del Derecho Humanitario en 1992. “Serbia se ha convertido en un refugio para todos los que cometieron crímenes contra croatas, musulmanes y albaneses, así como Croacia es un refugio para todos los que cometieron crímenes contra serbios y musulmanes. Y ninguno de los que ha cometido crímenes contra serbios sale de Kosovo”, explica Kandic, reconocida con cerca de veinte galardones internacionales.
El excomandante de batallón bosniocroata Marko Radic, por ejemplo, tenía que haber permanecido en prisión hasta 2027 por crímenes de guerra en Bosnia. Hoy está en libertad. En 2011, fue condenado en Sarajevo a 21 años de prisión. Pudo cumplir su pena en Croacia (tiene doble nacionalidad) y, dado que la legislación del país no contiene uno de los delitos por los que fue condenado en Bosnia, la sentencia fue rebajada a 12 años y medio. Como los años en custodia contaban como parte de la pena, fue excarcelado el pasado diciembre.
Serge Brammertz fue fiscal jefe del TPIY desde 2008 hasta su clausura, es decir, la persona que leyó los cargos contra los peces gordos que juzgó la corte. Hoy ocupa el mismo cargo en el mecanismo residual que sucedió al tribunal y que el pasado marzo elevó a cadena perpetua la condena al exlíder serbobosnio Radovan Karadzic por el genocidio de Srebrenica. El mecanismo se encarga de las tareas pendientes, como búsqueda de fugitivos, apelaciones o protección de testigos. “Todos los países de la antigua Yugoslavia tienen, al menos en teoría, una estrategia de crímenes de guerra que define plazos y criterios para perseguir crímenes de guerra. Pero hay diferencia entre la estrategia sobre el papel y lo que vemos en el terreno. Hay aún mucho trabajo que hacer. Tras un periodo de progresos importantes en varios países, en los últimos años se ha dado lo contrario”, explica por teléfono desde La Haya.
Procesos creíbles
El mecanismo calcula en 3.000 el número de sospechosos de crímenes de guerra (graves, en 350 de los casos) que aún no han pisado los tribunales bosnios. Es el país más castigado en la cadena de conflictos en los Balcanes y el que más personas ha juzgado por crímenes de guerra, unas 800.
En Serbia, la Fiscalía de crímenes de guerra lleva actualmente imputaciones contra 55 personas e investiga casos que implican a otras 189, según sus cifras. En Croacia, los tribunales condenaron a 12 personas por crímenes de guerra y la Fiscalía imputó a 34 en 2017, último año sobre el que hay informe final.
En estos dos países, “los procesos creíbles han virtualmente terminado”, opina sin embargo Diane Orentlicher, profesora de Derecho Internacional en la Universidad Americana en Washington, autora de un ensayo sobre el impacto del TPIY en Bosnia y Serbia, Some Kind of Justice (Algún tipo de justicia).
Uno de los principales problemas es la falta de colaboración entre capitales en los casos de crímenes de guerra. “Casi inexistente”, según Janine Natalya Clark, profesora en la Universidad de Birmingham (Reino Unido) especializada en justicia transicional en conflictos en la antigua Yugoslavia. Es un tema fundamental, porque muchos de los acusados tenían doble nacionalidad y, al iniciarse los juicios en un país, renunciaban a una de ellas y se refugiaban en el que su grupo étnico es mayoritario. El de “su bando” durante la guerra. En 2013, las fiscalías de Bosnia, Croacia y Serbia firmaron un protocolo de intercambio de casos, investigaciones y documentos de crímenes de guerra, pero el acuerdo jurídico se ha topado a menudo con la política.
El caso del comandante serbobosnio Novak Djukic es paradigmático. Condenado un año después de la firma del protocolo por ordenar el bombardeo de la ciudad de Tuzla en 1995, en el que murieron 71 personas, huyó a Serbia justo antes del veredicto del tribunal estatal bosnio (20 años de prisión). Bosnia emitió en 2014 una orden de arresto, pero el Tribunal Supremo en Belgrado ha pospuesto desde entonces en varias ocasiones la audiencia.
Negacionismo
“El negacionismo, revisionismo y continuo apoyo político a quienes cometieron crímenes de guerra significa que a menudo los Estados no quieren extraditar a sus nacionales. Se han firmado protocolos de cooperación regional, pero en la práctica hay a menudo más obstrucción que cooperación”, señala Natalya Clark. Orentlicher es aún más dura: “De cero a 10, no le daría más de un cero [a la cooperación transfronteriza]. Ha habido una acentuada disminución en los últimos años. Los Estados en la región no solo han dejado de intercambiar pruebas, sino que algunos protegen activamente a los sospechosos de ser juzgados en los países vecinos”. La fiscal serbia para crímenes de guerra, Snežana Stanojković, discrepa. La cooperación, dice, es “efectiva” y “buena por lo general”, y subraya que los últimos años han mostrado "sin ningún tipo de duda que los fiscales y jueces serbios son profesionales valientes guiados por la ley y su conciencia".
