El Brexit llega a la recta final con las negociaciones estancadas para lograr un acuerdo

El 29 de marzo se cumple la fecha oficial de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. A poco más de dos semanas del desenlace, la única certeza es que no hay un acuerdo ratificado por el Parlamento que permita un Brexit suave y gradual, capaz de atemperar la inestabilidad económica y administrativa que supone abandonar una estructura como la UE. Excepto el grupo de los radicales euroescépticos, apenas una sexta parte de la Cámara de los Comunes, el resto de diputados comparte el temor a una salida a las bravas y están convencidos de que no sucederá. La historia está repleta de momentos como este: todos son responsables y por tanto nadie lo es. Estrategias partidistas, intereses ocultos, dobles intenciones, agendas fanáticas y rencillas personales se han mezclado para evitar que un país que fue modelo por su pragmatismo y espíritu de compromiso acabe dando un salto al abismo, si no surge un remedio de última hora.

Más información

Theresa May: La conservadora que surgió de las sombras

Las votaciones previstas

Theresa May se comprometió la semana pasada a llevar de nuevo, el martes día 12, su plan del Brexit al Parlamento. En la primera votación, a mediados de enero, fue rechazado estrepitosamente por 432 votos en contra frente a 202 a favor. Nada indica que en esta ocasión la primera ministra vaya a sacar adelante el acuerdo. Sus esperanzas en arañar nuevas concesiones a la UE en torno al backstop, la llamada salvaguarda irlandesa, se han visto defraudadas ante la firmeza mostrada por Bruselas. El mecanismo implica la permanencia del Reino Unido en la unión aduanera durante el periodo de transición de dos años que contempla el acuerdo firmado con las instituciones comunitarias, como modo de evitar la imposición de una "dura" entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte que pusiera en peligro la paz y estabilidad alcanzadas hace 20 años en el Acuerdo de Viernes Santo.

Algunos medios británicos sugieren que la primera ministra estaría dispuesta, por enésima vez, a retrasar la votación del martes. Sería una vía para ganar tiempo hasta el próximo Consejo Europeo, previsto para el 21 de marzo. Con un doble propósito: presionar a los negociadores comunitarios y situar al borde del abismo a los parlamentarios británicos. No deja de ser, sin embargo, una especulación más. El compromiso efectivo de May es que haya una nueva votación. Si su plan es rechazado, el Gobierno llevará al día siguiente a Westminster una moción en la que preguntará a la Cámara si está dispuesta a respaldar un Brexit sin acuerdo. Finalmente, si también esta moción es rechazada, los diputados votarán al día siguiente la posibilidad de ordenar al Gobierno que solicite una prórroga de la fecha de salida a Bruselas.

Las negociaciones

La última baza de May se llamaba Geoffrey Cox. El abogado general del Estado, un brillante jurista que en los últimos meses ha deslumbrado por su oratoria y solidez argumental, tenía el encargo de renegociar con Bruselas una salida al embrollo del backstop. Cox tuvo en su momento la firmeza de advertir al Consejo de Ministros de la trampa legal que suponía la salvaguarda irlandesa, que ataba a Reino Unido de modo indefinido con las instituciones comunitarias. Pero demostró la misma fortaleza, aunque de nada le sirvió, en rechazar la pretensión del Parlamento de que se hiciera público el informe jurídico manejado por el Ejecutivo en las negociaciones del Brexit. Por lealtad a la primera ministra, por su defensa del principio de confidencialidad abogado-cliente (el papel de Cox es fundamentalmente asesorar al Gobierno en materia legal) y porque estaba convencido de que preservaba de ese modo el interés general del Reino Unido.

En los últimos días, Cox, acompañado del ministro para la salida del Reino Unido, Stephen Barclay, ha negociado intensamente con Bruselas para dar con un mecanismo que ofreciera a los euroescépticos la certeza de que el Reino Unido podría salir en algún momento de la unión aduanera. Ha puesto sobre la mesa la posibilidad de una intermediación que pudiera ser activada por una de las partes en el caso de que las negociaciones sobre la futura relación de ambos bloques se prolongaran sine die, pero sus interlocutores comunitarios se han negado desde un principio a extraer el asunto de la jurisdicción de los tribunales europeos. A última hora, el comisario Michel Barnier ha ofrecido, sin dar muchas explicaciones, un mecanismo de salida. Consistiría en permitir al Reino Unido abandonar la unión aduanera a cambio de que Irlanda del Norte permaneciera en ella. Los británicos le han recordado que eso fue el punto de partida de las discusiones y que no supone ningún avance. La idea de establecer condiciones diferentes para el territorio británico de la isla vecina es tabú para los socios parlamentarios de May, los norirlandeses del DUP, y para la mayoría de conservadores, que lo contemplan como una ruptura del principio de integridad territorial del país.

Los euroescépticos

Dueños de la situación desde el primer minuto, este grupo de unos 80-100 diputados conservadores ha condicionado cada decisión y marcha atrás de May durante estos dos años. Liderados por el ultracatólico Jacob Rees-Mogg, que dirige el Grupo de Investigaciones Europeas (ERG, en sus siglas en inglés), han estirado y aflojado el hilo en cada momento decisivo de las negociaciones. Responsables últimos de la primera derrota del plan del Brexit de la primera ministra el pasado enero, fueron ellos quienes forzaron la moción de censura interna contra May —que resultó fallida pero minó su autoridad— y son ellos los que ahora maniobran para evitar cualquier compromiso y lograr su anhelado objetivo: un abandono a las bravas de la UE el próximo 29 de marzo. "Las consecuencias de una prórroga incierta supondrían una calamidad política para una población agotada y un enorme coste para aquellas empresas que se han preparado para una pronta salida. El daño a la confianza de la ciudadanía en la política y en la democracia sería incalculable. Para algunos, la democracia habría muerto", ha escrito este domingo en las páginas de The Sunday Telegraph Steve Baker, el ideólogo de los euroescépticos, conjuntamente con Niggel Dodds, el portavoz parlamentario del DUP.

Los laboristas

Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista, se comprometió finalmente a regañadientes a lo que le reclamaba desde hacía meses una mayoría de su partido. El grupo principal de la oposición respaldará, a través de una moción, la celebración de un segundo referéndum, si el plan de May fracasa de nuevo. Pero como ya es habitual, Corbyn, un antieuropeo por convicción y tradición histórica, juega a tres pistas. Una delegación laborista ha negociado con conservadores moderados la "opción noruega", que supondría impulsar un Brexit más suave que retuviera al Reino Unido dentro de la unión aduanera. Y una segunda delegación ha mantenido conversaciones con el ministro para la Salida de la UE, Stephen Barclay, para estudiar el último ejercicio de funambulismo: ofrecer el respaldo laborista al plan de May a cambio de que el texto sea sometido a referéndum inmediatamente después. Vistos los escasos apoyos de May entre los suyos, el diario The Times apunta en sus informaciones de este domingo que la primera ministra vería con buenos ojos una campaña en la que pudiera defender directamente ante los ciudadanos las bondades de su plan.