May renuncia a imponer la disciplina de voto para evitar otra humillación

El Parlamento británico se dispone a votar a última hora de la tarde de este miércoles si acepta un Brexit sin acuerdo el próximo 29 de marzo, la fecha oficial fijada para la salida del Reino Unido de la UE, o si rechaza esa opción. Theresa May ya anunció este martes que, dada la trascendencia de esta decisión, permitiría que los diputados conservadores —especialmente, los miembros de su Gobierno— votaran libremente y en conciencia. El Gobierno rechazaba imponer la disciplina de voto, aunque la propia May ya ha anunciado que ella votará en contra de un Brexit sin acuerdo.

Era el modo de sofocar nuevas rebeliones internas, pero la sorpresa le ha llegado a través de las enmiendas que van a incorporarse al texto del Ejecutivo. Una de ellas, el llamado "compromiso Malthouse", un texto fraguado entre euroescépticos relevantes y diputados conservadores partidarios de permanecer en la UE, ha provocado este miércoles un duro enfrentamiento en el seno del Gabinete de May. La voluntad inicial de la primera ministra era ordenar a sus filas que se votara en contra de todas las enmiendas, pero varios ministros le han advertido de la popularidad del texto euroescéptico. Si ordenaba su rechazo, se enfrentaba a un embarazoso y humillante varapalo parlamentario.

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El texto es un ejercicio de voluntarismo —como gran parte de las ideas surgidas en torno al Brexit— que propone una ampliación del periodo de transición, una negociación bilateral con los diferentes socios europeos de nuevas relaciones comerciales y, finalmente, un Brexit sin acuerdo. Es decir, lo mejor de los dos mundos. A pesar de su falta de realismo, la propuesta calma muchas conciencias conservadoras en los dos bandos del debate y reúne consenso en el partido. Theresa May ha optado por dejarla volar, con la esperanza de que la suma total de votos parlamentarios acabe derrotándola.

Porque ahora mismo, con el apoyo casi unánime de los diputados laboristas y de gran parte de los conservadores, la opción que más posibilidades tiene de salir adelante es la de rechazar un Brexit sin acuerdo. Eso abriría las puertas a una segunda votación, este jueves, en la que se preguntaría a la Cámara de los Comunes si el Gobierno debe solicitar a la UE una prórroga en la fecha de salida.

El Gobierno ha puesto a trabajar toda su maquinaria para favorecer el rechazo al "no acuerdo". El ministro de Economía, Philip Hammond, quien presentaba este martes en el Parlamento su "informe de primavera", las previsiones trimestrales de su departamento, ha pintado un panorama optimista, un fin definitivo del periodo de austeridad, a condición de que el Reino Unido sea capaz de cerrar el capítulo del Brexit de un modo ordenado y con acuerdo. "Abandonar la UE sin un acuerdo significará una perturbación relevante en el corto y medio plazo, y una economía menos próspera en el largo plazo. Mayor desempleo, sueldos más bajos, precios más elevados en los comercios. Eso no es lo que votó el pueblo británico en 2016", ha advertido Hammond.

Junto a las predicciones sombrías de Hammond ante la amenaza de un Brexit sin acuerdo, el Gobierno británico ha publicado sus previsiones en materia de aranceles en el caso de que el 29 de marzo el Reino Unido abandone la UE a las bravas. Aunque se establece un mecanismo transitorio de un año que levantará un 87% de esos aranceles, se recarga el volumen de este tipo de impuestos en la importación de vehículos o de productos alimentarios, lo que ha puesto en pie de guerra a las patronales del país. "Estas previsiones nos dicen todo lo malo que nos va a traer un escenario de sin acuerdo. Estamos hablando del mayor cambio en términos comerciales al que se ha enfrentado este país desde mediados del siglo XIX, y se ha impuesto sin consultar a las empresas y sin tiempo para prepararse. Esto no es el modo de gobernar un país", ha dicho Carolyn Fairbairn, la directora general de la organización CBI.