“En la antigua Yugoslavia hay mucha glorificación de criminales de guerra. Desafortunadamente, varios políticos no crean un clima positivo para la cooperación transfronteriza. La política tiene un impacto en la cooperación regional porque la petición [de transferencia de casos] se hace a través del Ministerio de Exteriores o de Justicia y en algunos casos hemos visto retrasos realmente largos. La cooperación en temas de crimen organizado funciona relativamente bien, así que no es un tema de herramientas técnicas o contactos. La cooperación que no es satisfactoria es la de casos de crímenes de guerra”, señala el exfiscal jefe del TPIY.
Es la espiral de la desconfianza. Cuando un país considera que el vecino mira al pasado en clave étnica y duda de su voluntad de juzgar el caso con seriedad, se piensa dos veces transferirlo, reforzando precisamente ese mismo reflejo étnico. En Croacia, por ejemplo, muchos de los juicios son in absentia, es decir, en ausencia del acusado, en vez de pasar el dossier al país donde este se encuentra, apunta Vesna Terselic, directora de Documenta, una ONG del país dedicada a la asunción del pasado bélico en la zona.
Prueba del clima político al que alude Brammertz fue la decisión el pasado febrero de la República Srpska, la entidad de mayoría serbia en Bosnia Herzegovina, de crear dos paneles para reexaminar las cifras de víctimas en Srebrenica y Sarajevo durante la guerra en el país entre 1992 y 1995. Una treintena de expertos internacionales reaccionó con una carta abierta en la que definen la iniciativa como la “culminación de más de una década de negación del genocidio y revisionismo histórico” por el Gobierno de la República Srpska, mientras que la Embajada de EE UU en Sarajevo llamó a “respetar las decisiones de los tribunales y aceptar y afrontar con valentía la verdad, sea lo dolorosa que sea”. Srebrenica fue el único caso en el que el TPIY apreció genocidio. El Ejército serbobosnio asesinó allí a unos 8.000 varones musulmanes y su entonces jefe, Ratko Mladic, cumple por ello cadena perpetua. En cuanto a Sarajevo, sufrió el bloqueo más largo de la historia moderna a una capital. Unas 12.000 personas, cerca de la mitad civiles, murieron durante los 1.425 días de cerco de las tropas serbobosnias. Una residencia de estudiantes en la República Srpska lleva el nombre de Radovan Karadzic desde la víspera de su condena por genocidio en 2016.
Los ejemplos no son patrimonio de un solo grupo étnico. El pasado septiembre, Mirko Norac fue presentado como "general" por el ministro de Defensa croata, Damir Krsticevic, y recibido entre aplausos en un acto militar en recuerdo de la misma operación por la que fue condenado por crímenes de guerra contra serbios y se le despojó de su rango. Otro criminal de guerra croata, Tomislav Mercep, pasó mes y medio en un spa, en vez de en la prisión donde cumple siete años de condena, según la prensa local. "Estamos orgullosos de nuestros defensores [veteranos de guerra]", respondió el ministro de Veteranos, Tomo Medved. En Bosnia, el arresto en abril del popular comandante bosniaco Atif Dudakovic fue respondido con protestas por algunos políticos y parte de la población. Medio año después fue imputado por crímenes de guerra.
Entre la justicia y la memoria
El mecanismo residual alberga nueve millones de páginas que documentan lo sucedido. Están a disposición de las cortes nacionales y, en su mayoría, nunca han sido usadas, según Brammertz.
Goran Sluiter, profesor de Derecho Penal Internacional en la Universidad de Ámsterdam y experto en tribunales internacionales, subraya la importancia de distinguir entre justicia y memoria. “No deberíamos confundir [la labor de] el TPIY con una investigación histórica. El principal mandato del tribunal era repartir justicia, no establecer una crónica histórica”. Una idea en la que abunda Natalya Clark: “El TPIY aseguraba que sus sentencias, al establecer lo sucedido, harían imposible que la gente negase los hechos. En realidad, a menudo tuvieron el efecto contrario, al contribuir a un mayor atrincheramiento de las narrativas étnicas en conflicto. Es irrealista esperar que los juicios penales modifiquen el entorno social y cómo piensa la gente”.
Brammertz es consciente de que “la reconciliación nunca se logra desde fuera”, pero cuando le preguntan por la espina que tiene aún clavada de su década como fiscal jefe del TPIY, no duda: “¿Mi mayor frustración? Ver cuánto negacionismo hay sobre crímenes que han sido probados”.
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