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Argentina registra en 2018 una inflación del 47,6%, la más alta en 27 años

El Gobierno de Mauricio Macri prevé un aumento del IPC del 23% en 2019

El presidente argentino, Mauricio Macri, en una fotografía de archivo.
El presidente argentino, Mauricio Macri, en una fotografía de archivo.

Los precios en Argentina subieron el 2,6% en diciembre. Eso sitúa la inflación anual de 2018 en el 47,6%: es la más alta desde 1991 y arroja una gran sombra de duda sobre la capacidad del Gobierno para cumplir su objetivo de una inflación del 23% en 2019. Los precios son, ahora mismo, la variable más desbocada en el cuadro macroeconómico.

Mauricio Macri afirmó, durante la campaña electoral que le llevó a la presidencia a finales de 2015, que la inflación era la prueba de la incapacidad de los gobernantes de un país. Se refería a las alzas de precios que caracterizaron el final del mandato de Cristina Kirchner, maquilladas en la contabilidad nacional pero evidentes en la calle. Macri heredó una inflación algo superior al 20% anual. En 2016 no hubo datos oficiales por la llamada "emergencia estadística". En 2017 subió hasta el 24,8%. Y en 2018 estalló, acompañada de una crisis cambiaria respecto al dólar y de un déficit comercial que obligaron a pedir auxilio al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Argentina y Venezuela, un caso extremo, son los únicos países latinoamericanos con los precios fuera de control. Para Argentina se trata de un problema crónico desde 1945, cuando las mejoras sociales del peronismo se financiaron con la impresión de billetes. En las décadas siguientes, con ocasionales excepciones (como la paridad del peso con el dólar establecida por Carlos Menem, que provocó deflación y concluyó en un colapso económico), el déficit fiscal ha llevado a recurrir de forma habitual a los talleres de impresión del Banco Central. Los precios han ido casi continuamente hacia arriba, y el peso, hacia abajo.

¿Qué ha ocurrido en 2018? Primero, el gobierno de Macri suavizó su objetivo de inflación para el año, del 12% al 15%, en nombre de su política de "ajustes graduales". Eso fue considerado una mala señal por los inversores, que corrieron a cambiar pesos por dólares. Lo mismo hicieron muchos ciudadanos. La devaluación dio alas a la inflación. La deuda externa del Estado volvía a ser peligrosamente elevada (ahora se acerca al 80% del Producto Interior Bruto, el doble de cuando Macri asumió la presidencia), el déficit comercial era rampante y en mayo, con los mercados financieros internacionales cerrados ante las demandas de Argentina, no hubo más remedio que recurrir al FMI y aplicar un ajuste recesivo. En septiembre fue necesario conseguir del FMI un aumento del préstamo, de 50.000 a 57.000 millones, y una mayor presteza en las entregas.

A partir de ese momento, el banco central aplicó una política de intereses altísimos, de hasta el 70%, y emprendió una retirada de pesos del mercado, con el fin de frenar la crisis cambiaria. Ese objetivo, por el momento, parece conseguido: el dólar se mantiene en torno a los 37 pesos. La consecuencia ha sido la recesión. Se estima que en 2018 la economía se habrá contraído un 2,5% y, si todo va bien, en 2019 sufrirá una nueva contracción algo más leve, del 2%.

Ahora, la gran cuestión es si Mauricio Macri podrá mantener un ajuste tan duro en el año en que se juega la reelección. Los salarios han sufrido una pérdida de poder adquisitivo cercana al 10%, la más grave desde el colapso de 2002, y cabe suponer que los sindicatos presionarán todo lo posible para conseguir una subida de los sueldos pareja a la inflación. ¿Resistirá Macri la presión? El FMI le exige que lo haga. Un alza salarial generalizada mejoraría las condiciones de vida de los argentinos, un tercio de los cuales viven en la pobreza, pero probablemente provocaría un rebrote de la inflación, nuevas devaluaciones y un regreso al punto de inicio de la actual crisis.

El propio FMI y los analistas privados indican que, si Argentina cumple las condiciones impuestas con el préstamo de septiembre pasado, los ciudadanos tendrán que esperar hasta 2024 para recuperar los niveles de bienestar (medidos en consumo privado) de 2017. Es decir, que solo al final del mandato del próximo presidente, sea Macri u otro, se empezarían a experimentar los supuestos beneficios del actual ajuste.

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