Los movimientos sociales inauguran el año de protestas contra Mauricio Macri

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Ha comenzado 2019 en Argentina. Ya lo había hecho por calendario, claro. Pero durante enero y buena parte de febrero, el país suele transitar sin sobresaltos el paréntesis que suponen las vacaciones de verano. Hasta que todo arranca a un mismo tiempo. La señal de largada ha sido este año una gigantesca demostración de fuerza de los movimientos sociales, que ocuparon el centro de Buenos Aires para exigir al gobierno de Mauricio Macri que declare la emergencia alimentaria, que obliga al Estado a aumentar los subsidios a los comedores comunitarios. La protesta ha sido la primera en un año electoral que ya se perfila cargado de conflictos. La economía da a Macri solo malas noticias y la presión que sube desde la calle marcará el pulso de la campaña por la presidencia.

Las columnas de las agrupaciones sociales avanzaron hacia el centro de la ciudad para confluir al pie del obelisco, en los cruces de la legendaria avenida Corrientes y la 9 de Julio, la arteria “más ancha del mundo”. Desde allí denunciaron lo que consideran “el peor año desde la crisis de 2001”, cuando la economía argentina saltó por los aires y le costó el cargo al presidente Fernando de la Rúa y a otros tres que le sucedieron. Aquella debacle cayó como un tornado sobre Argentina. Esta se vive a cuentagotas, con cifras negativas que se acumulan desde el año pasado y un Gobierno que ha recurrido al dinero del Fondo Monetario Internacional (FMI) para no entrar en cesación de pagos de la deuda externa.

“La pobreza no puede ser la principal herencia de este gobierno”, dijo Daniel Menéndez, coordinador de Barrios de Pie, una de las agrupaciones organizadoras de la jornada de protestas. “La gente está afectada por los resultados de la política económica, los comedores que tenemos están desbordados de chicos. La pobreza va a crecer y no tienen una propuesta ante esa situación. Pedimos la emergencia alimentaria, antes de las elecciones, para que no herede el problema el próximo gobierno”, agregó el dirigente.

Los movimientos sociales agrupan en Argentina a unos dos millones de trabajadores informales o desocupados que están fuera del sistema oficial de sindicatos. Nacieron durante los 90, como oposición a las políticas neoliberales de Carlos Menem (1989-1999) y la neutralidad negociada de los gremios tradicionales. Durante el kirchnerismo, los movimientos se convirtieron en administradores de los planes estatales de ayuda social. La llegada del macrismo los encontró en pie de guerra ante la posibilidad de perder esos beneficios. Su fuerza es la calle, como demostraron este miércoles, y su legitimidad ante la gente el trabajo que realizan en los barrios. Todos ellos están, además, en constante tensión con la CGT, la confederación que agrupa a los sindicatos peronistas y prefieren posiciones más dialoguistas. El poder los acusa de practicar la extorsión para conseguir prebendas, pero reconoce su capacidad para mantener la paz social en los distritos más golpeados por la crisis, sobre todo en el conurbano de Buenos Aires.

“Los cortes [de calles] generan un incordio para los que van a trabajar. Vamos a tener que ser responsables en este año tan político, para que no se usen estrategias que tienen más que ver con la política partidaria”, dijo la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, en la víspera de la manifestación. Es ella la cara del gobierno ante los movimientos sociales y la que tiene el grifo de la ayuda del Estado a los más pobres.

El último dato conocido de pobreza, en septiembre, rondó el 27%, cinco puntos menos que el registrado cuando promediaba el primer año de Macri, en 2016. En aquel entonces, el Presidente hablaba de la pesada “herencia recibida” del kirchnerismo, que ocultaba las cifras reales de la crisis. Puso entonces la vara de su éxito bien alta y pidió que se lo juzgase por el índice de pobreza que dejase al final de su mandato, a finales de este año. El martes, la ministra Stanley admitió que el índice de pobreza que dará el Gobierno en marzo “puede ser peor del que esperábamos”. Será clave para el Ejecutivo que, al menos, se mantenga por debajo de aquel 32% que tanta indignación causó hace tres años.

Las noticias para Macri no son buenas. El INDEC, la oficina estatal de estadísticas, determinó el martes que la capacidad ociosa de la industria alcanzó en diciembre el 43%, menos que en 2002, en medio de aquella crisis que pareció terminal. El dato es el último de una serie negativa. El PIB cayó un 2,6% en 2018, según las previsiones del FMI, y lo hará de nuevo en 2019, hasta 1,7%. El peso perdió la mitad de su valor desde enero del año pasado y la inflación, el mal endémico de la economía argentina, alcanzó el año pasado casi el 48%, el registro más alto en tres décadas. La respuesta del Gobierno ha sido un plan de ajuste muy duro, con tasas de interés cercanas al 50%, cero emisión de dinero y el compromiso ante el FMI de déficit fiscal primario cero (anterior al pago de los intereses de la deuda externa)

Macri irá por la reelección en octubre, según él mismo aseguró, y deberá lidiar con la crisis y la beligerancia de los movimientos sociales. Este miércoles, dijo que la inflación “está bajando” y prometió que “lentamente va a mejorar la economía”. “Hay mucha gente angustiada porque cuesta más llegar a fin de mes, porque nos hemos chocado con que Argentina vivía por arriba de sus posibilidades, con gobiernos que gastaban más de lo que tenían”, argumentó. Tiene ocho meses para demostrar que pude cumplir con su promesa.