Macri iza la bandera contra la inseguridad en el inicio del año electoral en Argentina

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Mauricio Macri buscará la reelección en octubre próximo y la economía argentina no ayuda. El que pasó fue el peor año de la última década y los esfuerzos oficiales para contener la inflación y la depreciación del peso con tasas de interés cercanas al 60%, las más altas del mundo, han hundido la actividad económica (la industria cayó 13,3% en el interanual de noviembre). Macri necesita garantizar al menos el voto de su núcleo duro y en el inicio de la campaña decidió enarbolar la bandera de la lucha contra la inseguridad, una apuesta segura al corazón de su votante más conservador. Desde el inicio del año, el Gobierno ha propuesto la compra de pistolas Taser para las fuerzas de seguridad, una bajada de la edad penal para delitos graves de 16 a 15 años y la expulsión exprés de los extranjeros con causas judiciales en el país.

Ninguna de las tres propuestas es nueva en Argentina. Macri ya intentó dotar de pistolas eléctricas Taser a la policía de Buenos Aires en 2010, cuando era alcalde, la reducción de la edad penal es un debate recurrente y un decreto presidencial que en 2017 endureció la política migratoria le valió a Argentina un problema bilateral con Bolivia. Nada salió como Macri esperaba. El asunto de las Taser terminó con una demanda de las organizaciones de Derechos Humanos ante la CIDH, los intentos por llevar a la cárcel a delincuentes cada vez más jóvenes quedaron, como tantas otras veces, en nada y el decreto migratorio está a la espera de que la Corte Suprema decida si es o no inconstitucional. La novedad, esta vez, no es que el Gobierno haya vuelto a la carga, sino que los tres temas dominan a la vez el debate público argentino.

La voz cantante de la nueva agenda oficial la tiene la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “El 20% de los detenidos son extranjeros”, dijo el lunes. Y confirmó enseguida que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley que acelerará las deportaciones de extranjeros que delinquen o que hayan ingresado ilegalmente al país. “Queremos que sea un trámite más expeditivo, más rápido porque tiene que ver con la seguridad de la gente”, explicó. La idea oficial es que un nuevo Fuero Migratorio se ocupe de identificar y expulsar a los delincuentes. “El objetivo es que todo aquel que venga al país lo haga para colaborar, y no para delinquir", dijo Bullrich a Radio Mitre.

La Procuración Penitenciaria de la Nación estableció que el sistema carcelario argentino aloja a un 6% de extranjeros. Pero la cifra asciende a 20% cuando se trata de cárceles federales, donde se purgan delitos relacionados con el narcotráfico. “Esta sobrerrepresentación se debe a que gran parte de los extranjeros presos, al igual que las mujeres, se encuentran detenidos por infracción a la ley de drogas 23,737”, explica la Procuración en su último informe de situación, elaborado con datos de 2017. La cifra del año pasado no es especialmente extraordinaria: desde 2006, los índices fluctúan entre el 19% y el 22%. Casi el 90% de los detenidos es hombre.

El plan contra la inseguridad no se limita a poner el ojo sobre los extranjeros. Bullrich confirmó que está aprobada la compra de 300 pistolas Taser, pese al rechazo que produce su uso en distintas organizaciones de Derechos Humanos, que consideran que pueden ser utilizadas como elementos de tortura porque, entre otras características, no dejan marcas en la víctima. “El objetivo es generar un daño menor que un arma de fuego en lugares de aglomeración de gente. ¿Qué prefiere el que critica, que el policía tenga un arma de fuego como única capacidad de defensa o prefieren un arma sin capacidad letal?”, se preguntó Bullrich. Entre los críticos estuvo el defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Fucks, quien consideró “un despropósito” la compra de pistolas Taser porque forman parte de “prácticas policiales contrarias a los acuerdos internacionales”, como la tortura de detenidos.

La bajada de la edad penal de 16 a 15 años completa el tridente de la campaña. El proyecto oficial, que será enviado al Congreso en febrero, es en realidad un nuevo Régimen Penal Juvenil que prevé, según explicó Bullrich, "que un menor que comete un delito entre en un régimen de resarcimiento, de entendimiento de la conducta gravosa que le generó a la sociedad y a su familia". Solo el 7% de los delitos en Argentina son cometidos por menores de 16 años, pero el tema de la edad penal se reactiva en Argentina según las necesidades políticas del impulsor. La oposición parlamentaria ya adelantó que se opondrá al proyecto oficial. Las críticas van desde que es una “cortina de humo” para tapar los problemas económicos a un simple recurso de campaña electoral. En cualquier caso, el Gobierno sabe que el tema de la inseguridad alimenta las pasiones.